Sebastián González: «No podemos atender necesidades permanentes con subvenciones temporales»

¿Cómo afronta este nuevo cargo al frente de la plataforma?

Lo afronto con mucha ilusión, emoción y, sobre todo, con un gran sentido de la responsabilidad. La Plataforma del Tercer Sector representa a muchas entidades que trabajan por las personas más vulnerables de Extremadura, por quienes están en riesgo de exclusión o atraviesan situaciones muy difíciles. Somos una herramienta al servicio de quienes peor lo pasan y eso implica una enorme responsabilidad. Hay mucho trabajo por hacer y muchas personas que sufren cada día, así que quienes tenemos una cierta representatividad debemos contribuir a mejorar su situación.

¿Cuáles son los principales retos que se marca?

Uno de los grandes retos es reforzar la interlocución con las administraciones públicas. Nuestra labor pasa por mediar para que los derechos sociales sean cada vez mejores y lleguen más lejos. Las entidades del tercer sector estamos a pie de calle, conocemos las necesidades reales y sabemos dónde están los problemas. Por eso es fundamental mantener una interlocución fluida con ayuntamientos, diputaciones, Junta de Extremadura y resto de administraciones, porque son quienes tienen capacidad para cambiar las cosas. Nosotros podemos acercarles esa realidad para que legislen y actúen con mayor conocimiento.

En el ámbito normativo, en Extremadura está la ley de conciertos sociales, mientras sigue pendiente la ley estatal de servicios sociales. ¿Qué reivindicaciones plantea el tercer sector?

Aunque existe una ley de conciertos sociales, la realidad es que buena parte de las entidades del tercer sector sigue financiándose a través de subvenciones. Y ese es uno de los grandes problemas. Hablamos de convocatorias que muchas veces obligan a adelantar dinero para atender necesidades que son permanentes, no temporales. Las personas vulnerables no dejan de necesitar apoyo el 31 de diciembre. Sin embargo, los proyectos empiezan y terminan en función de los plazos administrativos, y eso genera una enorme inestabilidad. Hay que sentarse con las administraciones y revisar este modelo, porque la vida de las personas no puede depender de cuándo llegue una subvención.

¿Ha cambiado el perfil de las personas que acuden a las entidades sociales?

El perfil general sigue siendo el mismo: personas con necesidades. Lo que sí ha cambiado es quiénes padecen esas necesidades. Hoy nos encontramos con una realidad que antes era mucho menos frecuente: la de los trabajadores pobres. Antes se decía que quien tenía un trabajo tenía un tesoro. Ahora, en muchos casos, tener trabajo no evita seguir siendo pobre. Hay personas con empleo que no llegan a fin de mes, que no pueden afrontar el coste de la vivienda o de los suministros básicos. Esa es una realidad social que ha cambiado mucho.

Extremadura sigue figurando entre las comunidades con mayores tasas de pobreza. ¿Qué diagnóstico hace de la situación?

Es cierto que algunos indicadores han mejorado y eso hay que reconocerlo, pero no podemos conformarnos. Bajar algunos puntos en pobreza o exclusión está bien, pero mientras siga habiendo miles de personas en esa situación no podemos sentirnos satisfechos. Yo no me conformo con pequeños avances; quiero que las cosas cambien de verdad. Estoy convencido de que las administraciones quieren mejorar la vida de la ciudadanía, pero para lograrlo hace falta más diálogo con el tercer sector y más ambición en la lucha contra la pobreza.

¿Cree que las políticas sociales que se aplican responden a las necesidades reales del territorio?

A veces sí son útiles, pero en muchos casos no están llegando como deberían. Un ejemplo muy claro es el ingreso mínimo vital. Es una herramienta importante, pero hay personas que podrían beneficiarse de ella y ni siquiera la solicitan. ¿Por qué? Porque hay barreras tecnológicas, falta de información o una tramitación demasiado compleja. Puede que la intención de la medida sea buena, pero si quienes la necesitan no consiguen acceder a ella, entonces algo falla. Ahí el papel del tercer sector es fundamental, porque ofrecemos una visión muy pegada al terreno y a la realidad cotidiana.

¿Qué impacto tiene la despoblación en la acción social del tercer sector en Extremadura?

Tiene muchísimo impacto. Extremadura es una región muy dispersa, con pocos habitantes y muchos municipios pequeños. Eso dificulta la llegada de servicios especializados, y no solo en el ámbito social. Igual que cuesta cubrir determinadas necesidades en sanidad, también es complejo atender de forma adecuada a personas vulnerables en pueblos muy pequeños. Hay que repensar los servicios sociales desde la cercanía, desde el entorno de la persona, y adaptarlos mejor a una comunidad como la nuestra. Muchas entidades ya están trabajando en esa línea, pero las administraciones deben acompasar sus estructuras a esa nueva realidad.

Acaba de arrancar la campaña de la renta. ¿Qué mensaje lanza a la ciudadanía sobre la X solidaria?

El mensaje es muy claro: marcar la casilla de fines sociales no cuesta nada y ayuda muchísimo. Todavía hay gente que no sabe que al marcar esa X no le quitan dinero ni paga más, simplemente decide a qué se destina una parte de sus impuestos. Es una herramienta muy sencilla que permite apoyar a muchas ONG que trabajan con personas en riesgo de exclusión, pobreza, discapacidad, mujeres vulnerables y muchos otros colectivos. Quien tenga esa voluntad solidaria, que la marque.

¿Cómo valora la solidaridad de los extremeños?

Muy positivamente. De hecho, en la última campaña de la X solidaria, Extremadura estuvo por encima de la media nacional. Es verdad que somos una comunidad autónoma con menos contribuyentes y menor capacidad recaudatoria, pero precisamente por eso también tiene mucho valor la solidaridad, tanto la que se ejerce aquí como la solidaridad interterritorial.