El convenio del campo vuelve a encallarse en Extremadura con 65.000 trabajadores a la espera de mejoras salariales

El convenio del campo, el que afecta a un mayor número de trabajadores en Extremadura, vuelve a quedar atrapado en una negociación que se prolonga ya durante más de año y medio. La mesa se constituyó en enero de 2025 con un clima inicialmente favorable, pero las diferencias entre sindicatos y organizaciones agrarias han impedido hasta ahora cerrar un nuevo texto para unos 65.000 trabajadores.

La última ofensiva sindical ha llegado de CCOO de Industria, que acusa a la patronal agraria de mantener bloqueado el acuerdo y advierte de que esta situación dificulta todavía más la contratación de mano de obra para las campañas. El sindicato vincula la falta de trabajadores que denuncian las organizaciones empresariales con unos empleos marcados por la temporalidad, el esfuerzo físico y salarios que, en buena parte de las categorías, se mantienen pegados al mínimo legal.

La negociación no está, sin embargo, en sus primeros pasos. En septiembre de 2025, sindicatos y patronal celebraron su novena reunión sin alcanzar un pacto. Entonces quedaron señalados cuatro grandes puntos de fricción: la adaptación de los salarios al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la jornada laboral, la compensación durante las bajas y la incorporación de las tablas salariales al propio convenio.

Desde entonces, la situación apenas ha dado señales públicas de avance. En abril de este año, con el inicio de las campañas agrícolas CCOO volvió a pedir que se reactivara la mesa y cifró en unos 30 euros la distancia que separaba a las partes en materia salarial. Tres meses después, el sindicato denuncia que sigue sin existir voluntad suficiente para cerrar el acuerdo.

Un convenio caducado desde 2024

El texto que regula actualmente las relaciones laborales en el campo extremeño se publicó en junio de 2022 y fijó su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. Abarca explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas, viveros y centrales hortofrutícolas, además de determinadas industrias vinculadas a productos de la propia explotación.

El vencimiento no significa que los trabajadores hayan quedado sin protección. El marco anterior continúa sirviendo de referencia mientras se negocia su sustitución y el SMI debe aplicarse con independencia de que exista o no un nuevo pacto. Sin embargo, la ausencia de un texto actualizado impide introducir mejoras propias del sector, aclarar conceptos salariales y ordenar cuestiones como las jornadas, los descansos, las horas extraordinarias o la estabilidad de las contrataciones.

En 2026, el salario mínimo está fijado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas o 40,70 euros diarios. Una tabla difundida por UGT para el campo extremeño sitúa el salario base de un peón agrícola en esa cuantía y eleva la remuneración mensual a 1.424,50 euros cuando se prorratean las pagas extraordinarias. Para quienes cobran por jornadas, establece como referencia 64,39 euros al día en una semana distribuida de lunes a sábado.

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El problema es que estas actualizaciones no se han incorporado todavía a un nuevo convenio consensuado y publicado oficialmente. Los sindicatos consideran imprescindible que las tablas aparezcan con claridad para que cualquier trabajador pueda comprobar cuánto debe cobrar. Durante la reunión de septiembre, CCOO y UGT calificaron esta cuestión como una "línea roja", mientras Apag Extremadura Asaja y Asaja mostraron sus reservas por los conflictos jurídicos surgidos con textos anteriores.

La falta de trabajadores, en el centro

La escasez de mano de obra figura entre las grandes preocupaciones del sector desde que comenzó la negociación. Las organizaciones agrarias plantearon en enero de 2025 flexibilizar las horas extraordinarias para atender los picos de actividad y reclamaron la puesta en marcha de la tarjeta profesional agraria, que concentraría la formación y los datos laborales de cada empleado. Apag Extremadura Asaja aseguraba entonces que la subida del SMI no debería convertirse en un obstáculo porque su aplicación era obligatoria.

CCOO sostiene ahora que no se puede reclamar la llegada de trabajadores, incluidos temporeros extranjeros, y al mismo tiempo frenar el instrumento que debería mejorar sus condiciones. A su juicio, la dificultad para cubrir campañas no responde únicamente a factores demográficos o a la dureza del trabajo, sino también a la escasa capacidad del sector para ofrecer estabilidad, salarios por encima del mínimo y perspectivas profesionales.

El sindicato reclama que el nuevo acuerdo incluya retribuciones dignas, mayor seguridad, formación y alojamientos adecuados durante las campañas. También pide que el SMI sea considerado el punto de partida de la negociación y no el máximo al que pueden aspirar los jornaleros.

La situación devuelve al campo extremeño a un escenario conocido. El convenio anterior necesitó alrededor de 18 meses de conversaciones y una huelga sectorial antes de alcanzar un acuerdo. La nueva negociación comenzó con la intención de evitar otro conflicto prolongado, pero ha acabado superando ya aquel plazo sin que exista todavía un pacto para sustituir un texto caducado hace más de un año y medio.