Primera sentencia en España: Extremadura tumba el sobrecoste de las notas simples y limita el cobro a 3,01 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictado una sentencia que puede tener recorrido más allá del caso concreto. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha cuestionado el sobreprecio aplicado por los registradores en las notas simples con información continuada y ha fijado que el registrador de la propiedad número 3 de Badajoz debió cobrar 3,01 euros y no 12,03 euros por este servicio.

La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que "no cabe el cobro de 12,03 euros por una nota simple con información continuada porque no tiene ningún respaldo legal". El fallo solo afecta al caso enjuiciado, pero puede marcar criterio para otros tribunales superiores autonómicos y abre la puerta a nuevas impugnaciones en toda España.

Qué es una nota simple

La nota simple es uno de los documentos más habituales del Registro de la Propiedad. Sirve para conocer de forma informativa la situación de una finca: quién figura como propietario, cuál es su descripción registral y si existen cargas, hipotecas, embargos u otras limitaciones.

A diferencia de una certificación registral, la nota simple no tiene valor de documento público ni da fe plena del contenido del Registro, pero se utiliza de forma habitual en operaciones inmobiliarias, compraventas, hipotecas o trámites notariales. La modalidad con información continuada permite mantener actualizada esa información durante el proceso, pero el tribunal ha rechazado que eso justifique aplicar una tarifa más elevada sin cobertura normativa.

Sin respaldo legal para cobrar más

El TSJ extremeño reprocha al Colegio de Registradores haber fijado una tarifa sin base normativa y recuerda que los aranceles registrales no pueden determinarse libremente. Según la sentencia, la nota simple con información continuada no puede equipararse a una certificación para justificar un precio más alto.

La Sala también niega que pueda fraccionarse el cobro entre la emisión de la nota y su envío para elevar el coste final. En este caso, el tribunal entiende que el servicio debía cobrarse como una nota simple, por 3,01 euros, y no por los 12,03 euros que se habían aplicado.

Nueve euros de diferencia

La consecuencia directa del fallo es que el ciudadano afectado podrá reclamar la devolución de los 9 euros cobrados de más. Aunque la cantidad sea reducida, la importancia del caso está en el criterio jurídico que fija la resolución, ya que este tipo de cargos se repite en miles de operaciones inmobiliarias y notariales.

La sentencia también cuestiona que la creación de la sede electrónica pueda servir como argumento para cargar un sobrecoste permanente al usuario. El tribunal recuerda que esa inversión se amortiza con el tiempo y que, precisamente por su desarrollo tecnológico, debería contribuir a abaratar el servicio, no a encarecerlo de forma indefinida.

Un coste que acaba pagando el ciudadano

El procedimiento llegó al TSJ después del silencio administrativo de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la desestimación inicial por parte del Colegio de Registradores, ante los que el notario recurrente había impugnado la minuta.

El tribunal confirma que es el notario quien debe pagar el arancel al ser el solicitante formal de la nota simple. Sin embargo, también recuerda que ese coste se repercute habitualmente al ciudadano, por lo que la decisión puede sentar un precedente relevante para los usuarios que han abonado este tipo de importes en trámites vinculados a viviendas, hipotecas o escrituras.

Posible efecto en otros tribunales

La resolución es especialmente relevante porque se trata de la primera sentencia en España que cuestiona este sobreprecio en las notas simples con información continuada. Aunque no anula de forma general la tarifa aplicada por los registradores, sí ofrece un argumento jurídico para reclamar cuando se haya cobrado un importe superior sin respaldo legal suficiente.

El fallo, por tanto, abre una vía para que otros afectados impugnen minutas similares y para que otros tribunales superiores autonómicos se pronuncien sobre una práctica que el TSJ de Extremadura ha considerado injustificada en el caso analizado.