Más financiación para la dependencia: qué cambia en Extremadura con el aumento estatal de 2.218 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros aprobará un real decreto para aumentar la financiación de la dependencia con 2.218 millones de euros adicionales en 2026. Según el jefe del Ejecutivo, la aportación estatal al sistema superará los 7.200 millones de euros el año que viene.

La medida tiene una lectura directa para Extremadura, porque el decreto eleva la financiación que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona con un grado de dependencia reconocido. Según el Ministerio de Derechos Sociales, esa mayor dotación deberá servir para reducir listas de espera, contratar personal, mejorar servicios y ampliar recursos como los cuidados a domicilio.

Sánchez ha realizado el anuncio durante un acto celebrado en el Imserso sobre dependencia y discapacidad, acompañado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. El presidente ha señalado que el real decreto permitirá cumplir el compromiso de la legislatura para que el Estado financie el 50% del gasto total de la dependencia.

Un decreto para "blindar" la financiación

Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales citadas por EFE, el decreto "blinda por ley" el aumento de la financiación que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona con un grado de dependencia reconocido. Ese diseño es relevante para regiones como Extremadura, porque vincula la aportación estatal al volumen de personas valoradas y al grado reconocido.

La norma supone también duplicar las cuantías para las personas que requieren más apoyos. En el caso del grado III, el de gran dependencia, la aportación mensual subirá un 128%, de 290 a 660 euros. Para el grado II, dependencia severa, crecerá un 100%, de 130 a 260 euros. En el grado I, dependencia moderada, pasará de 76 a 90 euros al mes, un incremento del 18%.

En conjunto, estos aumentos implican que la aportación económica del Gobierno a la dependencia alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones en 2027, según las cifras trasladadas por el Ejecutivo central.

El reto de reducir la espera

"Lo primero que debemos hacer es reducir las listas de espera", ha señalado Sánchez. El presidente ha vinculado el aumento de fondos a la necesidad de garantizar más y mejores cuidados, elevar la intensidad de la atención, reforzar los apoyos que reciben las personas dependientes y dignificar las condiciones de quienes cuidan.

El Ministerio de Derechos Sociales ha explicado que, a partir del 1 de julio, las comunidades recibirán esa mayor dotación económica para continuar reduciendo listas de espera, contratar a más personal, mejorar sus condiciones, ofrecer más servicios y ampliar otros como los cuidados a domicilio.

Sánchez ha recordado que entre 2012 y 2020 la aportación del Estado permaneció estancada en mínimos históricos y ha defendido que desde entonces la inversión estatal en dependencia se ha triplicado, al pasar de unos 1.300 millones de euros a casi 3.800 millones en 2025.

Reforma pendiente en el Congreso

El plan de expansión anunciado por el Gobierno facilitará, según el Ministerio de Derechos Sociales, que las comunidades autónomas pongan en marcha los cambios estructurales previstos en la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.

Esa reforma se vincula también al nuevo artículo 49 de la Constitución, que refuerza el mandato de garantizar derechos e inclusión a las personas con discapacidad. El Ejecutivo sostiene que la nueva financiación permitirá avanzar hacia un modelo con más apoyos personalizados, más servicios de proximidad y mejores condiciones para quienes sostienen los cuidados.

En 2027, según los cálculos del ministerio, la inversión del Estado en dependencia será el doble que en 2025 y cinco veces superior a la de hace una década. Para Extremadura, la clave estará ahora en conocer cuánto recibirá finalmente la comunidad, cómo se distribuirán los fondos y qué efecto tendrá en las personas que esperan una prestación o un servicio.