Vox abre la puerta a modificar los presupuestos de Extremadura pese al acuerdo con el PP

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha defendido este lunes el acuerdo presupuestario alcanzado con el PP para 2026, aunque ha dejado abierta la posibilidad de introducir cambios durante la tramitación parlamentaria. Según ha subrayado, las cuentas regionales han sido "muy consensuadas Y estudiadas" por ambas formaciones, pero su grupo no descarta presentar alguna enmienda parcial si sirve para "mejorarlas o perfilarlas".

El proyecto de presupuestos, que asciende a 8.854 millones de euros, fue registrado el pasado viernes en la Asamblea de para el inicio de su tramitación parlamentaria. Este lunes se ha abierto el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad de las cuentas, que concluirá el viernes 5 de junio. Los grupos de la oposición PSOE y Unidas por Extremadura han anunciado ya que presentarán enmiendas totales, por lo que el debate de totalidad se celebrará el martes 9 de junio.

"Los presupuestos han sido consensuados entre ambos partidos, Vox y el Partido Popular, han sido muy estudiados, y me reitero en que serán muy beneficiosos para Extremadura y para los extremeños", ha señalado Checa en una rueda de prensa celebrada en Mérida. "No quita que, de haber alguna enmienda para mejorarlos, cuando llegue el momento se contemplará", ha añadido.

Parque de viviendas

La dirigente de Vox ha reivindicado el papel de su formación en la elaboración de las cuentas autonómicas y ha asegurado que su presencia en los gobiernos tiene "efectos inmediatos y directos" en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. En el caso de Extremadura, ha puesto como ejemplo el compromiso de iniciar la construcción de al menos 3.500 viviendas a lo largo de la legislatura.

Según Checa, esta medida busca ampliar el parque público y facilitar el acceso de los extremeños a la vivienda. En este sentido, ha reiterado que Vox defenderá que el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social se base en el llamado "principio de prioridad nacional", con el fin de que los recursos públicos se asignen de forma prioritaria a quienes acrediten un "arraigo real, duradero y verificable" en el territorio.