El despido que UGT pone bajo sospecha en Extremadura: casi 2.000 casos acabaron en el juzgado

UGT Extremadura ha puesto el foco en una práctica que se repite en algunas empresas de la región: el uso del periodo de prueba o del despido disciplinario sin causa justificada como vía para abaratar la salida de trabajadores. El sindicato habla de "uso fraudulento" del despido y advierte de que esa dinámica está elevando la conflictividad laboral en la comunidad.

El aviso llega acompañado de cifras. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, los juzgados de lo Social de Extremadura resolvieron en 2025 un total de 7.260 asuntos, un 6% más que el año anterior. Para el sindicato, ese incremento refleja una mayor litigiosidad en el ámbito laboral y una carga creciente para una jurisdicción que ya acumula demoras.

El dato más llamativo está en los despidos. Durante el pasado año se tramitaron judicialmente 1.927 casos, un 8,3% más que en 2024. No todos acabaron igual, pero UGT subraya que tres de cada cuatro terminaron con sentencia favorable al trabajador o mediante conciliación.

Tres de cada cuatro casos, con resultado favorable o acuerdo

En concreto, 596 despidos obtuvieron sentencia favorable, con 652 personas trabajadoras afectadas. Las cantidades abonadas superaron los 6,6 millones de euros, un 26% más que el año anterior. La cuantía media fue de 10.165 euros por trabajador, una cifra que, según el sindicato, se sitúa un 11% por debajo de la media estatal.

A esos procedimientos se suman los despidos resueltos mediante conciliación. Fueron 858, un 7,7% más, y afectaron a 912 trabajadores. En este caso, las cantidades reconocidas alcanzaron los 6,25 millones de euros, con una media de 6.863 euros por persona.

La diferencia entre ambas vías también es una de las claves que destaca UGT: cuando hay sentencia, la compensación media es superior a la que se obtiene en conciliación. En conjunto, los despidos con sentencia favorable o acuerdo afectaron a 1.564 trabajadores en Extremadura y dejaron 12,9 millones de euros abonados, con una cuantía media de 8.239 euros.

Reclamaciones de salarios pendientes

La conflictividad laboral no se limita a los despidos. En las reclamaciones de cantidad derivadas del contrato de trabajo, las resoluciones favorables al trabajador alcanzaron las 877 en 2025, un 6% más. La cuantía total reconocida fue de 4,44 millones de euros, con una media de 5.063 euros por asunto.

También aumentaron las reclamaciones resueltas mediante conciliación, que llegaron a 503, un 7,2% más. Sin embargo, la cuantía media bajó un 26%, hasta los 3.906 euros. UGT interpreta ese descenso como una muestra de que los acuerdos pueden implicar compensaciones inferiores a las obtenidas mediante sentencia.

Los juzgados de lo Social de Extremadura resolvieron además 2.404 asuntos relacionados con la Seguridad Social, un 5,3% menos que el año anterior, y 13 conflictos colectivos.

Más recursos para evitar esperas de hasta un año

UGT Extremadura reconoce el trabajo de la jurisdicción social, pero alerta de que los tiempos de espera se están convirtiendo en otro problema añadido para las personas trabajadoras. Según el sindicato, algunos procedimientos ordinarios pueden tardar hasta un año en señalarse para juicio.

Esa demora, advierte la organización, pesa especialmente sobre quienes han perdido su empleo, reclaman cantidades pendientes o necesitan una respuesta judicial para resolver un conflicto con su empresa. Por ello, UGT reclama más recursos humanos y materiales para los juzgados de lo Social. El sindicato sostiene que muchos litigios podrían evitarse si las empresas cumplieran correctamente la legislación laboral y los convenios colectivos.

Inspección de Trabajo y asesoramiento

La organización también pide reforzar la Inspección de Trabajo para frenar prácticas empresariales que considera abusivas y reducir la judicialización de los conflictos laborales.

UGT Extremadura insiste en que las personas trabajadoras que hayan sido despedidas y crean que sus derechos han sido vulnerados pueden acudir a sus servicios jurídicos para recibir asesoramiento antes de aceptar una salida o cerrar un acuerdo.