Adenex avisa de un nuevo frente judicial si Almaraz sigue hasta 2030

El futuro de la central nuclear de Almaraz podría volver a decidirse en los tribunales. La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, Adenex, ha advertido de que recurrirá a la Justicia si el Gobierno autoriza una prolongación de la actividad que suponga incumplir el calendario de cierre nuclear acordado en 2019.

La organización ecologista ha reaccionado después de que el Consejo de Seguridad Nuclear haya informado favorablemente sobre la petición presentada por Iberdrola, Endesa y Naturgy para ampliar durante dos años y medio el funcionamiento de la instalación cacereña, hasta el 8 de junio de 2030.

Adenex subraya, sin embargo, que el pronunciamiento del organismo regulador constituye solamente un informe técnico previo sobre seguridad nuclear y protección radiológica. Su contenido no obliga al Ejecutivo a aceptar la solicitud de las compañías, ya que la decisión definitiva continúa en manos del Gobierno central.

La asociación insiste por ello en que la continuidad de Almaraz hasta 2030 todavía no está autorizada. El informe del Consejo de Seguridad Nuclear representa un paso necesario dentro del procedimiento, pero no supone por sí mismo la concesión de una nueva licencia de explotación.

Un informe sin unanimidad y con condiciones

Adenex pone el foco en que el informe no ha sido aprobado por unanimidad y contiene advertencias y exigencias relacionadas con el funcionamiento de la central. Según la interpretación realizada por la organización, el regulador reconoce la fatiga y el envejecimiento de estructuras, sistemas y componentes de seguridad, aunque considera adecuado el plan previsto para gestionar su deterioro.

Ese programa parte del documento preparado para la autorización concedida en 2020, que contemplaba un horizonte de diez años. La asociación recuerda que finalmente se aprobaron periodos inferiores, de siete años para la unidad I y de ocho para la unidad II.

El Consejo de Seguridad Nuclear introduce además una nueva condición relacionada con la plantilla. La central deberá garantizar una dotación de personal dedicada a funciones de seguridad superior al mínimo establecido, junto con los recursos económicos y los equipamientos necesarios.

Adenex considera que esta exigencia evidencia la necesidad de reforzar la cultura de seguridad de la instalación. La organización también señala que no ha existido consenso sobre el proceso de revisión ni sobre los plazos durante los que podría prolongarse la explotación.

Otra de sus principales críticas se dirige a los planes de emergencia nuclear exteriores. La asociación lamenta que las evaluaciones no tengan suficientemente en cuenta, según sostiene, las medidas de actuación que afectarían a las poblaciones y territorios situados fuera del recinto industrial.

El calendario pactado en 2019

El argumento central de Adenex se encuentra en el calendario de cierre firmado en 2019 entre el Gobierno y las compañías propietarias de las centrales nucleares españolas. La entidad defiende que ese acuerdo sustenta una política energética de Estado y forma parte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

La organización entiende que una autorización contraria a ese compromiso podría abrir un nuevo procedimiento judicial. Como precedente menciona el conflicto relacionado con la central burgalesa de Santa María de Garoña, cuyas autorizaciones de explotación dieron lugar a diferentes litigios.

Adenex sostiene que una central nuclear "no es una industria cualquiera" y reclama que la decisión sobre Almaraz no se limite a valorar su producción eléctrica o su repercusión económica. También pide tener en cuenta el envejecimiento de sus instalaciones, los incidentes no programados y los riesgos asociados a las radiaciones ionizantes.

La asociación ha anunciado además la publicación de un trabajo titulado "Amanecer sin Almaraz", en el que analiza el funcionamiento de la planta y los efectos que atribuye a esta tecnología sobre los trabajadores, la población y el entorno.

El empleo y la permanencia de los residuos

En el ámbito laboral, Adenex cifra en 820 personas el número de trabajadores vinculados a la central, de los que 325 pertenecen a la plantilla directa. La asociación considera que la llegada de nuevos proyectos industriales de una escala semejante podría generar puestos indirectos e inducidos y amortiguar las consecuencias económicas del cierre programado.

La entidad recuerda también que el cese de la producción y el posterior desmantelamiento no supondrían la desaparición inmediata de la instalación. Los residuos radiactivos permanecerían en el emplazamiento durante décadas, por lo que la zona continuaría vinculada a su gestión y vigilancia previsiblemente hasta finales de siglo.

Adenex rechaza igualmente que la energía nuclear resulte imprescindible para complementar la producción renovable. A su juicio, las centrales no cuentan con la flexibilidad necesaria para ajustar rápidamente su generación a las variaciones de la energía solar y eólica.

Almacenamiento y autoconsumo como alternativa

Frente a la prolongación de Almaraz, la organización apuesta por reforzar el almacenamiento energético, las baterías y el autoconsumo comunitario e industrial. También reclama un mayor impulso a la construcción bioclimática y a las medidas de eficiencia energética.

Adenex advierte de que extender el funcionamiento de las centrales nucleares podría generar costes adicionales para los consumidores y provocar que se desaproveche parte de la electricidad producida por las instalaciones renovables cuando exista un exceso de generación.

La asociación concluye que el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear constituye únicamente una fase del procedimiento. La decisión política sigue correspondiendo al Gobierno y Adenex mantiene abierta la vía judicial si el Ejecutivo modifica el calendario de cierre acordado.