Extremadura eleva en 20 plazas su capacidad en el nuevo reparto estatal de menores migrantes, hasta 364

Extremadura ha visto incrementada en 20 plazas su capacidad ordinaria dentro del sistema estatal de acogida de menores migrantes no acompañados. El nuevo borrador de real decreto del Ministerio de Juventud e Infancia ha situado a la comunidad en 364 plazas, frente a las 344 fijadas en 2025, dentro de una actualización que ha elevado de 16.016 a 17.081 el total previsto para el conjunto de las comunidades autónomas.

La cifra se ha conocido apenas un día después de que Extremadura se sumara al plantón de las comunidades gobernadas por el PP en la Conferencia Sectorial de Infancia, que no ha podido celebrarse por falta de quórum. La consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, había justificado la ausencia extremeña al considerar que la convocatoria se había realizado "de manera arbitraria" y con incumplimiento del reglamento.

El documento al que ha tenido acceso Europa Press actualiza la capacidad ordinaria de los sistemas de protección de menores extranjeros no acompañados de cada territorio y, según ha avanzado la ministra Sira Rego, será elevado "de manera inminente" al Consejo de Ministros.

Extremadura pasa de 344 a 364 plazas

La principal consecuencia para Extremadura de esta revisión ha sido el paso de 344 a 364 plazas, un aumento moderado en términos absolutos pero relevante en la comparativa con el reparto aprobado el año pasado.

En 2025, el Gobierno fijó la capacidad ordinaria total en España en 16.016 plazas. De ellas, 344 correspondían a Extremadura. La nueva actualización ha elevado ese umbral estatal en 1.065 plazas y ha asignado a la región 20 más.

En la nueva distribución, las comunidades con mayor capacidad ordinaria han sido Andalucía (3.009 plazas), Cataluña (2.829) y la Comunidad de Madrid (2.471). Tras ellas han aparecido la Comunidad Valenciana (1.903), Galicia (940) y Castilla y León (833).

Por detrás se han situado Canarias (783), Euskadi (776) y Castilla-La Mancha (742). En el grupo de territorios con menor volumen han figurado Extremadura (364), Navarra (237), Cantabria (206) y La Rioja (114), mientras que Ceuta (29) y Melilla (30) han vuelto a cerrar la clasificación.

El cálculo del reparto

El borrador ha explicado que estas cifras se han calculado a partir de la población total de cada comunidad y ciudad autónoma a 31 de diciembre de 2025, en relación con la población total de España y con el número máximo de menores extranjeros no acompañados atendidos por el conjunto del sistema de protección.

Además, el texto ha establecido que las declaraciones de contingencia migratoria ya vigentes seguirán aplicándose mientras los sistemas autonómicos continúen excediendo tres veces su capacidad ordinaria.

La ministra había defendido ya este martes que la actualización mantiene el mismo procedimiento utilizado en 2025 y que la principal novedad reside en el ajuste del número de plazas asignadas a cada territorio. Rego había sostenido que el sistema ha permitido tramitar unos 1.700 expedientes sin incidencias y mejorar el equilibrio en comunidades especialmente tensionadas como Canarias, Ceuta y Melilla.

El contexto político tras el plantón a la sectorial

La publicación de las nuevas cifras ha llegado en un clima de fuerte confrontación política. Este miércoles estaba prevista la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia, en la que el ministerio iba a trasladar a las comunidades la actualización de plazas, además de otros asuntos relacionados con protección a la infancia.

Sin embargo, la reunión no ha podido celebrarse por falta de quórum después de que las autonomías gobernadas por el PP no acudieran, con la excepción de Ceuta y Canarias. De manera presencial solo habían asistido Canarias y Castilla-La Mancha, mientras que por vía telemática se habían conectado Euskadi, Asturias, Navarra, Cataluña y Ceuta.

Las comunidades del PP ausentes han justificado su decisión alegando "irregularidades" en la convocatoria, al incluirse en el orden del día un punto que, según su versión, ya había sido rechazado previamente por mayoría en el seno del órgano.

En el caso extremeño, Sara García Espada había explicado el martes en Badajoz que la región se había sumado a la impugnación "no por los temas a tratar", sino porque la ministra "ha roto el reglamento una vez más y no lo ha cumplido". También había afirmado que el orden del día debía haberse decidido en una reunión previa que, según denunció, no se había celebrado.

"Cuando la ministra cumpla el reglamento y convoque tal y como marca el reglamento, Extremadura acudirá", había señalado la consejera, que insistió en que la comunidad había pedido la suspensión de la conferencia "hace días" sin recibir respuesta.

Rego mantiene el decreto y carga contra el PP

Frente a esa posición, Sira Rego ha mantenido que la actualización seguirá adelante pese al fracaso de la reunión y ha elevado el tono político contra los consejeros del PP. La ministra ha calificado lo ocurrido de "absolutamente lamentable" y ha acusado a ese partido de "racistas" y de "boicotear" políticas fundamentales para la protección de la infancia.

También ha sostenido que, tras este bloqueo, las comunidades "se dan por informadas" y que el real decreto continuará su tramitación durante un año más, tal y como contempla la reforma del artículo 35 aprobada el año pasado.