En libertad con cargos los activistas de Greenpeace que desplegaron una pancarta en Madrid por la central de Almaraz

Los nueve activistas de Greenpeace que fueron detenidos este viernes por colgar una pancarta en el Arco de Moncloa de Madrid sobre el cierre de Almaraz han sido puestos en libertad con cargos. Los participantes de la organización se colgaron del monumento para desplegar un enorme cartel que reclamaba al Gobierno de Pedro Sánchez mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares y rechazar la ampliación de la vida útil de la Central de Almaraz. "Pedro, cumple tu palabra. Di NO a las nucleares", era el mensaje que figuraba en pleno Arco de la Victoria.

La acción se producía un día después de que el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable, aunque sujeto a condiciones, sobre una posible prórroga de la central cacereña. La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, subraya que la detención durante "más de 24 horas", así como la puesta a disposición judicial y la imputación de cargos, representa una "represión injustificada contra el activismo climático" y tacha de "desproporcionada" la respuesta policial, según ha informado la organización en un comunicado.

"La protesta pacífica no es un delito, sino un derecho fundamental y una herramienta democrática", manifiestan los ecologistas, que aseguran que las medidas judiciales no frenarán su determinación "para exigir una transición energética urgente, justa y sin las hipotecas económicas y ambientales de la energía nuclear".

Greenpeace recuerda el caso del Cercle en Barcelona, donde los tribunales dictaminaron la absolución de los activistas porque reconoció que las protestas para exigir una recuperación verde y justa eran legítimas, pero determinan que "sigue dándose una persecución sistémica a quienes denuncian de forma pacífica la inacción política y las presiones del oligopolio energético".

Exigen que se cumpla el calendario original

El informe a favor de la prórroga de la central se ha sustentado en 29 documentos técnicos elaborados por 16 áreas especializadas pertenecientes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Un chequeo integral que se completa, según apunta el propio CSN en la nota remitida este jueves, con "la supervisión y el control continuo" que realiza de la planta cacereña. Un seguimiento destinado a "verificar el cumplimiento de las condiciones y compromisos que forman parte de la autorización de explotación vigente", que es la que permitió a la planta extremeña seguir operando a partir de 2020.

La organización ecologista recuerda que el dictamen se limita a establecer los requisitos técnicos y de seguridad que deberían cumplirse si se autorizara la continuidad de la planta, pero que la decisión política corresponde al Gobierno. "La gente se está muriendo, literalmente, por el calor y el fuego y no podemos demorar más la transición energética urgente. Pedro Sánchez no puede ceder al chantaje nuclear cuando sus tres premisas para extender Almaraz ya han caído: el suministro está garantizado por las renovables, la prórroga aumentará las emisiones y costará más de 3.800 millones de euros a la ciudadanía", expresaba Saldaña a través de un comunicado previo al episodio del Arco de Moncloa. Por ello, piden que respete el calendario acordado en 2019 con las compañías eléctricas, que establece que Almaraz I deje de funcionar en noviembre de 2027 y Almaraz II en octubre de 2028.

Además del sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros en la factura eléctrica (según un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat Politècnica de Catalunya), Greenpeace sostiene que la continuidad de la planta podría frenar inversiones por valor de 26.130 millones de euros en proyectos eólicos, solares y de almacenamiento energético y se generarían hasta 12,3 millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono.