Un fallo para poner coto al nepotismo

La Sección 1ª de la Audiencia de Badajoz ha condenado a quien fuera presidente de la Diputación pacense durante una década y secretario general de los socialistas extremeños casi dos años, Miguel Ángel Gallardo, por dos delitos de prevaricación administrativa a la pena de 18 años de inhabilitación al considerar probado que, con su conocimiento, se amañó la contratación en la institución provincial de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del actual presidente del Gobierno, hechos por los que el director de orquesta también ha sido inhabilitado nueve años. Además, otras nueve personas, entre trabajadores y cargos públicos que participaron en el proceso, han recibido la misma condena que Sánchez.

El fallo, que descarta el tráfico de influencias, no incluye las elevadas penas de cárcel, hasta seis años, que solicitaban algunas acusaciones populares, ni la devolución de los ingresos obtenidos como coordinador de los conservatorios y, posteriormente, director de la Oficina de Artes Escénicas, y se sitúa en la escala baja de la pena. Pero supone, en cualquier caso, un golpe muy duro para el conjunto del PSOE por la relevancia de las personas afectadas y el carácter mediático del caso, con una indudable carga política sin el cual no se explicaría igual.

La llegada de David Sánchez en 2017 a Badajoz, tierra con la que no tenía ningún vínculo y para desarrollar tareas de mediana importancia, resultó desde el comienzo extravagante y nunca fue explicada, ni desde la institución provincial, que evidentemente utilizó un dinero público para su contratación, ni por él mismo, quien nunca se sintió movido a justificar su trabajo ante la sociedad extremeña que le pagaba, y que cuando se le ha requerido en sede judicial tampoco ha sabido hacerlo. Todo ello no ha contribuido a entender su presencia en la Diputación más allá de garantizarle unos ingresos económicos estables para lo cual fue necesario, según la Audiencia, armar un «plan delictivo». La falta de necesidad, la urgencia que rodeó la creación de su plaza y la poca exigencia de sus tareas, acomodadas a sus intereses personales según los magistrados, son algunos de los elementos subrayados en un fallo por unanimidad.

Tal y como hiciera durante la fase de instrucción la jueza Beatriz Biedma («apariencia de legalidad»), la sentencia no concede suficiente relevancia al hecho de que desde la institución provincial se cumplieran los trámites administrativos que desembocaron en la contratación de Sánchez («carácter cosmético»), aspecto que, en esencia, sí le sirvió desde el comienzo a la Fiscalía para no acusar. Tampoco considera relevante que la primera denuncia de Manos Limpias pusiera el acento en un presunto fraude fiscal del hermano del presidente del Gobierno tras fijar su residencia en Portugal, cuestión que pronto quedó descartada, pero a la que se añadieron otro tipo de indicios delictivos durante la instrucción. Por el contrario, los magistrados evidencian en su larga sentencia su interés por aclarar cualquier circunstancia que pudiera arrojar sombras sobre el proceso, como la legitimidad de las acusaciones populares (sean o no colectivos de oscuros intereses, a los que se unieron PP y Vox) o la incautación de correos por parte de la UCO, que han resultado decisivos.

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Las defensas de los condenados consideran que existen motivos suficientes para que sus anunciados recursos prosperen en los tribunales superiores por los que transcurrirá a partir de ahora el caso Sánchez. La propia Audiencia reconoce que, todavía hoy, ignora de quién partió la toma de decisión para contratar al músico; da por hecho que el presidente de una institución conoce desde el comienzo los detalles de los procesos de selección de los puestos de trabajo que se convocan; y hasta conjetura, pero evidentemente no puede probar, sobre el ánimo político de Gallardo: congraciarse con un Pedro Sánchez al que había dado las espalda en los procesos internos del PSOE.

Si uno no estuviera hoy en la Moncloa y si el otro no se hubiera puesto al frente de los socialistas extremeños en 2024 siete años después de la contratación objeto del proceso judicial, hoy no estaríamos hablando de este caso, lo que invita a una reflexión sobre la judicialización de la política. Pero ello no borra el pecado original de una contratación arbitraria a tenor de la sentencia, y la carga mediática de los implicados, lejos de jugar en contra para desacreditar la investigación, si de algo ha servido ha sido para poner luz sobre lo que nunca debió producirse.

Además, nada de esto debería ocultar el verdadero fondo del caso Sánchez y la profunda dimensión del fallo conocido esta semana, que tendría que marcar un punto de inflexión a la hora de poner coto a lo que realmente se está juzgando: el nepotismo que se practica con tanta asiduidad en las administraciones públicas de nuestro país, vinculado efectivamente en muchas situaciones al factor partidista, aunque no solo. Bienvenido sea por tanto el potente foco de este proceso si sirve para que los gobernantes tomen nota de las consecuencias que puede tener su comportamiento.

Gallardo, y el PSOE extremeño, han expresado su confianza en la Justicia durante estos dos últimos años. También lo han hecho ahora tras conocer el fallo, pese a no compartirlo, y es cierto que los tribunales no han dicho aún la última palabra, que podría ser favorables para los condenados. Es una actitud que les honra, pero que no ha sido seguida por otros dirigentes de su partido, empeñados en reducir a los jueces en brazos armados de sus adversarios políticos cuando sus decisiones no les favorecen. Esa reacción, que debilita mucho la democracia, revela además que no entienden lo que los ciudadanos esperan de ellos: actuar con rectitud y reconocer los errores.