La Junta justifica los recortes en cooperación y sindicatos por la prioridad de los servicios básicos

La Junta de Extremadura ha defendido este viernes los recortes en cooperación internacional, así como en las subvenciones a sindicatos y patronal incluidos en el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026, dos medidas que Vox reivindicó ayer como parte de su influencia en las cuentas autonómicas. Así se ha referido la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, en rueda de prensa tras registrar las cuentas en la Asamblea.

A preguntas de los medios, Manzano ha justificado estas reducciones por la necesidad de concentrar los recursos disponibles en los servicios públicos esenciales. La responsable autonómica ha alegado que la comunidad trabaja con un "margen limitado" y que el presupuesto debe atender, ante todo, las necesidades básicas de los ciudadanos.

Cooperación

«Recursos limitados, recursos destinados a lo fundamental», ha señalado Manzano sobre el recorte de 10 millones de euros en cooperación internacional y en ayudas a entidades vinculadas a la inmigración. La consejera ha defendido que la prioridad de la Junta es garantizar la atención en hospitales y centros de salud, así como el resto de servicios públicos básicos.

La medida había sido anunciada por el vicepresidente de la Junta y presidente del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández, que la vinculó a partidas destinadas, según su formación, a asociaciones y entidades que «promueven la inmigración ilegal, masiva y descontrolada», además de a cooperación internacional. Fernández presentó ese recorte como una de las principales aportaciones de Vox al proyecto presupuestario, aprobado por el Consejo de Gobierno y pendiente ahora de tramitación parlamentaria.

Manzano ha evitado utilizar esos términos, pero ha confirmado la reducción y ha defendido que la cuantía que Extremadura destinará a cooperación quedará «en consonancia» con la de otras comunidades autónomas. Según ha explicado, otras regiones parten de cifras similares por habitante a las que recogerán las cuentas extremeñas.

La titular de Hacienda ha insistido en que Extremadura tiene «muchas necesidades» en materia de servicios públicos y que el Ejecutivo autonómico ha diseñado el presupuesto con la idea de ajustar «cada céntimo» a esas prioridades. También ha recordado que la región cuenta con alrededor de un millón de habitantes repartidos en 388 municipios, una dispersión territorial que encarece la prestación de los servicios frente a comunidades con una población más concentrada.

En ese contexto, Manzano ha vuelto a cargar contra el sistema de financiación autonómica, al manifestar que Extremadura no cuenta con un modelo que reconozca adecuadamente sus singularidades y ha criticado la propuesta planteada por el Gobierno central, que considera «mucho más perjudicial» para la comunidad que el sistema actual por dar demasiado peso al criterio poblacional.

Sindicatos y patronal

El proyecto presupuestario también reduce a la mitad la aportación institucional de la Junta a sindicatos y organizaciones empresariales. Manzano ha concretado que la partida quedará en torno a 286.000 euros en 2026 y que en ella se incorporará la Confederación Independiente de Empresarios de Extremadura, junto a la CREEX y los sindicatos CCOO y UGT.

La consejera ha defendido la legalidad de esta decisión ante la posibilidad de que los sindicatos puedan recurrirla. Según ha señalado, su departamento analiza jurídicamente «todas y cada una» de las medidas que adopta el Ejecutivo regional y este recorte es, a su juicio, «absolutamente legal». Manzano ha expresado, no obstante, su «máximo respeto» a la posición que puedan mantener los agentes sociales y a las acciones que decidan emprender.