Las familias extremeñas confían en los docentes para las excursiones y piden más recursos: "No puede haber 50 niños con solo dos profesores"

La revisión de las actividades extraescolares en los centros educativos públicos ha abierto el debate entre las familias extremeñas. La cuestión llega después de que el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) haya reclamado actualizar la normativa vigente tras el fallecimiento de un alumno de 17 años durante una excursión en el extranjero, un caso por el que dos profesores serán juzgados como presuntos autores de un delito de homicidio por imprudencia profesional grave.

La presidenta de la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de centros públicos (Freampa), Maribel Rengel, entiende que el profesorado reclame más respaldo jurídico cuando participa en excursiones, viajes o actividades con pernocta. "Es legítimo y necesario, pero pretender que, directa o indirectamente, se descargue la responsabilidad sobre la atención y la custodia de los menores, pues no lo es", señala.

La voluntariedad de las salidas

Rengel traslada, en representación de la federación de padres y madres, su rechazo a que los profesores deban quedar exentos de responsabilidad: "No se trata de actividades lúdicas sin más, sino de situaciones en las que los docentes asumen la guarda y custodia de nuestros hijos", afirma.

Uno de los argumentos de PIDE es que las actividades extraescolares tienen carácter voluntario y que, en muchos casos, dependen de la implicación vocacional de los docentes para mejorar la formación del alumnado. El sindicato ha llegado a instar a los profesores extremeños a no realizar este tipo de actividades mientras la Consejería de Educación no apruebe una nueva norma que garantice la máxima protección jurídica y una compensación económica ajustada al esfuerzo que suponen.

Rengel no cuestiona esa voluntariedad. Al contrario, admite que si no existen condiciones adecuadas, los docentes pueden decidir no organizar salidas. No obstante, señala que cuando una excursión se programa y se realiza debe hacerse con todas las garantías. "Si se van a llevar a cabo, debe hacerse con seguridad y asumiendo todas las responsabilidades", añade la presidenta de Freampa.

Confianza en el profesorado

Recalca que las familias confían en el profesorado y en su forma de organizar estas actividades, muchas veces con un esfuerzo añadido que no siempre se ve desde fuera del centro. "Nosotros confiamos en su profesionalidad, porque sabemos que las desarrollan con compromiso y con rigor", señala.

Añade, sin embargo, que esa confianza no borra la responsabilidad de que cuando un menor participa en una excursión escolar, queda bajo la atención de quienes organizan y acompañan la actividad: "Les estamos dejando lo más grande que tenemos, que son nuestros hijos. El cuidado está en sus manos", afirma Rengel.

Por su parte, el sindicato PIDE ha recalamado una negociación con la administración para aclarar las condiciones laborales, las indemnizaciones y la protección jurídica del profesorado. Sostiene además que los docentes quedas en una situación de desprotección jurídica ante cualquier incidente fortuito que pueda producirse durante el desarrollo de la actividad.

Más protección

Desde Freampa, Rengel entiende esa preocupación, pero cree que la respuesta no debe ser poner el foco únicamente en la protección del profesorado, sino en mejorar el conjunto del sistema. "El debate no se debe centrar en frenar las excursiones, sino en reforzar los protocolos, mejorar los recursos y garantizar la seguridad de nuestros hijos en todo momento", sostiene.

Rengel apunta también a la necesidad de más medios humanos para que las excursiones puedan desarrollarse en mejores condiciones. "No puede haber excursiones de 40 o 50 niños en las que vayan solo dos profesores", señala.

La presidenta de Freampa considera que la seguridad del alumnado exige una organización adecuada, especialmente en viajes de varios días, desplazamientos largos o actividades fuera de España. En esos casos, sostiene, los centros deberían contar con protocolos más precisos, canales de apoyo y una planificación que no deje toda la carga sobre los docentes acompañantes.

El caso de Zaragoza

La petición de PIDE está relacionada con el fallecimiento de un alumno de 17 años de un instituto de Zaragoza durante una excursión escolar. El caso se remonta al 13 de marzo de 2022, cuando el menor murió en la localidad belga de Hasselt durante un viaje organizado por el centro. Recientemente, la Audiencia Nacional ha acordado que los dos profesores que acompañaban al grupo sean juzgados para depurar posibles responsabilidades.

Según el criterio recogido en la resolución judicial, existen indicios para juzgar a ambos docentes por un presunto delito de homicidio por imprudencia profesional, al considerar que no se habría garantizado la atención del menor en un momento especialmente delicado. El alumno, de acuerdo con lo expuesto en el procedimiento, había manifestado desde el inicio del viaje que no se encontraba bien. Los profesores le administraron un analgésico y lo dejaron descansando en la habitación, aunque posteriormente se ausentaron durante la cena.

Las cámaras de seguridad del alojamiento reflejaron que el estudiante salió de la habitación en un estado de aparente desorientación. En las imágenes, según consta en la causa, se le ve intentando llamar a las puertas de otras habitaciones en busca de ayuda, sin conseguirlo.

Poco después, el joven se precipitó por el hueco de una escalera de emergencia desde una altura de tres plantas y falleció en el acto.

Sobre el caso de Zaragoza, la presidenta de Freampa evita valorar el procedimiento concreto. "No puedo opinar acerca de un trágico accidente", señala. Sí defiende, no obstante, que una situación así debe servir para mejorar protocolos y recursos, no para simplificar un debate que afecta a docentes, familias, centros y administración.