Greenpeace lleva la batalla por Almaraz hasta el Arco de Moncloa con una pancarta gigante: "Pedro, cumple tu palabra"

Activistas de Greenpeace se han colgado este viernes del Arco de Moncloa, en Madrid, para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que mantenga el calendario de cierre de las centrales nucleares y rechace la ampliación de la vida útil de Almaraz. Los participantes han desplegado una pancarta con el mensaje: "Pedro, cumple tu palabra. Di NO a las nucleares".

La acción se produce un día después de que el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable, aunque sujeto a condiciones, sobre una posible prórroga de la central cacereña. La organización ecologista recuerda que el dictamen se limita a establecer los requisitos técnicos y de seguridad que deberían cumplirse si se autorizara la continuidad de la planta, pero que la decisión política corresponde al Gobierno.

Greenpeace exige al Ejecutivo que respete el calendario acordado en 2019 con las compañías eléctricas, que establece que Almaraz I deje de funcionar en noviembre de 2027 y Almaraz II en octubre de 2028. Las propietarias de la central han solicitado ampliar la explotación de ambos reactores hasta 2030.

Detenidos

A raíz de la protesta, la policía ha detenido y llevado a dependencias policiales a 9 activistas. Desde Greenpeace han informado a mediodía de este viernes que se encuentran a la espera de prestar declaración y de conocer los cargos que se les imputan, así como de saber si van a quedar en libertad o si pasarán a disposición judicial.

Francisco del Pozo, responsable de la campaña de energía en Greenpeace, ha señalado que "realizar una protesta pacífica contra Almaraz es totalmente lícito". "La gente se está muriendo, literalmente, por el calor y el fuego y no podemos demorar más la transición energética urgente. Pedro Sánchez no puede ceder al chantaje nuclear cuando sus tres premisas para extender Almaraz ya han caído: el suministro está garantizado por las renovables, la prórroga aumentará las emisiones y costará más de 3.800 millones de euros a la ciudadanía", ha agregado.

La decisión corresponde al Gobierno

La organización sostiene que el informe del CSN no obliga al Ejecutivo a conceder la prórroga, ya que únicamente sería vinculante si fuera desfavorable. Por ello, insiste en que el Gobierno mantiene la potestad para aceptar o rechazar la petición presentada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la instalación.

"Pedro Sánchez no puede ceder al chantaje nuclear cuando sus tres premisas para extender Almaraz ya han caído: el suministro está garantizado por las renovables, la prórroga aumentará las emisiones y costará más de 3.800 millones de euros a la ciudadanía", ha señalado la directora de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña.

Saldaña ha defendido que mantener el calendario supondría continuar con la transición hacia un modelo basado en la eficiencia y las energías renovables, en lugar de "rescatar artificialmente reactores obsoletos" con más de cuatro décadas de funcionamiento.

Greenpeace considera además que cualquier decisión debe ser coherente con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y con el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, dos documentos que incorporan el cierre progresivo del parque nuclear español.

Un sobrecoste de 3.831 millones

La entidad ecologista asegura que prolongar el funcionamiento de Almaraz tendría consecuencias económicas para los consumidores. Según un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat Politècnica de Catalunya encargado por Greenpeace, la extensión de la central podría provocar un sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros en la factura eléctrica hasta 2033.

También sostiene que la continuidad de la planta podría frenar inversiones por valor de 26.130 millones de euros en proyectos eólicos, solares y de almacenamiento energético. A medio plazo, añade, se generarían hasta 12,3 millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono.

Greenpeace defiende igualmente que el sistema eléctrico podría afrontar el cierre de la central, ya que, según sus cálculos, el 96,4% de la electricidad producida por Almaraz podría ser sustituida por fuentes renovables inmediatamente después de su desconexión.

La organización denuncia asimismo que la rigidez de la generación nuclear obliga actualmente a desaprovechar alrededor de 3,8 teravatios hora anuales de producción renovable, al no poder incorporarse a la red en determinados momentos.

El riesgo de un cierre simultáneo

Otro de los argumentos de Greenpeace es que retrasar el cierre de Almaraz hasta 2030 provocaría la desconexión simultánea de cuatro reactores: Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes. En conjunto, supondría retirar de una sola vez unos 4.000 megavatios de potencia.

La organización teme que este "efecto embudo" pueda ser utilizado posteriormente por las eléctricas para solicitar nuevas ampliaciones y retrasar de manera indefinida el calendario de cierre nuclear.

"El futuro, la autonomía y la seguridad energética de España no residen en reactores nucleares con más de 40 años, sino en un sistema 100% renovable, eficiente y flexible", ha afirmado el responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Francisco del Pozo.

Del Pozo ha reclamado una transición energética "limpia y descentralizada", diseñada para atender las necesidades de la ciudadanía y no los intereses de las grandes compañías eléctricas.

Rechazo ecologista a la prórroga

La posición de Greenpeace ha sido respaldada por Ecologistas en Acción, Alianza Verde, WWF España y SEO/BirdLife, que coinciden en que el informe favorable del CSN no obliga al Gobierno a ampliar la vida de Almaraz.

El coordinador de Alianza por el Clima, Javier Andaluz Prieto, ha señalado que el dictamen solo analiza cuestiones técnicas y ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que respete la planificación energética vigente. También ha advertido de que prolongar la actividad de la central frenaría el desarrollo renovable y agravaría el problema de los residuos radiactivos.

El coordinador federal de Alianza Verde, Juan López de Uralde, ha asegurado que una prórroga supondría "cargarse la transición verde", mientras que WWF y SEO/BirdLife han pedido mantener las fechas de cierre previstas y valorar los efectos ambientales, sociales y económicos de la continuidad de la central.