El ‘boom’ del biometano se extiende por Extremadura entre inversiones y rechazo vecinal

El biometano ha pasado en apenas tres años de ser una tecnología prácticamente desconocida a situarse en el centro de un creciente debate económico, ambiental y territorial. La abundancia de residuos agrícolas, ganaderos y agroindustriales ha convertido a Extremadura en uno de los territorios con mayor potencial para desarrollar este gas renovable, despertando el interés empresarial y también la oposición de plataformas que alertan del impacto de que pueden generar estas instalaciones de grandes dimensiones.

La última fotografía oficial detallada ofrecida por la Junta se remonta a junio de 2025, cuando la Administración aseguró que tramitaba 18 expedientes en 14 municipios. La relación incluía Oliva de Plasencia, Villanueva de la Serena, Villafranca de los Barros, Mérida, Badajoz, Los Santos de Maimona, Solana de los Barros, Valdetorres, Alconera, Plasencia, Ribera del Fresno, Granja de Torrehermosa, Miajadas y Almendralejo.

El departamento responsable había llegado a tener más de 40 iniciativas sobre la mesa, aunque varias caducaron o quedaron descartadas al no completar sus promotores todos los trámites. Un año después, y a la espera de una actualización pública sobre cuántos expedientes siguen activos, la Asociación Española del Gas (Sedigas) habla de algo más de una veintena de solicitudes de conexión, si bien, esta cifra no tiene por qué coincidir con la de los procedimientos ambientales de la Junta.

Aunque en el debate público ambos términos se mezclan con frecuencia, biogás y biometano no son exactamente lo mismo. El primero se obtiene mediante la digestión anaerobia de purines, estiércoles, alperujos, lodos de depuradora y otros materiales orgánicos. Cuando ese gas se depura para eliminar el dióxido de carbono y elevar su concentración de metano hasta una calidad similar a la del gas natural, el resultado es biometano, que puede inyectarse en la red gasista. Por eso, muchos expedientes se presentan como plantas de biogás, aunque su finalidad sea producir biometano.

Potencial de 164 plantas

El estudio elaborado en 2023 atribuyó a Extremadura un potencial de producción de 12,7 teravatios hora al año, suficiente, según la asociación, para cubrir la demanda regional de gas natural y exportar el excedente. El cálculo se distribuyó entre 164 posibles instalaciones: 94 vinculadas a residuos agroganaderos y lodos de depuradoras, 54 a cultivos intermedios y 16 a biomasa forestal residual.

El presidente de Sedigas, Joan Batalla, señala que esas 164 plantas representan un potencial teórico basado en el aprovechamiento de todos los recursos disponibles y en un tamaño estandarizado de instalación. No se trata, por tanto, de una previsión de los proyectos que acabarán construyéndose. Para el horizonte de 2030, espera un desarrollo mucho más contenido. Las primeras instalaciones se concentrarían en zonas con elevada generación de residuos, como las áreas productoras de tomate, las comarcas porcinas o los municipios con estaciones depuradoras. El resto dependerá de la normativa, los incentivos y la extensión de la red gasista.

Batalla sostiene que no existe una cifra general que permita determinar cuántas instalaciones puede asumir Extremadura sin sufrir una saturación territorial. El cupo debe establecerse comarca a comarca, de acuerdo con la cantidad de materia prima disponible y la distancia necesaria para transportarla. «No hay un número mágico de plantas: el límite lo marca la disponibilidad real de residuos en cada comarca», afirma.

El aprovechamiento íntegro del potencial identificado movilizaría una inversión estimada de 3.224 millones de euros, a los que habría que añadir otros 338 millones para construir las conexiones necesarias. Las cifras corresponden al escenario máximo de 164 instalaciones y no a la veintena que el propio sector considera viable a medio plazo, por lo que el impacto real dependerá de cuántos proyectos superen la tramitación.

En este sentido, la estimación contempla unos 1.600 empleos directos y alrededor de 3.150 indirectos permanentes, además de los puestos temporales ligados a la construcción. Son cálculos asociados al escenario máximo y variarán según el tamaño, la capacidad y la tecnología de cada planta. El sector defiende, asimismo, que agricultores y ganaderos pueden obtener ingresos o ahorrar costes por la entrega de purines, estiércoles y restos vegetales. El digestato resultante puede emplearse como fertilizante si recibe el tratamiento adecuado.

Rechazo en los municipios

Frente a las oportunidades económicas que defienden, las plataformas ciudadanas insisten en que el problema no está en la biometanización como tecnología, sino en el tamaño y la ubicación de los proyectos. Las organizaciones surgidas en Miajadas y Granja de Torrehermosa comparten la necesidad de buscar una salida a los residuos, pero consideran que las plantas deberían ajustarse a la capacidad productiva de su entorno.

En Granja de Torrehermosa, Logos Genera Verde 1 promueve una instalación que plantea procesar unas 145.500 toneladas anuales de deyecciones ganaderas y residuos agroalimentarios. El proyecto provocó la creación de Stop Planta de Biogás, una plataforma que ha organizado movilizaciones junto al Ayuntamiento y ha cortado en dos ocasiones la N-432.

Su portavoz, Alejandro Montero, asegura que la organización no cuestiona el aprovechamiento energético de los residuos, sino la escala elegida. «Nadie está en contra de la biometanización. El problema viene cuando hablamos de la escala», explica. «Si en mi pueblo se producen 1.000 toneladas, se hace una planta para 1.000, no para casi 150.000», añade.

La plataforma teme que una industria de esas dimensiones necesite captar residuos en un radio muy amplio, con más tráfico pesado, olores y riesgos para el agua, el suelo y la calidad de vida. Montero considera que los pequeños municipios terminan siendo tratados como «zonas de sacrificio». Por ahora, la organización indica que todavía desconoce en qué punto está el procedimiento.

La contestación ha alcanzado una dimensión todavía mayor en Miajadas, donde se proyecta una planta con capacidad para tratar más de 164.000 toneladas anuales. Salvemos Miajadas calcula que se registraron entre 8.000 y 9.000 alegaciones, sumando las presentadas por particulares, asociaciones y administraciones. El pleno del Gobierno municipal aprobó además por unanimidad una moción contraria a la instalación.

Su portavoz, Mene Borrallo, insiste en que la plataforma no rechaza el biometano como tecnología, sino que el problema está en «cómo se está planteando». A su juicio, estas instalaciones deberían dimensionarse en función de los residuos que genera cada territorio y no convertirse en grandes centros de recepción de materia orgánica de otras comarcas.

Borrallo cuestiona además el impacto laboral que se atribuye a estos proyectos. «Durante la construcción puede haber empleo, pero después son plantas muy automatizadas», apunta, al tiempo que pone en duda que generen un beneficio estable para los municipios. El colectivo también teme que la necesidad de abastecer instalaciones de gran capacidad termine obligando a transportar residuos desde largas distancias, lo que, en su opinión, contradice el principio de economía circular. «Si tenemos un problema con los residuos habrá que solucionarlo, pero primero hay que reducirlos y después tratarlos cerca de donde se producen», defiende.

Procedencia de los residuos

Sedigas coincide con las plataformas en que el tamaño de las instalaciones debe guardar relación con los residuos disponibles en su área de influencia, pero rechaza que puedan sostenerse de manera habitual con materiales transportados desde otras provincias. Batalla considera que ese modelo no tendría sentido económico ni ambiental debido al coste de mover residuos con un elevado contenido en agua y a las emisiones generadas por los camiones.

«Traer residuos de fuera es simplemente inviable. Rompe la economía circular del proyecto y encarece su balance de emisiones», sostiene. Para la asociación gasística, la proximidad de la materia prima actúa como un límite natural al tamaño de las instalaciones, ya que una planta incapaz de abastecerse en un radio razonable perdería competitividad.

En concreto, no existe una distancia mínima estatal para todos los proyectos. Sedigas indica, como referencia orientativa, a entre 500 metros y un kilómetro de los núcleos urbanos, aunque cada caso debe analizarse según sus características, el tipo de residuos, la orografía y los sistemas empleados para evitar olores.

En la Asamblea

La expansión de estas iniciativas ha trasladado el conflicto desde los ayuntamientos hasta la Asamblea regional. En junio de 2025, la Junta defendió los proyectos como «pura economía circular» y resaltó que la primera planta autorizada, la de Almendralejo, había recibido «cero alegaciones». Un año después, las movilizaciones y miles de escritos registrados muestran que la contestación social se ha extendido.

El debate regresó a la Cámara autonómica el pasado mes de junio. El director general de Gestión Sostenible y Política Forestal, Juan Eloy Rodríguez Ucedo, garantizó que la Junta analizará los expedientes con «máximo rigor técnico, ambiental y jurídico» y rechazó tanto una autorización automática como un veto previo por motivos ideológicos.

El responsable autonómico defendió que Extremadura debe proteger su entorno, pero también atraer inversiones y fijar población, y preguntó a Unidas por Extremadura si la alternativa era regresar «al candil y el arado». La formación reclamó una estrategia autonómica y plantas de menor tamaño vinculadas a los lugares donde se generan los residuos.

El futuro del biometano dependerá de cuántos proyectos superen la evaluación ambiental, garanticen un suministro cercano y demuestren que sus beneficios compensan las molestias temidas. Extremadura tiene capacidad para convertirse en un polo de esta energía, pero ese desarrollo exigirá planificación, transparencia y participación municipal.