Unidas por Extremadura estudia recurrir al Tribunal Constitucional el decreto que suaviza el bloqueo del gobierno en funciones

Unidas por Extremadura estudia recurrir al Tribunal Constitucional el decreto ley que suaviza el bloqueo del gobierno en funciones, que el pleno de la Asamblea ha ratificado este jueves con los votos favorables del PP y Vox. El PSOE se ha abstenido y ha pedido sin éxito su tramitación como proyecto de ley para aportar "garantías" por la vía de enmiendas parciales, mientras que la formación morada se ha ausentado del hemiciclo durante la votación para no ser partícipe de ese "engendro antidemocrático".

"Creemos que hay un conflicto de competencias, ya que un gobierno en funciones no se puede habilitar unas funciones que un gobierno legítimo le ha quitado", ha explicado después en los pasillos de la Cámara la portavoz de Unidas, Irene de Miguel. A su juicio, lo que han hecho el PP y Vox es vaciar las funciones de la Asamblea mientras mantienen paralizada la región "por puro capricho y tacticismo político". "Una barbaridad política que no puede quedar impune", ha dicho.

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"Será tumbado por el Constitucional por su clara ilegalidad", ha vaticinado tras recordar que la doctrina de este tribunal dice que la urgencia que habilita un decreto ley debe derivar de circunstancias difíciles de prever, "no de las decisiones previas del propio gobierno", en este caso el adelanto electoral.

Oposiciones docentes

Según De Miguel, el objetivo de este decreto-ley no es resolver una urgencia concreta, "es ampliar el poder del gobierno en funciones de manera indefinida", algo que considera, "además de ilegal, indecente". Todo ello tratando la cooperación internacional como "chivo expiatorio", ya que es el único área que ha quedado vetada de la concesión de ayudas directas. "No hay ningún argumento jurídico que avale eso, es solo fanatismo ideológico de ultraderecha. Una auténtica vergüenza", ha señalado.

"Se quieren apoyar en este decreto de dudosa legalidad presumiblemente inconstitucional, para sacar adelante la convocatoria de oposiciones de Primaria, pero este decreto hace que cualquier decisión que tomen a través de él puede ser impugnada y finalmente revocada por un tribunal, lo que puede derivar en que miles de opositores se presenten con la certeza de la inseguridad jurídica que está rodeando este proceso", ha advertido De Miguel. "No cabe más irresponsabilidad en este gobierno", ha añadido.

Abstención del PSOE

El PSOE, por su parte, se ha abstenido en la votación, aunque no ha conseguido que el decreto sea tramitado como proyecto de ley para incluir enmiendas parciales debido al rechazo de PP y Vox a abrir esta vía. El presidente del Grupo Socialista, José María Vergeles, ha acusado al Ejecutivo en funciones de "abuso" por pretender otorgarse "más poder" intentando, en su opinión, desmantelar los controles que garantizar una transición limpia y neutral entre gobiernos.

Ha señalado que este decreto se ha impulsado porque, de lo contrario, la Junta no habría podido convocar las oposiciones a maestro, y ha advertido de puede ser recurrido por los aspirantes por "inseguridad jurídica". No obstante, ha justificado que su grupo no iba a impedir su convalidación, pero sí a solicitar su tramitación como proyecto de ley para que goce de "todas las garantías", lo que ha intentado sin éxito.

Respuesta al contexto

La defensa de la iniciativa ha contado con la intervención del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, que ha explicado que la reforma legal busca dotar a la región de una norma ajustada a la necesidad del momento, en el que se ha alargado varios meses la situación en funciones del gobierno regional.

Así, ha insistido en que no responde a ninguna "estrategia política", sino a una necesidad "urgente, real y muy clara" de garantizar que la administración autonómica siga funcionando durante el periodo de transición entre gobiernos, que en esta ocasión además ha coincidido con el el inicio de año y la apertura del ejercicio contable.

Bautista ha explicado que la anterior ley contenía prohibiciones "tan extensas" que llegaban a hacer "inviable el ejercicio de funciones meramente ordinarias" para cualquier administración.

"Se podrán discutir los motivos que nos han llevado a esta situación. Se podrá criticar la falta de un nuevo Gobierno y se podrá afirmar que si hubiera Gobierno no haría falta este decreto ley. También nos gustaría a nosotros que así fuera, pero la realidad no es la que uno quiere que sea, la realidad es la que uno tiene la obligación de abordar", ha concluido.