Ocho de cada diez municipios extremeños ya tienen su escudo frente a los incendios

El grave incendio que ha afectado a varios municipios de Almería ha generado inquietud sobre la preparación de los ayuntamientos para responder cuando las llamas se aproximan a las viviendas. Los Gallardos y Bédar, dos de las localidades más castigadas, carecían de planes municipales de actuación frente a estas emergencias. El caso ha reabierto el debate sobre la capacidad de los pueblos (y las periferias de las ciudades) para anticiparse a un fuego que se acerca y proteger los espacios en los que el campo linda con las casas.

En Extremadura, 320 municipios disponen actualmente de un Plan Periurbano de Prevención de Incendios Forestales, según los datos actualizados facilitados por la Junta. El Ejecutivo autonómico sitúa la cobertura en el 84% de las localidades, algo más de ocho de cada diez. Los municipios restantes están tramitando sus documentos con la colaboración de las diputaciones provinciales.

Estas herramientas son obligatorias y tienen como finalidad reducir el riesgo para la población cuando un incendio forestal amenaza un núcleo habitado, la peor pesadilla de muchos vecinos de los entornos rurales durante el verano. Su cometido principal es preparar la franja situada alrededor de los cascos urbanos para dificultar el avance de las llamas y facilitar la intervención de los medios de extinción.

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La Junta trabaja con las diputaciones de Cáceres y Badajoz tanto en la tramitación de los documentos pendientes como en las actualizaciones que exige la normativa. Los planes deben adaptarse a los cambios urbanísticos, a la evolución de la vegetación y a las nuevas infraestructuras que puedan modificar el riesgo de cada municipio.

La obligación de contar con esta planificación está recogida en la Ley 5/2004 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, en el Decreto 260/2014 sobre prevención de incendios forestales y en la orden técnica del Preifex, el Plan de Prevención de Incendios Forestales de Extremadura.

Dos puntos de agua y cinco metros sin vegetación

La normativa no se limita a exigir que los municipios tengan aprobado un documento. Los planes deben traducirse en medidas concretas sobre el terreno para que los equipos puedan actuar con rapidez y para reducir la intensidad con la que el fuego alcanza las viviendas.

Cada núcleo urbano debe disponer de al menos dos puntos de agua aptos para los medios de extinción. Su distribución debe permitir que un camión autobomba o nodriza alcance alguno de ellos en un tiempo máximo de entre diez y quince minutos desde cualquier punto del perímetro de la localidad.

Los planes también deben diseñar una banda de protección alrededor del casco urbano. La normativa contempla una primera franja de cinco metros desprovista de vegetación, seguida de una zona sometida a tratamientos preventivos que puede alcanzar los 50 metros, aunque su diseño puede adaptarse a las características del terreno mediante una justificación técnica.

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Estos trabajos deben realizarse durante los meses de menor peligro y estar terminados o correctamente mantenidos antes del comienzo de junio y, en todo caso, antes de la época de riesgo alto de incendios.

La ejecución de las actuaciones corresponde inicialmente a los propietarios de los terrenos afectados. Cuando estos no las realizan, el ayuntamiento puede intervenir de manera subsidiaria y llevar a cabo los trabajos necesarios.

La frontera entre las casas y el monte

Los planes periurbanos se centran en la denominada interfaz urbano-forestal, el espacio en el que las viviendas, urbanizaciones o instalaciones municipales se encuentran con terrenos cubiertos de árboles, matorral u otra vegetación.

Esta zona resulta especialmente vulnerable porque el combustible vegetal puede conducir el fuego hasta las casas y complicar el trabajo de los equipos de emergencia. La cercanía entre el monte y los núcleos habitados obliga a planificar las actuaciones antes de que se declare un incendio.

Cada documento analiza las características concretas del entorno y determina qué trabajos son necesarios para disminuir el peligro. Entre sus contenidos figuran los accesos para los vehículos de extinción, la ubicación de los puntos de agua y los tratamientos preventivos que deben efectuarse sobre la vegetación.

El objetivo es crear alrededor de las localidades una zona preparada para que las llamas pierdan intensidad, encuentren menos combustible y puedan ser atacadas con mayor seguridad antes de alcanzar las viviendas.

Accesos para los equipos

Los caminos y entradas al núcleo urbano constituyen otro de los elementos esenciales. Deben permitir el paso y las maniobras de los vehículos de extinción, especialmente en pueblos pequeños, urbanizaciones aisladas o zonas rodeadas de monte.

Una vía estrecha, mal conservada o bloqueada por la vegetación puede retrasar la llegada de los medios o dificultar su salida si cambia la dirección del incendio. Por ello, los planes deben localizar los accesos y prever las actuaciones necesarias para mantenerlos operativos.

También deben identificar depósitos, hidrantes, piscinas u otros puntos desde los que los equipos puedan cargar agua. Conocer su localización y disponibilidad evita pérdidas de tiempo durante los primeros momentos de la emergencia.

Los documentos incluyen además tratamientos sobre árboles, matorral y restos vegetales. Entre las medidas posibles se encuentran los desbroces, las podas, la retirada del combustible acumulado y la creación de franjas con menor densidad de vegetación.

Estas actuaciones no impiden que se declare un incendio, pero pueden reducir su velocidad de propagación y la intensidad con la que alcanza las casas, las carreteras o las instalaciones públicas.

Planes que deben revisarse

La aprobación del documento no garantiza por sí sola la protección del municipio. Para que el plan sea efectivo, las actuaciones previstas deben ejecutarse, conservarse y actualizarse con el paso del tiempo. El crecimiento de la vegetación puede hacer que una franja previamente desbrozada vuelva a acumular combustible. Del mismo modo, una ampliación del casco urbano o la construcción de nuevas viviendas puede alterar la zona de contacto con el monte y obligar a modificar la planificación. Los ayuntamientos son los responsables de contar con estos instrumentos, aunque los municipios pequeños suelen tener mayores dificultades para disponer del personal técnico y de los recursos necesarios para redactarlos y aplicar sus medidas.

La cooperación con las diputaciones busca facilitar la culminación de los planes pendientes y la revisión de los que ya se encuentran aprobados. La Junta sostiene que este trabajo conjunto permitirá extender la planificación al conjunto de las localidades extremeñas.