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Función pública

El pago pendiente del 2% a 55.000 empleados de la Junta llega a la Asamblea de la mano de CSIF

El sindicato lleva a la Asamblea 70 propuestas para las cuentas autonómicas de 2026, entre ellas recuperar pagas, anticipos reintegrables y el último pago de la deuda de 2020

Miembros de CSIF Extremadura con el documento con propuestas para los PGEx de 2026

Miembros de CSIF Extremadura con el documento con propuestas para los PGEx de 2026 / CSIF EXTREMADURA

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Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

El pago pendiente del 2% a los trabajadores de la Junta de Extremadura por la deuda de 2020 ha entrado ya en la negociación de los próximos presupuestos autonómicos. CSIF Extremadura quiere que ese tercer y último abono no espere más y se adelante al último trimestre del año.

Esa es una de las principales propuestas del documento que el sindicato ha presentado al Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura. Es el primer paso de una ronda de contactos que CSIF quiere mantener con todos los grupos parlamentarios para intentar que sus reclamaciones se incorporen a las cuentas de 2026 mediante enmiendas parciales.

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha explicado que el documento recoge 70 propuestas y que no se limita al personal de la Administración autonómica. Según ha señalado, incluye medidas pensadas para trabajadores del sector público y del sector privado, aunque el bloque de la función pública concentra las reclamaciones más inmediatas.

Cuatro reclamaciones principales

El sindicato ha dividido su documento en cuatro apartados: sector público, sector privado, empleo y una declaración de intenciones sobre el diálogo social. En el primero, CSIF reclama reforzar los servicios esenciales y mejorar las condiciones laborales, sociales y económicas de los empleados públicos.

Román ha situado ahí cuatro medidas que considera "capitales": avanzar en la equiparación salarial, recuperar el cien por cien de las pagas extraordinarias recortadas en 2010, volver a poner en marcha los anticipos reintegrables y adelantar el último pago de la deuda del 2 % de 2020.

La reclamación llega en plena preparación de los presupuestos autonómicos de 2026. El sindicato sostiene que, si Extremadura va a contar con unas cuentas superiores a los 8.854 millones de euros, hay margen para atender parte de esas demandas y aliviar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los empleados públicos.

"Lo que tenemos claro es que queremos que estos presupuestos pongan el énfasis en la recuperación de derechos", ha recalcado Benito Román.

Una posible huelga desde septiembre

CSIF quiere que la negociación avance por la vía del diálogo, pero no descarta movilizaciones si sus propuestas no son escuchadas o no tienen dotación económica. Román ha advertido de que podría plantearse una huelga general de los más de 55.000 trabajadores de la Junta de Extremadura a partir de septiembre.

El sindicato insiste en que todavía hay margen para evitar ese escenario. Su presidente regional ha defendido que las medidas deben abordarse primero en el terreno político, durante la tramitación de los presupuestos, y después en la Mesa General de Negociación, donde se tendría que fijar un calendario concreto de aplicación.

Román ha puesto como ejemplo el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de Cáceres, donde, según ha señalado, CSIF ha firmado la recuperación del cien por cien de la paga extraordinaria que fue recortada en 2010. A su juicio, ese caso demuestra que "con diálogo y negociación" se pueden recuperar derechos laborales.

Qué son los anticipos reintegrables

Una de las medidas que CSIF quiere rescatar son los anticipos reintegrables, suspendidos en 2012. Román ha defendido que su recuperación no supondría un gasto definitivo para la Junta, porque se trata de ayudas que los empleados públicos reciben y después devuelven sin intereses.

El sindicato considera que esta herramienta puede ayudar a los trabajadores en momentos de necesidad sin convertirse en una carga estructural para la Administración. Por eso la incluye junto a otras reivindicaciones salariales y laborales que, según CSIF, deberían quedar recogidas en un acuerdo de legislatura.

La central está todavía cuantificando el coste de sus propuestas. Ese cálculo será clave para saber hasta dónde puede llegar la negociación con la Junta y con los grupos de la Asamblea.

Más allá de la función pública

Aunque el personal de la Junta centra buena parte del debate, el documento de CSIF también incluye propuestas para el sector privado. En ese bloque, el sindicato plantea medidas para mejorar el tejido industrial y las infraestructuras regionales, dos asuntos que considera esenciales para crear empleo estable en Extremadura.

El tercer apartado está dedicado al empleo de calidad. El cuarto recoge una declaración de intenciones para modificar la normativa y permitir que otras organizaciones sindicales suficientemente representativas puedan estar presentes en los foros de diálogo social.

Con esta primera reunión en la Asamblea, CSIF abre la presión sobre los presupuestos autonómicos de 2026. Su objetivo es que la deuda de 2020, la recuperación de pagas y los anticipos reintegrables no queden solo como reivindicaciones sindicales, sino que entren en la negociación política de las cuentas.

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