Vox estrena su vicepresidencia en la Junta de Extremadura con casi dos millones para agilizar las adopciones

La primera medida aprobada por la consejería de Vox en la Junta de Extremadura no ha llegado por la vía de la desregulación, sino por la de los servicios sociales. El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la contratación del servicio de intervención especializada con familias que tengan menores en situación de acogimiento o en adopción, por un importe de 1,9 millones de euros para un periodo de 24 meses prorrogables.

El acuerdo supone el estreno en la agenda ordinaria del Ejecutivo de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, una de las áreas incorporadas al nuevo organigrama tras el pacto entre PP y Vox. En cambio, en esta primera reunión centrada ya en asuntos ordinarios de gestión no ha figurado ningún acuerdo procedente de Agricultura, otra de las competencias asumidas por Vox en el Gobierno regional.

Unificar acogimiento y adopción

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha explicado que el objetivo de la medida es unificar la atención vinculada al acogimiento y la adopción para facilitar el acompañamiento tanto a las familias como a los menores que forman parte del sistema de protección. "La idea es unificar todo lo relacionado con el acogimiento y con la adopción. Así será mucho más fácil atender a la familia y a los niños que están en este sistema de protección", ha señalado.

El nuevo servicio fijará las condiciones técnicas para atender a familias candidatas a un acogimiento familiar o a una adopción, pero también a aquellas que ya tienen formalizada una medida de protección. Incluirá tareas de información, formación, valoración de los núcleos familiares solicitantes, seguimiento e intervenciones de apoyo una vez resuelta la medida.

Menos espera y un solo equipo

Manzano ha defendido que la contratación permitirá reducir tiempos y simplificar los procedimientos. "Con él vamos a conseguir que los trámites sean mucho más rápidos y que haya menos espera", ha afirmado.

La portavoz ha añadido que la unión de los servicios permitirá que los profesionales trabajen "con un único equipo", lo que, según ha indicado, facilitará determinados procesos, como el paso de un acogimiento a una adopción, y permitirá solicitar ambas opciones al mismo tiempo.

Actualmente, Extremadura cuenta con 204 menores en familias de acogida y 186 familias acogedoras. Desde enero de 2025, seis menores han sido adoptados y otros 11 se encuentran en proceso de adopción. Además, hay 22 familias esperando para adoptar en España y siete en el extranjero.

Sin acuerdos de Agricultura

El estreno de la Vicepresidencia de Desregulación, Servicios Sociales y Familia ha contrastado con la ausencia de acuerdos de Agricultura en la agenda del Consejo de Gobierno. El dato tiene lectura política en el arranque del nuevo Ejecutivo, ya que ambas áreas forman parte del espacio de gestión asumido por Vox tras su entrada en la Junta.

La primera agenda ordinaria ha servido así para medir los primeros movimientos administrativos del nuevo reparto de poder. Por ahora, la medida con sello de la consejería de Vox ha sido una contratación vinculada al sistema de protección a la infancia, no una iniciativa relacionada con simplificación normativa, campo rural o política agraria.

Nueva estructura para vivienda pública

El Consejo de Gobierno también ha aprobado cambios en la estructura de la Junta con impacto en materia de vivienda, uno de los asuntos de mayor sensibilidad social y política. En concreto, se crea la Dirección General de Promoción y Mantenimiento de Vivienda Pública dentro de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

Este nuevo órgano directivo estará especializado en la gestión del parque público de vivienda. Su objetivo principal será garantizar el adecuado funcionamiento de ese parque, recuperar el uso responsable de los inmuebles y asegurar que cumplen su función de facilitar el acceso a una vivienda a quienes tienen más dificultades.

La nueva dirección general asumirá además la regeneración del parque público mediante la renovación de edificios existentes y la promoción de viviendas de nueva construcción. El movimiento llega en un contexto en el que la vivienda ha ganado peso en la agenda política nacional y autonómica, también por el debate sobre la aplicación del principio de prioridad nacional en las políticas públicas.