El CSN limita sus exigencias a Almaraz a garantizar personal y "cuestiones administrativas"

Aunque su elaboración sí era preceptiva, el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la renovación de la autorización para la central nuclear de Almaraz hasta 2030 solo habría sido vinculante para el Gobierno de haber tenido un sentido negativo. La única parte que sí es de obligado cumplimiento del informe conocido este jueves es la que atañe a las condiciones que establece para que la instalación pueda seguir operando en el caso de que finalmente reciba luz verde para ello del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es quien tiene la última palabra.

En este punto, según comunicó el CSN, la evaluación a la que su pleno ha dado luz verde plantea la continuidad “de los límites y condiciones” que establece el permiso vigente a día de hoy para la operación de la planta nuclear extremeña. Eso supone que se mantienen “como base” los requisitos asociados a la anterior renovación de la autorización para la central, que arrancó en 2020.

Dos "excepciones" y una "condición"

Solo establece dos “excepciones” y añade una condición a los condicionantes con los que ya funciona. Las primeras consisten en “matizar el alcance temporal de la renovación” y “actualizar las revisiones vigentes de los Documentos Oficiales de Explotación”. La condición es que la planta “mantenga los márgenes adecuados sobre la dotación mínima de personal para puestos relacionados con la seguridad” entre 2028 y 2030.

En el ámbito de los recursos humanos, durante los últimos meses la atención se ha centrado especialmente en los operadores de reactor y turbina. Estos profesionales desarrollan su labor en las salas de control, auténticos centros neurálgicos desde los que se supervisan y gestionan los principales procesos de una central nuclear.

La elevada especialización del puesto implica que la licencia obtenida para operar en una determinada central no permite ejercer esa misma función en otra instalación. Además, conseguir esta acreditación requiere un proceso formativo de aproximadamente dos años y medio.

Formación parada

La posibilidad de cierre de la central provocó que, por primera vez en más de cuatro décadas de funcionamiento de Almaraz, se interrumpiera la formación de nuevos operadores. Actualmente, sus dos salas de control cuentan con una plantilla de unos sesenta empleados, dimensionada conforme al vigente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Por tanto, una eventual prórroga de la autorización de explotación exigiría iniciar la formación de nuevo personal.

Fuentes del CSN puntualizaron ayer a EL PERIÓDICO EXTREMADURA que la condición impuesta “se refiere a todo el personal de la instalación que tiene funciones relacionadas con su seguridad, incluido el personal de la sala de control, pero también otros miembros de la plantilla”.

En cuanto a las dos “excepciones”, desde el regulador se especificó que se trata de “cuestiones administrativas. Se trata de la modificación de la fecha límite de explotación en la documentación del titular (hasta 2030, tal y como se solicita) y de la actualización para incorporar las revisiones vigentes de los Documentos Oficiales de Explotación”.

Desde la central cacereña no se entró a valorar estas condiciones, ya que, se argumentó, no se dispone del informe elaborado por el CSN y, por tanto, tampoco se conoce su contenido concreto.

Plazo de dos meses

Las compañías eléctricas propietarias de la central solicitaron formalmente el 30 de octubre de 2025 prolongar su funcionamiento hasta 2030. El Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas establece, con carácter general, un plazo máximo de seis meses para comunicar la resolución. No obstante, la propia norma permite suspender ese plazo mientras el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elabora su informe.

El Gobierno recurrió a esta posibilidad y paralizó el procedimiento cuando todavía quedaban dos meses para que venciera el plazo. Ese sería, por tanto, el tiempo disponible una vez reanudada la tramitación, de modo que la decisión ministerial podría demorarse, como máximo, hasta el próximo mes de septiembre.

La legislación contempla, además, una última salvedad: que no se dicte una resolución expresa dentro de ese periodo. En tal caso, la solicitud de prórroga se consideraría desestimada por silencio administrativo, lo que conduciría al cese de la actividad.

'Efecto dominó'

Por otro lado, si finalmente el Gobierno decide conceder la prórroga a Almaraz, esto puede provocar un 'efecto dominó' en el calendario de desmantelamiento del parque nuclear español. Actualmente, en virtud de lo acordado en 2019 entre Gobierno y eléctricas, el cese de las centrales españolas aún operativas está programado de forma gradual entre 2027 y 2035. Si la extremeña continúa hasta 2030, como ha avalado el CSN, y se mantiene el resto de fechas, se perdería este escalonamiento.

El nuevo plazo de Almaraz se solaparía con el de otras dos plantas: Ascó I (1 de octubre de 2030) y Cofrentes (30 de noviembre de 2030). El desmantelamiento de una nuclear es un trabajo que se prolonga durante años y que necesita de un volumen importante de mano de obra, gran parte de ella especializada, lo que haría difícilmente asumible acometer el inicio de cuatro unidades en tan poco espacio de tiempo, más el de Santa María de Garoña (Burgos) que, aunque en su tramo final, aún continuará ejecutándose. Eso obligaría posiblemente a reprogramar la distribución del calendario de ceses.