Los dependientes extremos tendrán respuesta en dos meses y ayudas retroactivas en Extremadura

Primer gran acuerdo de legislatura en Extremadura. El pleno de la Asamblea ratificó ayer por unanimidad el decreto-ley que implanta el nuevo grado 3+ para dependientes extremos, que blinda la atención a los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras patologías graves, irreversibles y de rápida evolución. La medida, de implantación inmediata, permitirá acceder a prestaciones económicas específicas para atención domiciliaria o asistencia personal sin límite de renta, con cuantías que pueden alcanzar los 9.850 euros mensuales en los casos de mayor necesidad.

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, destacó que desde la aprobación inicial del decreto en Consejo de Gobierno el pasado 19 de mayo, 34 extremeños tienen ya reconocido el grado 3+ y están recibiendo los servicios en su domicilio. Espada ha agradecido el papel de las familias de los pacientes, a las que ha reconocido como protagonistas de una lucha sostenida "con enorme dignidad y perseverancia" para visibilizar una realidad que, durante demasiado tiempo, ha permanecido oculta para buena parte de la sociedad.

Mejoras en Extremadura

Una de las principales mejoras para Extremadura será la reducción de los plazos de resolución. El reconocimiento del grado 3+ deberá resolverse en dos meses, frente a los tres meses previstos con carácter general, y siempre con efectos retroactivos en el caso de las prestaciones económicas, una medida especialmente relevante en enfermedades en las que el tiempo resulta decisivo.

La votación por unanimidad ha supuesto el primer gran acuerdo político de la legislatura en la Asamblea extremeña en torno a una norma de alto impacto social. El PSOE y Unidas por Extremadura han justificado su apoyo por responsabilidad, aunque han dejado claro que no supone "un cheque en blanco" al Ejecutivo de Guardiola: los socialistas han recordado que el origen está en una norma estatal y Unidas ha reprochado que la adaptación llega tarde y debería extenderse al resto de la dependencia.

Apoyo con matices

El decreto adapta la normativa autonómica a la nueva categoría de protección incorporada al sistema de dependencia, el grado 3+, dirigida a personas en situación de dependencia extrema que necesitan apoyos continuados de muy alta intensidad por enfermedades irreversibles. "No estamos ante una declaración de intenciones, estamos ante una actuación normativa necesaria para que las personas que se encuentran en situación de dependencia extrema reciban una respuesta adecuada", ha señalado García Espada.

El consenso parlamentario no ha evitado que los grupos hayan introducido matices al decreto. El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha reconocido la labor del movimiento asociativo y de las familias para lograr este avance, aunque ha considerado que se ha llegado "tarde". A su juicio, era necesario trasladar antes a la legislación extremeña el marco estatal, y ha criticado que la adaptación haya tardado siete meses.

González Frutos ha avanzado el voto favorable de su grupo porque, según ha defendido, era "urgente ponerlo en marcha", aunque ha advertido de que el plazo de dos meses para resolver las solicitudes "podría acortarse" todavía más en situaciones de este tipo. También ha planteado que el avance que ahora se aplica a pacientes con ELA y otras enfermedades irreversibles se extienda al conjunto de personas con dependencia en la región.

Desde Vox, María Jesús Salvatierra ha respaldado el decreto y ha señalado que su grupo lo recibe "con satisfacción". "Cada día que pasa sin respuestas concretas es un día perdido" para las familias extremeñas que ven cómo sus seres queridos luchan "por respirar, por moverse, por mantener la dignidad más básica", ha dicho. También ha defendido que las administraciones no pueden permitirse "lentitud burocrática" ni "bloqueos ideológicos" ante una realidad que ha calificado de "dramática".

El Grupo Socialista también ha votado a favor de la convalidación. Su diputada Soraya Vega ha defendido que habría sido una "irresponsabilidad" bloquear una norma que incorpora al ordenamiento extremeño derechos reconocidos previamente por la legislación estatal y que permite activar prestaciones urgentes para personas que no pueden esperar meses.

Escudo humano

No obstante, Vega ha advertido de que el voto favorable del PSOE no supone un "cheque en blanco" al Gobierno de María Guardiola. La diputada ha recordado que el origen de la iniciativa está en la legislación impulsada por el Gobierno de España y que la Junta lo que ha hecho ha sido adaptar esa normativa al ámbito autonómico.

La parlamentaria socialista ha reconocido que el decreto contiene "luces", como la reducción de plazos o la retroactividad de determinados efectos económicos, pero ha advertido de que "no es suficiente". En este sentido, ha recordado que siguen acumulándose miles de personas pendientes de valoración de dependencia en Extremadura.

Por parte del PP, Teresa Tortonda ha defendido que el decreto refleja la sensibilidad de la presidenta de la Junta, María Guardiola, "desde el minuto uno" hacia los pacientes con ELA y sus familias. La diputada popular ha definido la norma como "un escudo humano", un "compromiso ético irrenunciable" y la respuesta "más contundente y rápida" del Gobierno autonómico ante esta situación.