La Junta de Extremadura interpretará la prioridad nacional desde "el máximo respeto a la Constitución"

La Junta de Extremadura interpretará el pacto con Vox y el principio de prioridad nacional "desde el máximo respeto a la Constitución". "Aquí no se va a priorizar a nadie, sino a valorar la vinculación territorial y el arraigo", ha reiterado la portavoz del Ejecutivo en funciones, Elena Manzano, que invita a los ciudadanos y el resto de presidentes autonómicos a interpretar el acuerdo "bajo los principios de legalidad, igualdad y justicia".

Es, sin duda, la cuestión más polémica del pacto de gobierno suscrito en Extremadura. Bajo la premisa de "prioridad nacional", el documento suscrito por el PP y Vox en introduce cambios relevantes en los sistemas de acceso a la vivienda pública y las prestaciones sociales, un área que controlará directamente la formación de Santiago Abascal a través de la vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales asignada a Óscar Fernández.

El objetivo, según los populares, es "que la gente se quede en Extremadura", pero el diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo es más ilustrativo: "Los extremeños y los españoles primero", aseguró este pasado lunes tras surgir los primeros matices entre ambas formaciones.

Empadronamiento previo

El concepto se recoge en los puntos 6 y 7 del acuerdo, referidos a Vivienda y "Seguridad, Libertad y Prioridad Nacional", respectivamente. Para acceder al sistema de protección social o una vivienda de la Junta de Extremadura se exigirá un periodo prolongado de empadronamiento previo en la región (en el caso de la vivienda, cinco años para alquiler social y 10 para compra) y la existencia de requisitos económicos, sociales, familiares, laborales o formativos que evidencen "la relación efectiva y afectiva" del solicitante con el territorio.

A ellos se añadirán la ausencia de antecedentes penales, la trayectoria de cotización y la vida laboral o la existencia de familiares de primer grado ya residiendo en Extremadura. Todo con el objetivo de "procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en el territorio, permitir el retorno de miles de extremeños forzados a emigrar por falta de oportunidades y evitar situaciones de excesiva rotación del parque de vivienda", se indica en el documento.

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Ley de extranjería

En todos los casos se añade que este principio de "prioridad nacional" será "adecuado a la legalidad vigente" y se recoge que, "de forma paralela, se instará la modificación de la ley de extranjería y cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior". En su artículo 14, esta norma establece que los extranjeros residentes en España tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto generales y básicas como específicas, "en las mismas condiciones que los españoles".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Manzano ha reiterado este martes que al incluir el concepto de prioridad nacional lo que se busca es que la población residente en Exremadura permanezca en ella. A su juicio, eso es lo que ha hecho "desde el primer momento" María Guardiola: "Que nuestra población se quede cuando las políticas anteriores nos expulsaban porque esto era un infierno fiscal", ha alegado.

Emergencia demográfica

Ahora, ha defendido, se pretende que las personas que viven en Extremadura "tengan oportunidades aquí y vamos a valorarlo con ese arraigo y con esa vinculación territorial". Todo ello, ha contextualizado, ante la situación de emergencia demográfica que sufre Extremadura, frente a la que también se han aprobado dos deducciones autonómicas en el IRPF.

"Lo que se hace es generar oportunidades a los que ya están aquí y, por supuesto, reconocer el esfuerzo de aquellos que vienen y contribuyen a ese deber que todos tenemos de sostener los gastos públicos", ha recalcado la también consejera de Hacienda en declaraciones recogidas por la Agencia Efe en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Rechazo en Andalucía

Respecto a las declaraciones del presidente andaluz en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno Bonilla, en las que ha puesto el acuerdo extremeño como ejemplo de lo que no debe suceder en Andalucía, Manzano ha expresado su "máximo respeto institucional a cualquier consideración" y le ha deseado "la mayor de las suertes en ese proceso".

"Ojalá que obtenga la mayoría absoluta orque datos objetivos avalan su gestión", ha señalado la portavoz del Ejecutivo, que ha instado a los ciudadanos y a los presidentes autonómicos a leer "con detenimiento" el acuerdo de PP y Vox en Extremadura y a interpretarlo bajo los principios de legalidad, igualdad y justicia, "que es lo que reivindica siempre nuestro Gobierno".

Frente a ello, ha criticado el "ruido" que algunos grupos políticos pretenden generar, a su juicio por un "desconocimiento" del acuerdo y por su "frustración" porque pretendían que se recogiesen medidas en igualdad o diversidad "que por supuesto no se dicen".