Arranca la regularización extraordinaria de migrantes: Extremadura prevé 3.000 beneficiados

El proceso extraordinario de regularización de personas migrantes ya tiene calendario y canales de acceso en Extremadura. El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el real decreto que activará esta vía excepcional y que permitirá presentar solicitudes hasta el 30 de junio de 2026, primero por internet y después también de forma presencial. En la región, la previsión que maneja la Fundación Ciudadanía Global, impulsora de la iniciativa legislativa popular que dio pie a esta medida, apunta a que la regularización podría alcanzar a unas 3.000 personas.

La tramitación telemática comenzará el jueves 16 de abril, jornada en la que también se abrirá la petición de cita previa para quienes opten por acudir a una oficina. La atención presencial arrancará el 20 de abril. En Extremadura, ese despliegue se apoyará en las oficinas de la Seguridad Social y en las sucursales de Correos de las capitales y de los municipios de más de 50.000 habitantes, una red con la que el Ejecutivo busca facilitar el acceso al procedimiento.

Un calendario ya cerrado

El diseño del proceso deja una hoja de ruta ya establecida. El 15 de abril está prevista la publicación del procedimiento en el BOE y, un día después, se activará la presentación telemática de solicitudes, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el plazo. La vía presencial quedará reservada a quienes obtengan cita previa y empezará a funcionar cuatro días más tarde.

Junto a la solicitud directa por internet para quienes tengan certificado electrónico y NIE, el Gobierno ha abierto otras fórmulas de presentación. También podrán tramitarla personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos, profesionales habilitados como abogados, graduados sociales o gestores administrativos, y entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería, que podrán prestar asistencia gratuita.

Qué se exigirá para acceder

El decreto fija como condición general acreditar que la persona ya se encontraba en España antes del 1 de enero de 2026 y que ha mantenido una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud. A eso se suma la exigencia de no tener antecedentes penales. La ministra y portavoz del área, Elma Saiz, ha resumido ese filtro al señalar que será necesario "carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos".

En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con haber presentado esa petición antes del 1 de enero de 2026 y poder acreditarlo. La documentación deberá incluir, entre otros elementos, el modelo oficial de solicitud, una copia completa del pasaporte o documento válido, pruebas de estancia previa en España y certificados de antecedentes penales en España, en el país de origen y en los países en los que se haya residido durante los cinco años anteriores a la entrada en territorio español.

Seguridad Social y Correos, la puerta presencial en Extremadura

La vía presencial será obligatoriamente con cita previa. En Extremadura, el grueso de la atención se canalizará a través de dos redes. Por un lado, las oficinas de la Seguridad Social, con atención de 16.00 a 19.00 horas y al menos una sede habilitada por provincia. Por otro, las oficinas de Correos situadas en capitales de provincia y en municipios de más de 50.000 habitantes, con horario ininterrumpido de 08.30 a 17.30 horas.

A diferencia de otras zonas del país, la comunidad no figura entre las provincias en las que se prestará este servicio en las Oficinas de Extranjería, ya que esa atención específica se concentrará en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, también en horario de tarde.

La cita podrá pedirse desde el 16 de abril a través del portal habilitado por el Ministerio mediante identificación Cl@ve y también por teléfono, a través del 060. Ese número servirá igualmente para resolver dudas sobre el procedimiento, con atención de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.

Proceso con impacto en la región

La dimensión regional de la medida no es menor. Según las estimaciones de la Fundación Ciudadanía Global, en Extremadura residen unas 69.500 personas nacidas en el extranjero y alrededor de 5.000 estarían en situación irregular. La entidad calcula que podrían presentarse unas 4.500 solicitudes en la comunidad y que finalmente se materializarían en torno a 3.000 regularizaciones.

Aunque Extremadura aparece entre las autonomías con menor volumen previsto, el dato dibuja un alcance relevante para una región con problemas estructurales de población y de relevo laboral en algunos sectores. A escala estatal, las previsiones hablan de 751.200 solicitudes y de unas 503.000 regularizaciones.

El campo lo aprueba

La apertura del proceso ha sido recibida con buenos ojos por el sector agrario, que lleva tiempo alertando de la falta de mano de obra en campañas clave. No es un asunto menor: los trabajadores extranjeros representan ya el 37% de los afiliados al sistema agrario en España.

En Extremadura, el Sistema Especial Agrario suma 3.881 afiliados extranjeros, de los que 2.113 corresponden a la provincia de Badajoz y 1.768 a la de Cáceres. Del total regional, 1.796 son comunitarios y 2.085 proceden de fuera de la Unión Europea. Organizaciones agrarias y sindicatos han coincidido en que la regularización puede ayudar a aliviar tensiones en las campañas, reducir economía sumergida y dar estabilidad contractual a personas que ya trabajan en el campo sin papeles.

Un permiso inicial de un año

El procedimiento dará acceso a una autorización de residencia y trabajo en España con vigencia inicial de un año. Esa habilitación permitirá trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector, aunque no autorizará a establecerse ni a trabajar en otros países de la Unión Europea. Además, una vez iniciado el procedimiento, la administración asignará de oficio un Número de la Seguridad Social y una resolución que reconoce el derecho a asistencia sanitaria.

Tras una resolución favorable, la persona beneficiaria deberá tramitar en el plazo de un mes la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) ante la Policía Nacional. El proceso, en cualquier caso, no está pensado para personas con autorización en vigor o en renovación, ni para quienes ya cuentan con vías específicas como los desplazados por la guerra de Ucrania o las personas apátridas.