Almaraz entra en el mes que marcará el futuro de sus 4.000 empleos y de toda una comarca

Almaraz entra en el mes que marcará su futuro. Julio será decisivo para la central nuclear cacereña, para los cerca de 4.000 empleos directos e indirectos que dependen de su actividad y para toda una comarca, el Campo Arañuelo, que lleva años pendiente de una decisión que puede alterar por completo su horizonte económico y social.

El Consejo de Seguridad Nuclear tiene previsto presentar en los primeros plenos de julio el informe técnico sobre la solicitud de prórroga planteada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la planta, para prolongar su funcionamiento hasta junio de 2030. Sin embargo, la decisión no será inmediata. El pleno del organismo se reúne semanalmente y la aprobación del dictamen, en caso de producirse, podría quedar para los últimos plenos del mes.

Vídeo | Bruselas repalda la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz

Ese calendario confirma que el futuro de Almaraz no se resolverá en una sola sesión, pero sí empezará a despejarse en las próximas semanas. Primero hablarán los técnicos. Después, los consejeros del regulador deberán estudiar el expediente y votar. Y, si el informe resulta favorable, la pelota pasará definitivamente al tejado del Gobierno, que tendrá la última palabra sobre la continuidad de la principal industria de Extremadura.

Una prórroga hasta 2030

La solicitud de las eléctricas busca retrasar el cierre de los dos reactores de Almaraz hasta junio de 2030. Según el calendario vigente, la unidad I debe desconectarse en noviembre de 2027 y la unidad II en octubre de 2028. La planta cacereña es, por tanto, la primera central nuclear afectada por el calendario de cierre pactado en 2019 entre el Gobierno y las compañías propietarias.

Por eso, la decisión sobre Almaraz va mucho más allá de Cáceres. Lo que ocurra con esta central marcará el camino del resto del parque nuclear español. Si se autoriza su continuidad hasta 2030, el calendario de cierre quedará políticamente alterado. Si no se concede la prórroga, el apagón nuclear comenzará en Extremadura.

En el sector energético se ha instalado la sensación de que el informe técnico puede ser favorable a la continuidad de la central. Las propietarias no esperan grandes exigencias adicionales de inversión ni condiciones que hagan inviable la prórroga. La planta ya superó su última revisión periódica de seguridad y las compañías defienden que está preparada para seguir operando con garantías.

Pero un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear no equivale automáticamente a una autorización. El dictamen es preceptivo y solo sería vinculante si fuera negativo. Si avala la continuidad, el Gobierno deberá decidir.

Las tres condiciones del Gobierno

El Ejecutivo ha repetido durante los últimos meses que cualquier prórroga de Almaraz deberá cumplir tres grandes condiciones. La primera, que no suponga una carga para los consumidores ni para los contribuyentes. La segunda, que el Consejo de Seguridad Nuclear avale todas las garantías de seguridad nuclear y radiológica. Y la tercera, que la continuidad de la central contribuya a la seguridad del sistema eléctrico.

Esas tres líneas rojas han servido al Gobierno para mantener abierta la puerta a una ampliación sin dar todavía un sí definitivo. Pedro Sánchez ha admitido la posibilidad de prolongar la vida de las centrales nucleares si se cumplen esas condiciones, mientras la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha insistido en que la decisión se tomará con rigor técnico y atendiendo a la seguridad del sistema.

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Sobre el papel, si el informe del regulador es favorable, si no plantea costes adicionales para los consumidores y si se acredita que Almaraz refuerza la estabilidad energética, el Gobierno tendría más difícil justificar una negativa desde el punto de vista técnico. Sin embargo, el desenlace no dependerá solo de los informes.

La presión política sobre Sánchez

La decisión llegará en un momento especialmente delicado para Pedro Sánchez. El PSOE atraviesa una etapa de fuerte desgaste político por los casos judiciales que afectan al entorno socialista y el presidente depende más que nunca de sus socios parlamentarios para intentar agotar la legislatura. Esa aritmética convierte la prórroga de Almaraz en una decisión incómoda para el Ejecutivo.

Sumar ha sido muy claro en su rechazo a prolongar la vida de las nucleares. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha venido advirtiendo que no va a "permitir una extensión de la vida útil de las centrales nucleares" porque, a su juicio, esa decisión "camina en dirección contraria al proyecto de transición ecológica del Gobierno".Sostiene que alargar la vida de las centrales restaría espacio al despliegue de las renovables e incumpliría compromisos adquiridos con inversores.

El motor del Campo Arañuelo

En Campo Arañuelo, el debate se vive con otra urgencia. Almaraz no es solo una central nuclear. Es el principal motor económico de la comarca y la industria más importante de Extremadura. Su actividad sostiene cerca de 4.000 empleos directos e indirectos y mantiene una red de empresas auxiliares, autónomos, comercios, alojamientos, hostelería y servicios que dependen en buena medida de la continuidad de la planta.

La incertidumbre pesa desde hace años sobre trabajadores y familias. Cada movimiento administrativo se sigue con atención en los municipios de una comarca que reclama alternativas reales antes de cualquier apagón.

La plataforma pide una decisión rápida

La plataforma "Sí a Almaraz, sí al futuro" lleva meses defendiendo la continuidad de la central y reclamando una decisión rápida si el informe técnico es favorable. Su presidente, Fernando Sánchez, alcalde de Belvís de Monroy, insiste en que la prioridad debe ser acabar cuanto antes con la incertidumbre.

"El Consejo de Seguridad Nuclear emitirá próximamente su informe técnico, que confiamos en que será positivo, y posteriormente el Gobierno deberá tomar la decisión final. Cuanto antes lo haga, mejor para todos. Confiamos en que sea así", señala.

Fernando Sánchez defiende además que la central ofrece las condiciones exigidas para seguir funcionando. "Ya hemos dicho que la central cumple los criterios de seguridad nuclear, garantía de suministro y estabilidad de precios y estamos convencidos de que está preparada para mantenerse en activo por muchos años más, igual que su gemela de North Anna, en Virginia", añade.