PP y Vox preparan el presupuesto de Extremadura para 2027 mientras ultiman aprobar el de este año

Es, cuanto menos, un escenario singular. La Junta de Extremadura ha puesto en marcha la maquinaria para elaborar los presupuestos autonómicos de 2027 con los de este año aún sin aprobar. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado ya la orden de Hacienda que fija las normas, la documentación y los plazos que deberán seguir las consejerías, organismos y entidades del sector público para preparar el anteproyecto del próximo ejercicio, al mismo tiempo que las cuentas de 2026 encaran su recta final en la Asamblea.

El solapamiento no responde a una anomalía técnica, sino al choque entre los tiempos administrativos y políticos: la Administración no puede esperar a que termine un ejercicio para preparar el siguiente. Los presupuestos se elaboran con meses de antelación, deben recoger previsiones de ingresos, necesidades de gasto, objetivos por programas, fondos europeos, plantillas, inversiones y propuestas normativas.

De hecho, en el caso de Extremadura el Estatuto de Autonomía ya establece que el anteproyecto de ley de presupuestos debe registrarse en la Cámara antes del 15 de octubre, para poder culminar la tramitación con tiempo suficiente de que las nuevas cuentas entren en vigor el 1 de enero y no haya prórrogas.

Adelanto electoral

Lo singular, en este caso, no es que Hacienda abra ya el proceso de 2027, sino que lo haga mientras el presupuesto de 2026 sigue pendiente de aprobación definitiva. El origen está en la crisis presupuestaria que llevó a María Guardiola a disolver la Asamblea de forma anticipada ante la falta de apoyos para sacar adelante las cuentas.

Las elecciones autonómicas del 21 de diciembre abrieron después un periodo prolongado de negociación, con una investidura dilatada y un acuerdo final entre PP y Vox ya entrada la primavera. Ese retraso desplazó todo el calendario: el proyecto de presupuestos de 2026 no llegó a la Cámara hasta finales de mayo y su aprobación definitiva se ha ido a fechas a todas luces inusuales: será el colofón del cierre del curso político en pleno verano.

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La recta final

Este lunes, 13 de julio, la Mesa de la Comisión de Hacienda y Presupuestos tiene previsto calificar y admitir a trámite las enmiendas parciales registradas al proyecto de ley de 2026. Los grupos parlamentarios han presentado 683 propuestas, que mueven partidas por más de 1.120 millones de euros sobre unas cuentas récord que alcanzan los 8.854 millones. El PSOE ha registrado 339 enmiendas; Unidas por Extremadura 305; el PP 32 y Vox, siete.

A partir de ahora se activa una secuencia parlamentaria ya muy tasada, que culminará los días 23 y 24 de julio en la Comisión de Hacienda con la elaboración del dictamen y la decisión sobre qué enmiendas quedan reservadas para su defensa ante el pleno. El lunes 27, la Mesa y la Junta de Portavoces ordenarán el debate final, fijado para los días 29 y 30 de julio. Sin sorpresas, el presupuesto de 2026 saldrá adelante gracias a la mayoría de PP y Vox.

El coste del retraso

La aprobación de las cuentas a finales de julio tiene una lectura política clara, pero también efectos sobre la gestión. Un presupuesto aprobado en verano obliga a concentrar en pocos meses decisiones que normalmente se reparten a lo largo de todo el año.

El presupuesto de 2026 debía haber regido desde el 1 de enero. Si se aprueba definitivamente el 30 de julio y se publica después en el DOE, entrará en vigor con más de medio ejercicio ya consumido. Eso no invalida sus créditos ni impide su aplicación, pero reduce de forma evidente el margen real para ejecutar nuevas inversiones, convocar ayudas, licitar contratos o activar programas que no estuvieran ya en marcha bajo la prórroga.

El margen contable llega hasta el cierre del ejercicio, pero el margen administrativo es más estrecho: cada expediente requiere informes, fiscalización, aprobación, contratación o convocatoria, y muchos proyectos no se convierten en gasto efectivo de un día para otro. Por eso el retraso no es solo una cuestión de calendario parlamentario, tiene consecuencias sobre la capacidad de ejecución. Las partidas nuevas o reforzadas dispondrán de menos recorrido en 2026, y parte de su efecto puede quedar desplazado hacia compromisos plurianuales, incorporaciones de crédito o ejecución material en ejercicios posteriores.

Pero más allá de su impacto práctico, para el PP la aprobación de estas cuentas era una necesidad política. Guardiola justificó el adelanto electoral en la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos de 2026 con la anterior aritmética parlamentaria, de modo que culminar ahora su tramitación se convierte también en la forma de dar sentido a aquella decisión. Así, el debate de julio no solo cerrará un expediente presupuestario pendiente, sino que servirá para validar el argumento con el que el Ejecutivo autonómico defendió la convocatoria anticipada de las elecciones que abrieron el ciclo político autonómico en España.