La regularización de migrantes arranca en Extremadura: "Trabajo en negro; como dicen aquí, por ratitos"

Este lunes ha comenzado el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes en Extremadura, a raíz del decreto aprobado por el Gobierno, que abre la puerta a que unas 500.000 personas que actualmente residen en el país en situación irregular puedan obtener permisos de residencia y trabajo. La tramitación presencial en la comunidad, que puede realizarse en seis oficinas habilitadas, ha recibido esta mañana sus primeras visitas.

Tras registrarse en las primeras 24 horas 19.633 citas previas para la atención presencial en toda España y 13.500 solicitudes telemáticas, se ha puesto en marcha un dispositivo estatal de más de 400 oficinas para empezar los trámites.

En la oficina de Correos de la avenida de España, en Cáceres, Amanda González espera su turno con la documentación organizada junto a dos de sus tres hijos para formalizar su situación en Extremadura. Cuenta que salió de Colombia por "la seguridad de su familia" y que el proceso ha sido complicado, sobre todo en lo relativo al permiso de trabajo. "Siempre se demora mucho porque somos solicitantes de asilo. Primero nos dan una carta blanca y después esperamos otros seis meses para que nos den la tarjeta roja", explica.

Un calendario burocrático

En su relato, el itinerario burocrático aparece casi como un calendario aprendido. González recuerda que llegó a España en septiembre de 2022 y que fue en diciembre cuando obtuvo la cita con la Policía, momento en el que recibió el resguardo de solicitud de protección internacional, el documento que acredita que una persona ha pedido asilo y que su expediente está en tramitación.

Después llegó la llamada tarjeta roja, el documento que identifica a la persona solicitante de asilo mientras se resuelve su expediente, un proceso que puede prolongarse durante meses e incluso años. Esa primera tarjeta no autoriza a trabajar, aunque sí asigna un NIE. Si transcurren seis meses sin resolución, se renueva con la autorización laboral expresa.

En el caso de González y sus tres hijos, el permiso de trabajo no llegó hasta junio. Durante esos nueve meses de espera, la familia pasó primero por una ONG y después por la economía sumergida. "Al comienzo estuvimos cuatro meses y después, cuando se cumplió el tiempo, a buscarnos la vida en negro", relata. En una casa de cinco personas, explica, entre todos conseguían reunir lo que iban cobrando para afrontar el alquiler y los gastos diarios. "Después, ya obteniendo el permiso de trabajo, empezamos a trabajar todos, gracias a Dios", añade.

Una nueva vía

Hasta hace muy poco, una persona solicitante de asilo no podía acceder a la regularización por arraigo mientras mantuviera esa condición. Con esta vía extraordinaria, en cambio, los solicitantes de protección internacional cuya solicitud o recurso siga sin resolverse pueden acogerse al proceso, siempre que cumplan los requisitos.

Por eso, González ve ahora una oportunidad que antes no tenía. "En la pasada no pudimos presentar la documentación porque no entrábamos los solicitantes de asilo. En esta sí podemos", afirma. Para ella, el cambio no es menor: se trata de consolidar administrativamente una situación que, de hecho, ya existe en la práctica. Ya trabaja, tiene vida laboral y ha conseguido reunir la documentación necesaria.

Entre los documentos exigidos figuran la solicitud, la acreditación del tiempo de estancia en España y el certificado de antecedentes penales. Para demostrar esa permanencia podrán presentarse documentos como el padrón, informes médicos, contratos de alquiler, recibos de suministros o certificados de envío de dinero. En algunos supuestos también podrá exigirse un informe de vulnerabilidad emitido por una entidad colaboradora acreditada.

La medida está dirigida a personas migrantes que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y a solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes de esa fecha. Entre las condiciones generales figura haber permanecido cinco meses de forma continuada en el país en el momento de la solicitud.

"Trabajo en negro, por ratitos"

A pocos metros, Fabricio Martínez, de Ciudad de México, no ha acudido aún a formalizar la solicitud, sino a pedir información e intentar conseguir cita para la próxima semana. Tiene el pasaporte en vigor, el empadronamiento y está a la espera de recibir el certificado de antecedentes penales, precisamente el trámite que, según González, más se demoró en su caso.

"Trabajo en negro, como dicen aquí, por ratitos", explica. Enumera encargos dispersos, como cuidado de casas, de perros y apoyos puntuales en un bar. Son actividades que le permiten salir adelante mientras dura el proceso, pero que no le ofrecen estabilidad. El problema para encontrar un empleo, dice sin rodeos, son "los papeles".

Fabricio vive en Cáceres y asegura que le gustaría encontrar "algo estable, sólido" para no vivir con inquietud. En su caso, la llegada a España se cruza con la búsqueda de un familiar. Vino movido por el rastro de su abuelo español, nacido en San Sebastián, y por la posibilidad de reconstruir un vínculo con esa parte de su historia.

De México a Cáceres por oportunidad

Al final no encontró respuesta a esa búsqueda y acabó en Extremadura por "oportunidad". Cuenta que, como creyente, buscaba una comunidad religiosa en la que integrarse y que encontró en la capital cacereña un entorno donde asentarse. Primero vivió con su sobrina, también mexicana, y con su familia, aunque ahora reside solo.

"No quisiera volver", señala. Prefiere no profundizar en la situación de México, pero sí deja clara una idea: quiere hacer su vida en España.

"Ser migrante no es ser delincuente"

Por su parte, la Asociación Migrante Obrera de Extremadura, encargada de orientar a todas aquellas personas que se encuentran en situación irregular en la región, afirma que están recibiendo alrededor de 100 o 200 personas diarias.

"Es una locura", reconoce su presidente, Alejandro Peña, que describe el momento como un punto de inflexión: "Lo vemos con la mayor esperanza de tener una documentación, de estar regular en España y poder tener un trabajo en condiciones".

Peña estima además que en la comunidad unos 3.000 migrantes podrían beneficiarse de este proceso de regularización. Sin embargo, esta vía extraordinaria ha desatado también la polémica, tanto a nivel institucional como social. Peña recalca que "ser migrante no es ser delincuente, es querer un futuro mejor".

Primeras tensiones

El inicio del proceso también ha generado ya tensión en los servicios sociales municipales. El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha alertado de la saturación en los servicios sociales municipales tras la puesta en marcha de la regularización impulsada por el Gobierno central. Según ha señalado, en el primer día del procedimiento ya se ha producido "cierto colapso", con más de cien personas esperando para obtener certificados de vulnerabilidad, un documento que puede resultar necesario en algunos expedientes.

"Yo no digo que no haya que emitir los certificados", ha aclarado, cirticando que una medida estatal vuelva a descargar sobre los ayuntamientos. Además, ha advertido de que el consistorio no puede reforzar de inmediato la plantilla. "No podemos contratar gente de la noche a la mañana, yo no tengo más personal".

"Estamos dejando de atender competencias propias por un proceso estatal", ha indicado, aludiendo a la preocupación de que con la emisión de certificados, están dejando de prestar servicios propios "a nuestros vecinos y a nuestros ciudadanos".

En Badajoz

En la sede principal de Correos de la capital pacense, ubicada en el paseo de San Francisco, han sido varias las personas que, en horario de mañana, han acudido para solicitar la información necesaria con el fin de tramitar la solicitud de regularización. Entre quienes han acudido en este primer día está Carlos Caballero, brasileño de 30 años, que lleva tres años en España junto a su pareja y sus dos hijas.

Su relato resume el sentir general: "Es una gran oportunidad para tener un contrato de trabajo y poder estar aquí legalmente". Aunque han logrado salir adelante con empleos informales, cuidando a personas mayores, insiste en la necesidad de estabilidad. Hasta la fecha, al no contar con un contrato legal, tampoco han podido aportar impuestos: "Nuestra intención es contribuir".

Otro testimonio es el de Alexander Bécquer, que llegó hace un año por motivos familiares. "Vine por una situación de fuerza mayor de mis hijos, que habían venido hace 8 años con su mamá. Ella enfermó lamentablemente de un cáncer y tengo un hijo con deficiencia visual", relata. Estas circunstancias hicieron que Bécquer se hiciera cargo de ellos.

La apertura de este proceso llega para él con mucha alegría: "Me siento muy afortunado de que se haya abierto porque me da la posibilidad de poder establecerme aquí y ayudarlos de la mejor manera". A lo largo de este tiempo, su trayectoria ha sido sinónimo de adaptación forzada: "He trabajado de cosas, para mí, inimaginables: reparación de tejados, agricultura o apicultura", enumera.

Integrar lo que ya existe

La regularización extraordinaria ha sido presentada por el Ejecutivo como una vía para ordenar situaciones ya existentes y facilitar el acceso a permisos de residencia y trabajo. En Extremadura, aunque el fenómeno migratorio no alcanza el volumen de otros territorios, la medida servirá para integrar formalmente en el sistema productivo a personas que ya forman parte de la sociedad extremeña, pero que aún carecen de un marco legal para ejercer con normalidad sus derechos básicos.

El texto de la reforma justifica este cambio normativo por razones demográficas y de sostenibilidad del bienestar. España se enfrenta a un envejecimiento acelerado y a un crecimiento vegetativo negativo que compromete la disponibilidad de trabajadores en el futuro. En ese contexto, el nuevo reglamento subraya que la incorporación de personas en edad de trabajar resulta clave para equilibrar la relación entre cotizantes y pensionistas.

De hecho, Extremadura inició 2026 con 1.055.197 habitantes, un crecimiento sostenido por la llegada de población extranjera, ya que el número de residentes con nacionalidad española volvió a descender. Mientras la población española bajó en 443 personas en el trimestre, la extranjera creció en 1.013 residentes, hasta alcanzar las 51.370 personas. Sin esa aportación exterior, el saldo demográfico extremeño habría sido negativo.

Más población extranjera, más peso en el empleo

El peso creciente de la población extranjera también se ha reflejado en el mercado laboral extremeño. La comunidad sumó 2.474 afiliados extranjeros en enero respecto al mismo mes de 2025, lo que supone un incremento del 14,22 %, uno de los mayores aumentos del país, solo por detrás de Asturias y Galicia.

Del total de afiliados extranjeros en la región, 6.911 proceden de países de la Unión Europea y 12.957 de terceros países. Por sexo, 11.233 son hombres y 8.634 mujeres. Además, 3.274 están inscritos en el régimen de autónomos y 16.593 en el régimen general, de los que 11.537 corresponden al general, 4.005 al agrario y 1.051 al del hogar.