Extremadura solicita a la Fiscalía pruebas de edad para los menores migrantes y llevará su reparto a los tribunales

La Junta de Extremadura ha dado instrucciones para solicitar a la Fiscalía de Menores la realización de pruebas de determinación de edad a los menores migrantes no acompañados (menas) acogidos en la región cuando no exista documentación que acredite de forma fehaciente su edad, si hay dudas razonables sobre los documentos aportados o cuando lleguen nuevas personas en esas mismas circunstancias.

"Queremos saber realmente quiénes de los menores que están en nuestro sistema de acogimiento es menor de edad, porque queremos que tengan la cobertura que la ley exige para cada uno de ellos. Es una medida de sentido común, simplemente lucha contra el fraude", ha defendido el vicepresidente de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández.

La Fiscalía decidirá cada caso

El consejero ha precisado que la Junta no puede realizar esas pruebas por iniciativa propia, sino que debe solicitarlas a la Fiscalía, que será quien las autorice y decida finalmente si procede o no hacerlas.

Según ha explicado, se trataría de pruebas médicas y biométricas, las habituales en este tipo de procedimientos, que se realizarían a través del Servicio Extremeño de Salud si así lo ordena Fiscalía. Fernández ha insistido en que no se aplicarán de forma generalizada a todos los menores acogidos, sino a los casos bajo sospecha de fraude. "No se va a hacer de manera indiscriminada", ha reiterado.

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La consejería pedirá esos controles en los casos en los que no haya una acreditación documental suficiente, cuando la edad no pueda demostrarse de manera fehaciente o cuando exista una "duda razonable" entre la documentación aportada y la edad biológica aparente. El consejero ha añadido que la Fiscalía de Menores ya está informada de los pasos que va a dar la Junta y que ambas partes mantendrán reuniones periódicas.

104 menores en el sistema de acogida

Fernández ha cifrado en 104 los menores migrantes no acompañados que se encuentran actualmente en el sistema de acogida de Extremadura y ha asegurado que los recursos están "al límite". También ha indicado que la comunidad ha registrado casos.

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Según los datos que ha ofrecido en la rueda de prensa, en 2024 hubo 32 casos de personas que estaban inicialmente en recursos de adultos y que después han pasado al sistema de menores tras declararse menores de edad; en 2025 fueron 31 y en lo que va de 2026 se han contabilizado ocho. El consejero ha defendido que la comprobación de la edad es necesaria porque los recursos que se destinan a una persona menor de edad y a una adulta "son diferentes".

En el caso de que una prueba determine que una persona es mayor de edad, Fernández ha explicado que deberá salir de los recursos de acogimiento de menores. "No puede estar en los recursos de acogimiento de menores de la Junta de Extremadura", ha indicado.

Recurso judicial contra los traslados

El consejero también ha anunciado que la Junta agotará todas las vías legales contra los traslados de menores migrantes no acompañados desde otras comunidades autónomas a Extremadura. Hasta ahora, según ha explicado, el Ejecutivo regional recurría estos procedimientos por la vía administrativa, pero a partir de ahora dará "un paso más" y acudirá también a la vía judicial. El consejero ha cifrado en 43 los menores que habrían llegado a Extremadura desde el verano de 2025 por estos traslados.