Vox admite que revisar toda la normativa de la Junta de Extremadura para desregular llevará al menos un año

"Revisar, simplificar y racionalizar". El director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura, Eliseo Fernández, ha reconocido este martes que la desregulación, una de las banderas de Vox incorporadas al pacto de gobierno con el PP, no tendrá resultados inmediatos. Analizar el conjunto de normas, procedimientos y trámites de la Administración autonómica será una tarea larga y técnicamente compleja. Tanto, ha dicho, que "ni con un equipo de los mejores juristas y con todos los letrados de la Junta trabajando al unísono, llevaría menos de un año".

En la comisión del ramo en la Asamblea, Fernández ha defendido que la Consejería de Desregulación trabaja ya en esa hoja de ruta, aunque ha evitado detallar medidas concretas. "No voy a poder responder al cien por cien", ha reconocido ante las preguntas de la oposición. Según ha explicado, la desregulación no consiste en "eliminar normas indiscriminadamente" ni en "debilitar garantías jurídicas", sino en revisar, simplificar y racionalizar la intervención administrativa para que la Junta deje de ser "un obstáculo" y vuelva a actuar como una herramienta al servicio de los ciudadanos.

Silencio positivo

Entre las líneas generales, ha citado la simplificación normativa, la generalización de la declaración responsable y del silencio administrativo positivo allí donde sea legalmente posible, la eliminación de duplicidades entre órganos y administraciones y la revisión de la normativa que afecta a sectores como la industria, el sector primario, la gestión ambiental, los espacios protegidos, la vivienda, el mundo rural, los regadíos, las infraestructuras o los proyectos estratégicos.

Fernández ha insistido en que el objetivo no es suprimir controles, sino "buscar un término medio entre la regularización absoluta y la locura de regular absolutamente todo". También ha asegurado que la simplificación no se dirigirá solo a empresas o agentes económicos, sino al ciudadano común. En el ámbito de los servicios sociales tampoco ha podido detallar cambios, aunque ha señalado que la Junta quiere reducir el papeleo para que trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales puedan dedicar más tiempo a la atención directa.

Críticas de PSOE y Unidas

El PSOE ha acusado al Ejecutivo de no ofrecer respuestas concretas y de esconder una visión ideológica detrás del discurso de la simplificación administrativa. La diputada socialista Soraya Vega ha advertido que en los servicios sociales "las garantías no son un problema", sino "la protección de las personas más vulnerables". También ha subrayado que su grupo quiere "menos papeleo", pero no "menos derechos"; "menos trámites inútiles", pero no "menos garantías".

Vega ha preguntado si la reducción de burocracia significará que los trabajadores sociales puedan acompañar mejor a las familias o si, por el contrario, supondrá reducir controles y adelgazar la intervención pública. Además, ha reprochado al director general que, pese a llevar poco tiempo en el cargo, Vox llevaba "bastante más tiempo queriendo estar en el Gobierno" y debería saber ya qué quiere hacer con las competencias asumidas.

Desde Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos ha reprochado al director general la falta de concreción y ha resumido su intervención "en el clásico estamos trabajando en ello". Frutos ha defendido que la burocracia, aunque a menudo se perciba como un obstáculo, también actúa como garantía "de la protección de los derechos de la mayoría social frente a unos pocos". Como ejemplo, ha citado las plantas de biogás, la mina de Cáceres o los retrasos en el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia, y ha preguntado si la Junta aplicará también fórmulas como la declaración responsable para agilizar prestaciones sociales.

La ley de cooperación no se derogará

Fernández también ha confirmado que la Junta no prevé derogar ni modificar por ahora la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura tras el drástico recorte de los fondos destinados a cooperación internaciona. Al respecto, el director general ha insistido en que derogar la ley "no forma parte de los compromisos recogidos en el pacto de gobierno", aunque ha dejado clara su posición política y la de Vox: "Sí debería ser derogada".

A juicio de Vox, la cooperación internacional debería corresponder exclusivamente al Estado y supone una duplicidad, porque los extremeños ya financian con sus impuestos la acción exterior y la cooperación estatal. También ha defendido que los recursos públicos de Extremadura, una de las regiones más pobres de España, deben destinarse "mayoritariamente" a la región.