Llevan 35 años dando clase en FP y ahora pueden perder su puesto en las listas de interinos de Extremadura

El requerimiento ha llegado en la recta final de su carrera profesional. Varios profesores técnicos de Formación Profesional de Extremadura, con edades comprendidas entre los 59 y los 63 años, han denunciado públicamente que pueden ser excluidos de las listas de interinos por no contar con un título universitario.

Según relatan los docentes afectados, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional les ha concedido un plazo de diez días para acreditar esa titulación, bajo advertencia de quedar fuera de las listas de espera de varias especialidades. Entre ellas figuran Procesos de Gestión Administrativa y Procesos Comerciales.

Los profesores sostienen que forman parte de las listas de interinos desde finales de los años 80 y que accedieron entonces al sistema educativo de acuerdo con los requisitos legales vigentes. En aquel momento, explican, el título de Técnico Especialista en las distintas ramas de la Formación Profesional era suficiente para impartir enseñanzas prácticas de FP.

Una carrera entera en las aulas

Los afectados aseguran que llevan más de tres décadas trabajando de forma continuada en la enseñanza pública extremeña. Durante ese tiempo, añaden, las distintas modificaciones normativas permitieron que quienes habían accedido conforme a la regulación de su época pudieran seguir desarrollando su labor docente.

La situación, sin embargo, habría cambiado con la normativa derivada del proceso de integración del profesorado técnico de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. Según la nota remitida por los afectados, la regulación estatal fijó el 19 de enero de 2026 como fecha límite para acreditar la titulación universitaria exigida para esa integración.

Después, la normativa autonómica extremeña habría establecido que las personas integrantes de listas de espera que no cumplieran ese requisito quedarían excluidas una vez superado el plazo. Como consecuencia, los docentes recibieron un requerimiento fechado el 20 de mayo de 2026 para presentar una titulación universitaria que, según afirman, no poseen.

"Nunca fue necesaria cuando ingresamos"

Los profesores insisten en que no cuestionan el cumplimiento de la normativa, pero reclaman que se tenga en cuenta su trayectoria profesional y las condiciones en las que accedieron al sistema educativo.

"Lo que más nos duele no es una cuestión personal. Lo que nos resulta difícil de entender es que después de más de 35 años formando a generaciones de alumnos, cumpliendo siempre con nuestras obligaciones y accediendo conforme a los requisitos que exigía la propia Administración, ahora podamos ser apartados del sistema educativo por una condición que nunca fue necesaria cuando ingresamos en él", afirman.

Una de las docentes afectadas explica que inició estudios universitarios de Ciencias Empresariales y llegó a cursar hasta segundo curso. También asegura que, en una convocatoria de oposiciones, superó el proceso selectivo pero no obtuvo plaza por el reducido número de vacantes.

Según su relato, las responsabilidades familiares, laborales y personales le impidieron completar una titulación que durante décadas no se le exigió para continuar ejerciendo como docente.

La petición a Educación

Los afectados consideran que el caso abre un debate sobre cómo reconocer la experiencia profesional acumulada por docentes que han dedicado su vida laboral a la enseñanza pública.

"Creo que la sociedad debe preguntarse si tiene sentido prescindir de profesionales que han demostrado durante décadas su capacidad docente, precisamente cuando se encuentran en la etapa final de su carrera profesional", señala una de las docentes.

Por ello, solicitan a la Consejería de Educación una solución que permita compatibilizar el cumplimiento de la normativa con el reconocimiento de la experiencia profesional acreditada durante más de 35 años en las aulas extremeñas.

Los profesores también hacen un llamamiento a sindicatos, organizaciones educativas y representantes políticos para que analicen el impacto que esta medida puede tener sobre otros profesionales que se encuentren en una situación similar.