Unidas por Extremadura propone una oficina anticorrupción que multaría con hasta 100.000 euros

Unidas por Extremadura quiere poner a prueba el compromiso de PP y Vox contra la corrupción. La formación ha registrado en la Asamblea una propuesta de ley para crear la Oficina Extremeña contra el Fraude y la Corrupción, un organismo independiente destinado a prevenir, investigar y denunciar irregularidades en la gestión del dinero público y que podría imponer multas de hasta 100.000 euros.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha defendido este viernes que la nueva oficina “no viene a generar más burocracia”, sino a “proteger el dinero de los extremeños y las extremeñas” frente al despilfarro, el fraude y las prácticas corruptas dentro de las administraciones públicas.

Según ha explicado, se trataría de una herramienta “muy útil para evitar que la corrupción campe a sus anchas”, similar a las que ya funcionan en comunidades autónomas como Andalucía, Baleares, Navarra y la Comunidad Valenciana.

“Queremos ver si el Partido Popular y Vox, que ahora parecen tan adalides de la lucha contra la corrupción, están decididos a hacer algo”, ha señalado De Miguel, quien ha emplazado a ambos partidos a apoyar la tramitación de la iniciativa.

La dirigente de Unidas ha asegurado que ante los casos de corrupción existen dos caminos: “utilizarla como arma arrojadiza contra el adversario político” o crear mecanismos que impidan que el dinero público “se malgaste y se derroche”.

“Nosotros somos de la segunda opción”, ha afirmado antes de reclamar la puesta en marcha de una herramienta que considera “la más útil y eficaz para luchar contra la corrupción en las administraciones públicas”.

Prevención e investigación

La propuesta de ley atribuye a la oficina funciones relacionadas con la prevención de la corrupción, entre ellas la elaboración de códigos éticos y de buenas prácticas, la formación en integridad pública y la identificación de posibles deficiencias en el funcionamiento de las instituciones.

También podría desarrollar investigaciones sobre posibles irregularidades, colaborar con otras administraciones y organismos públicos y garantizar la protección de las personas denunciantes.

“Hay que identificar dónde podemos mejorar para que el dinero público no se vaya a donde no se debe”, ha explicado De Miguel, quien ha reclamado a las instituciones mayor transparencia y una verdadera “cultura contra la corrupción”.

La oficina estaría dirigida por una persona elegida por la Asamblea de Extremadura mediante una mayoría de tres quintos. El candidato tendría que acreditar más de diez años de experiencia en la prevención y lucha contra la corrupción y estaría sometido a un régimen estricto de incompatibilidades.

La propuesta contempla además que la dirección del organismo disponga de independencia e inamovilidad durante su mandato para evitar posibles injerencias políticas.

Denuncias anónimas y sanciones

La norma plantea la creación de un canal específico para que cualquier ciudadano pueda presentar denuncias, quejas o sugerencias relacionadas con posibles irregularidades en la gestión pública. También se admitirían las denuncias anónimas.

El régimen sancionador distinguiría entre infracciones muy graves, graves y leves. Entre las muy graves figurarían la obstrucción de investigaciones, las represalias contra denunciantes o la presentación deliberada de denuncias falsas. Las multas oscilarían entre 30.001 y 100.000 euros.

Las infracciones graves, como impedir la presentación de una denuncia o incumplir el deber de colaboración con la oficina, serían castigadas con sanciones de entre 3.001 y 30.000 euros.

Por último, conductas como no comunicar hechos que deban denunciarse obligatoriamente o contestar fuera de plazo a los requerimientos del organismo serían consideradas leves y podrían conllevar un apercibimiento o multas de entre 300 y 3.000 euros.

De Miguel ha defendido que la creación de este organismo debería convertirse en un asunto de consenso entre los grupos parlamentarios para reforzar la transparencia y garantizar un mejor uso de los recursos públicos.