Atención social
La nueva financiación de la dependencia podría crear 2.096 empleos en Extremadura
El Ministerio de Derechos Sociales prevé que el incremento de fondos permita atender a 8.132 personas más y reducir en 2.845 la lista de espera hasta 2027

Una trabajadora acompaña a una persona mayor en un centro asistencial. / EFE

Extremadura recibirá 114 millones de euros adicionales del Estado para financiar la dependencia durante 2026 y 2027, un incremento con el que el Gobierno central calcula que podrían crearse 2.096 empleos, incorporarse 8.132 nuevos beneficiarios y reducirse en 2.845 personas la lista de espera.
La aportación se repartirá en 38 millones de euros adicionales en 2026 y otros 76,2 millones en 2027, dentro del aumento de los fondos que la Administración General del Estado transfiere a las comunidades autónomas por las personas que tienen reconocida una prestación de dependencia y en función del grado asignado.
El refuerzo forma parte de las medidas aprobadas esta semana para aumentar la financiación estatal del sistema. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad, mientras que la Cámara Baja también ha convalidado el real decreto ley aprobado por el Gobierno a finales de junio para elevar la aportación correspondiente al nivel mínimo.
Suben las cuantías del nivel mínimo
Las nuevas cantidades comenzaron a transferirse a las comunidades autónomas durante el mes de julio y han aumentado de media un 82%. La subida beneficia especialmente a las personas con situaciones de dependencia más severas, ya que las cuantías correspondientes al grado II se incrementan un 100% y las del grado III lo hacen un 128%.
El Consejo de Ministros también ha aprobado la aportación económica que se distribuirá este año mediante el nivel acordado, la otra vía de financiación estatal de la dependencia. Esta partida aumentará en 120 millones de euros en 2026 y sumará otros 120 millones en 2027.
Con el incremento del nivel mínimo y del nivel acordado, el Ejecutivo prevé transferir a las comunidades autónomas 6.200 millones de euros más durante los dos próximos años respecto a las cantidades fijadas en el último presupuesto de 2023. La aportación estatal alcanzará 5.513,8 millones en 2026 y 7.239,4 millones en 2027.
Hasta 115.000 empleos en España
El Ministerio de Derechos Sociales estima que la ampliación de la financiación permitirá incorporar a 417.000 nuevos beneficiarios en toda España y reducir en 71.000 personas la lista de espera para 2027. También calcula que las comunidades autónomas podrán contratar más personal para sus servicios y que el sector podría generar entre 107.735 y 115.050 puestos de trabajo.
En el caso de Extremadura, la previsión sitúa la creación de empleo en 2.096 puestos. La nota ministerial no detalla qué perfiles profesionales se incorporarían, cómo se repartirían las contrataciones entre los distintos servicios ni el calendario previsto para cubrir esos puestos.
Mejores condiciones para las trabajadoras
El Gobierno plantea que el aumento de los recursos se traduzca también en una mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector, integrado mayoritariamente por mujeres. Entre los objetivos señalados por el Ministerio figuran unos salarios más altos, mayor estabilidad y mejor formación.
Aunque Derechos Sociales no tiene competencias para negociar los convenios colectivos, el departamento ha iniciado una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para trasladarles la información sobre la nueva financiación y favorecer que el incremento de los fondos pueda repercutir en las condiciones laborales del personal dedicado a la atención a la dependencia.
La reforma aprobada por el Congreso incorpora, además, más servicios y prestaciones, medidas para reducir la burocracia y el compromiso de que la Administración General del Estado aporte el 50% de la inversión pública destinada al sistema.
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