La Junta de Extremadura llevará a los tribunales a José Luis Quintana por el traslado de menores migrantes

La Junta de Extremadura ha elevado este jueves el pulso con el Gobierno central por la acogida de menores migrantes no acompañados. El vicepresidente del Ejecutivo y consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Óscar Fernández, ha anunciado una ofensiva jurídica y judicial, contra los traslados obligatorios a la comunidad que apunta directamente al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a quien va a reclamar "responsabilidades penales" por una medida del Gobierno central que considera una "imposición" y que está llevando "al límite" al sistema de acogida de menores en la región.

El dirigente de la cartera que está en manos de Vox ha comparecido en paralelo a la celebración del pleno de la Asamblea, después de que la presidenta regional, María Guardiola, defendiera en la sesión de control la realización de pruebas de edad a menores migrantes no acompañados cuando existan dudas y siempre bajo autorización de la Fiscalía. Ha insistido en que la Junta no acepta "de manera voluntaria" los traslados, por lo que utilizará "todas las armas" que le permite la ley para combatir una medida que considera "injusta y discriminatoria" con Extremadura.

Hasta la fecha, según ha explicado, el Ejecutivo extremeño recurría por la vía administrativa los procedimientos vinculados a la llegada de estos menores. A partir de ahora, se dará "un paso más" y acudirá también a la vía judicial. "Vamos a lanzar una ofensiva jurídica y judicial contra los delegados del Gobierno y, por elevación, contra el Ministerio del Interior y el Gobierno de España", ha afirmado Fernández, quien ha confirmado, a preguntas de los medios, que esa acción se dirigirá contra Quintana, "con nombre y apellidos".

El vicepresidente ha defendido que la base de esa estrategia será el "fraude" que, a su juicio, están soportando los extremeños por la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En este sentido, ha manifestado que la Junta acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa, pero en esta ocasión también ha abierto la puerta a la vía penal. Para ello, ha señalado que se recurrirá al servicio jurídico de la comunidad autónoma y, si fuera necesario, a un gabinete externo.

La comparecencia se produce una semana después de que el propio Fernández anunciara que la Junta pediría a la Fiscalía de Menores pruebas de determinación de edad en aquellos casos en los que no exista documentación que acredite de forma fehaciente la minoría de edad, cuando haya dudas razonables sobre los documentos aportados o cuando lleguen nuevas personas en esas mismas circunstancias.

Además de la vía judicial y de las pruebas de edad, el vicepresidente ha anunciado que la Junta estudiará todas las opciones legales para promover el retorno de los menores a sus países de origen junto a sus familias. Para ello ha invocado el artículo 35 de la Ley de Extranjería y ha defendido que, cuando existan referencias familiares, el objetivo debe ser que esos menores puedan volver "con sus padres" y a su entorno de origen.

Sistema de acogida

En su intervención, Fernández ha actualizado además las cifras de menores migrantes no acompañados atendidos en la comunidad. Según ha indicado, actualmente hay 106 en el sistema extremeño de protección y la previsión es que en los próximos días lleguen otros siete procedentes de Ceuta, lo que elevaría el total a 113. El vicepresidente ha asegurado que el sistema está "a punto de colapsar" y ha defendido que los principales perjudicados son los menores extremeños que necesitan esos recursos de protección.

El consejero ha detallado que, en los últimos diez días, el Gobierno central ha "forzado" a Extremadura a hacerse cargo de varios menores migrantes no acompañados. Según sus datos, uno llegó el 8 de junio, otro el día 11, uno más el día 15 y está prevista otra llegada el día 19. A ellos se sumarán otros siete procedentes de Ceuta dentro de la denominada contingencia migratoria extraordinaria. Fernández ha añadido que, en total, han llegado por esta vía 45 menores y que la Junta mantiene recursos frente a otros 29 traslados pendientes.

El vicepresidente también ha cifrado en 73 los inmigrantes que desde 2023 accedieron a España como mayores de edad, fueron alojados en el albergue de Mérida y posteriormente se declararon menores. Según ha afirmado, esos casos han supuesto un coste cercano a los cuatro millones de euros para las arcas autonómicas. En lo que va de 2026, ha añadido, se han producido 10 casos de este tipo, con un coste próximo a los 600.000 euros.

Por otra parte, ha anunciado igualmente que el Ejecutivo estudiará medidas para reforzar la seguridad en los centros y pisos de acogida. Sobre esta cuestión, ha aclarado que no se refiere únicamente al centro de Caminomorisco, sino también a otros recursos existentes en Mérida, Cáceres o Badajoz, y ha señalado que la instrucción de la consejería es que se comunique cualquier incidente relevante para poder actuar con rapidez.

Suscríbete para seguir leyendo