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Consejo de Ministros

Estos son los principales cambios de la nueva ley del tabaco: dónde estará prohibido fumar

El proyecto amplía los espacios sin humo a terrazas, playas, piscinas e instalaciones deportivas y equipara los vapeadores al tabaco tradicional

Dos jóvenes fuman en una terraza.

Dos jóvenes fuman en una terraza. / Manu Mitru

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Fumar estará prohibido en terrazas de bares y restaurantes, playas marítimas y fluviales, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas y parques nacionales cuando entre en vigor la nueva ley del tabaco. La reforma también impedirá hacerlo a menos de 15 metros de los accesos a hospitales, colegios, universidades, edificios públicos y parques infantiles.

Las restricciones afectarán igualmente a los cigarrillos electrónicos, tengan o no nicotina, y a otros productos relacionados con el tabaco. La norma pretende adaptar la legislación al auge de los vapeadores y reforzar especialmente la protección de niños y adolescentes.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el proyecto de ley, que será remitido ahora a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria. Por tanto, las nuevas prohibiciones todavía no están en vigor y deberán superar primero el debate y la aprobación del Congreso y el Senado.

Playa de Orellana

Imagen de la playa de Orellana / Turismo Extremadura

La reforma modifica la Ley 28/2005 con tres objetivos principales: ampliar los espacios libres de humo, proteger a la infancia y la adolescencia y actualizar la normativa ante la aparición de nuevos productos que imitan o están asociados al acto de fumar.

Terrazas, playas y piscinas

La prohibición alcanzará a todas las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración, aunque estén completamente al aire libre. También se aplicará en las playas marítimas y fluviales, una de las principales novedades introducidas en la última versión del proyecto.

La relación de nuevos espacios sin humo incluye además las piscinas de uso colectivo, las instalaciones deportivas, los parques nacionales y los vehículos de trabajo, salvo cuando se utilicen exclusivamente de forma personal.

Tampoco se podrá fumar en recintos donde se celebren espectáculos públicos, como teatros, cines, conciertos y otros eventos, incluso cuando tengan lugar al aire libre.

El proyecto crea los denominados entornos de protección reforzada, en los que no se podrá fumar en un radio inferior a 15 metros alrededor de los accesos.

Esta distancia deberá respetarse en las entradas de edificios públicos, hospitales y centros sanitarios, centros sociales y educativos, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, centros culturales, instalaciones deportivas y parques o recintos infantiles.

Los responsables de estos espacios dispondrán de un plazo de dos meses para adaptar la señalización una vez que la ley entre en vigor.

Vapeadores

Otra de las modificaciones más importantes es la equiparación de los cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco. Los vapeadores, con o sin nicotina, estarán sometidos a las mismas restricciones que los cigarrillos convencionales.

Una joven vapeando.

Una joven vapeando. / El Periódico

Por tanto, tampoco podrán utilizarse en terrazas, playas, piscinas, instalaciones deportivas ni en el resto de espacios incluidos en la prohibición. La regulación afectará también a productos a base de hierbas para fumar, como las ‘shishas’, y a otros dispositivos que imiten el acto de fumar.

Las bolsas de nicotina quedarán fuera de esta equiparación en lo relativo a los espacios sin humo, aunque su consumo sí estará prohibido para los menores de edad.

Menores

La nueva ley prohibirá expresamente el consumo de tabaco y productos relacionados por parte de los menores de 18 años. Hasta ahora, la legislación impedía su venta y suministro, pero no recogía de forma específica la prohibición de consumirlos.

La medida se extenderá al tabaco convencional, los cigarrillos electrónicos, los productos a base de hierbas y las bolsas de nicotina.

El régimen sancionador contempla multas de entre 300 y 600 euros para las infracciones leves. En el caso de los menores, los padres o tutores legales podrán responder subsidiariamente, aunque la sanción económica podrá sustituirse por trabajos en beneficio de la comunidad.

Una persona fuma un cigarro.

Una persona fuma un cigarro. / EL PERIÓDICO

Cambios en los puntos de venta

La venta y el suministro de productos relacionados con el tabaco quedarán limitados a tiendas especializadas. Los requisitos concretos que deberán cumplir estos establecimientos se desarrollarán posteriormente mediante una orden ministerial.

Los estancos y comercios especializados tampoco podrán colocar publicidad o cartelería que sea visible desde el exterior. La norma refuerza además las restricciones a la promoción y el patrocinio del tabaco, los vapeadores y los dispositivos utilizados para su consumo.

La prohibición alcanzará también a determinados contenidos audiovisuales. No podrán emitirse programas o vídeos en los que presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando o mostrando estos productos, ni exhibirse marcas o logotipos vinculados a ellos.

Sin empaquetado genérico por ahora

El proyecto aprobado por el Gobierno no incorpora de momento la obligación de utilizar un empaquetado genérico para las cajetillas. Sanidad pretende intentar introducir esta medida durante la tramitación parlamentaria.

Tampoco se incluye todavía la prohibición de los vapeadores desechables, pendiente de un informe favorable de la Comisión Europea.

La reforma recupera además el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, eliminado en 2014. Este órgano propondrá iniciativas, establecerá objetivos para reducir el consumo y elaborará informes sobre la aplicación de la norma.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el proyecto permitirá avanzar en el derecho a respirar aire limpio y adaptar la legislación a los nuevos hábitos de consumo. Según los datos del Ministerio, el tabaquismo provoca unas 50.000 muertes al año y las nuevas medidas podrían generar un ahorro sanitario directo de entre 100 y 200 millones de euros anuales

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