El CSN respalda la continuidad de Almaraz tras un chequeo integral basado en 29 informes técnicos

El informe favorable aprobado por el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la continuidad de la central de Almaraz hasta junio de 2030 se ha sustentado en 29 documentos técnicos elaborados por 16 áreas especializadas pertenecientes a este organismo regulador. Un chequeo integral que se completa, según apunta el propio CSN en la nota remitida este jueves, con "la supervisión y el control continuo" que realiza de la planta cacereña. Un seguimiento destinado a "verificar el cumplimiento de las condiciones y compromisos que forman parte de la autorización de explotación vigente", que es la que permitió a la planta extremeña seguir operando a partir de 2020.

El dictamen técnico favorable "con condiciones" a la prolongación de la vida útil de Almaraz despeja el principal requisito en materia de seguridad, pero no supone todavía la autorización definitiva: el Gobierno deberá decidir en un plazo máximo de dos meses si acepta la solicitud presentada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la planta extremeña.

La decisión adoptada se fundamenta en la verificación "del correcto funcionamiento" de la instalación y en la constatación de que mantiene un "nivel de adecuado de seguridad" para continuar operando.

El pleno del CSN está conformado por cinco miembros (incluidos el presidente, Juan Carlos Lentijo, y la vicepresidenta, la extremeña Pilar Lucio). La decisión se ha adoptado por cuatro votos a favor y con una abstención, la de Francisco Castejón, doctor en ciencias físicas, y militante ecologista, que fue nombrado a petición de Podemos.

Valoración de la central

"Está decisión confirma que la central reúne las condiciones para operar hasta esa fecha con total seguridad", se ha argumentado en un comunicado remitido por la planta cacereña. En él reitera "su compromiso para seguir operando" de "una forma segura, fiable, eficiente y manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo".

Entre las cuestiones examinadas figuran el estado de envejecimiento de las estructuras, los sistemas y los componentes relacionados con la seguridad, el plan de gestión de vida y la calificación ambiental de los equipos. También se ha evaluado el grado de cumplimiento de los planes de acción y mejora derivados de la revisión periódica de la seguridad correspondiente al ciclo completo de diez años, que sirvió de base para la anterior renovación de la autorización, concedida en 2020 y todavía en vigor. Aquella autorización estableció un periodo de siete años para la unidad I y de ocho años para la unidad II.

Combustible gastado

Asimismo, el CSN ha analizado la capacidad de la central para gestionar el combustible gastado hasta 2030. La evaluación concluye que la construcción del ATI-100 proyectado, sumada a la capacidad de almacenamiento ya disponible, permitirá atender adecuadamente las necesidades de la instalación hasta la fecha solicitada por el titular.

El informe también aborda otros ámbitos relevantes, como la protección contra incendios y la gestión de los recursos humanos durante el mismo periodo. En relación con este último aspecto, se exige al titular que mantenga márgenes suficientes respecto a la dotación mínima de personal en los puestos vinculados con la seguridad.

En conjunto, el CSN propone conservar los límites y las condiciones de la autorización vigente, con dos "excepciones": una destinada "a matizar el alcance temporal de la renovación" y otra orientada a actualizar las revisiones vigentes de los Documentos Oficiales de Explotación. Además, incorpora una nueva condición específica, consistente en garantizar durante el periodo 2028-2030 una dotación adecuada de personal con funciones relacionadas con la seguridad.

El ministerio, a la espera

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indican que están a la espera de recibir el informe aprobado este jueves por el CSN. Siguiendo el procedimiento establecido, el departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, "estudiará" el dictamen "y toda la documentación que forma parte del expediente, antes de adoptar una decisión sobre la autorización de explotación de la central" más allá de los plazos inicialmente previstos, añaden, informa Efe.

El 30 de octubre pasado, las propietarias de la planta—Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitaron oficialmente extender la vida útil de sus dos reactores hasta el 8 de junio de 2030. Actualmente, las autorizaciones vigentes terminan el 1 de noviembre de 2027 para Almaraz I y el 31 de octubre de 2028 para Almaraz II.

Tres condiciones

El visto bueno del regulador, garantizando que la instalación cumple con todas las condiciones de seguridad, es una de las tres condiciones que ha puesto el Gobierno para considerar la prórroga de Almaraz. Las otras dos son que la continuidad esté justificada por las necesidades del sistema eléctrico y que no suponga ningún coste adicional para los ciudadanos. En relación a este último aspecto, la solicitud de las eléctricas no incluyó ninguna exigencia de contraprestación fiscal o de rebaja de la denominada ‘tasa Enresa’, como habían venido demandando con anterioridad a la formalización de su petición.

No vinculante

Los informes del Consejo de Seguridad Nuclear para la concesión de autorizaciones son siempre preceptivos y, además, vinculantes cuando tengan carácter negativo o denegatorio de una concesión. En cambio, si son positivos, no son de obligado cumplimiento (únicamente en lo relativo a las condiciones que establezcan). Por este motivo, será el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el que decida finalmente si se concede o no la prórroga.

Plazo

¿Cuándo se conocerá la decisión? Las empresas propietarias de la central solicitaron formalmente el 30 de octubre de 2025 la prórroga. En principio, el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas contempla un plazo máximo de seis meses para notificar la resolución. Sin embargo, esta misma normativa recoge la posibilidad de suspender el plazo hasta que el CSN emita su informe. Es a lo que se acogió el Gobierno que paralizó el procedimiento cuando quedaban dos meses para agotarlo. Es el tiempo que restaría ahora para tener una respuesta a la solicitud de las eléctricas propietarias de Almaraz, lo que nos llevaría a septiembre. Con una salvedad más que recoge la legislación, puede no haber resolución expresa en este periodo, en cuyo caso se entendería por desestimada la petición.