Consejo de Gobierno
La Junta de Extremadura rescinde el contrato de los centros de transporte pero aún no hay solución para los 56 trabajadores
La concesionaria acumula "incumplimientos continuos y reiterados" y no ha atendido la petición de abonar las nóminas pendientes
El Ejecutivo prepara un convenio con el sector para reactivar los servicios y licitará un nuevo modelo de gestión

Protesta de los trabajadores de los centros de transporte de Extremadura ante la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. / CCOO
La Junta de Extremadura ha decidido rescindir el contrato de gestión de los diez Centros de Servicios al Transporte de la región, una medida que pese no ser una solución directa, puede suponer un respiro para los 56 trabajadores que acumulan ya casi seis meses sin cobrar. El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la resolución definitiva de la concesión por los "incumplimientos continuos y reiterados" de Copergy Ibérica, la empresa que asumió el servicio en mayo de 2025.
La consejera portavoz, Elena Manzano, ha explicado que la Administración autonómica ha intentado distintas alternativas para garantizar la continuidad de la actividad y preservar los puestos de trabajo, pero ninguna ha prosperado. La Junta trabaja ahora en la firma de un convenio con las empresas del sector que permita reactivar de forma inmediata los servicios mientras prepara la licitación de un nuevo modelo de gestión.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. / Juntaex
Tres vías para los trabajadores
La rescisión de la concesión no manda automáticamente a los 56 trabajadores al paro. La Junta rompe su contrato con Copergy, pero los contratos laborales pertenecen a la empresa y esta debe decidir cómo procede: mantenerlos, suspenderlos mediante un ERTE o extinguirlos mediante despidos individuales o colectivos. Si otra empresa asume inmediatamente la explotación, podría existir obligación de subrogar a la plantilla, dependiendo del convenio colectivo aplicable, de los pliegos y de si se produce una sucesión empresarial.
Manzano ha recordado que la Administración regional no tiene competencias sobre la relación laboral entre la concesionaria y su plantilla. Pese a ello, la Junta se ha dirigido a Copergy para reclamarle que abone las cantidades que adeuda a los empleados, sin que esta petición haya sido atendida. "La Junta de Extremadura no tiene ninguna competencia ni podemos avanzar en ninguna solución, pese a que lo hemos intentado", ha lamentado tras expresar su deseo de que los afectados puedan cobrar las cantidades pendientes y de que su situación se resuelva cuanto antes.

CCOO
Críticas del PSOE
El PSOE de Extremadura ha lamentado que "la única salida" de la Consejería de Transporte sea la resolución del contrato y una vez más, critica la incapacidad del Ejecutivo de María Guardiola para gestionar un conflicto "que requería diálogo, anticipación y capacidad de negociación". "Lamentablemente, se ha cumplido el peor de los escenarios y quienes vuelven a pagar la mala gestión de Guardiola son los trabajadores", afirman los socialistas.
"La Junta podrá no tener competencias en la relación laboral directa, pero sí tenía la responsabilidad política de liderar una negociación eficaz y de buscar soluciones antes de que la situación llegara a este extremo", detalla el PSOE. En un comunicado,alerta además que la rescisión del contrato supone el cierre al público inmediato de los centros de transportes de la región. Una situación que puede prolongarse durante los próximos 6 meses, hasta que se resuelva el nuevo proceso de contratación.
Incumplimientos "esenciales"
El contrato inicial se formalizó el 21 de junio de 2019 con Gestiones Tierras Extremeñas S.L. y tenía una duración prevista de ocho años. En mayo de 2025, la Junta autorizó su cesión a Copergy Ibérica S.L., que pasó a encargarse de la red regional.
Los informes técnicos incorporados al expediente recogen desde entonces numerosos incumplimientos de las cláusulas contractuales, la mayoría relacionados con obligaciones que la Junta considera "esenciales y elementales" para prestar correctamente el servicio. Estas deficiencias permiten resolver el contrato por una causa imputable a la concesionaria.
La resolución cuenta con un informe jurídico favorable emitido el pasado 29 de junio y con el dictamen, también favorable, de la Comisión Jurídica de Extremadura, fechado el 16 de julio. Con ambos pronunciamientos sobre la mesa, el Consejo de Gobierno ha dado ahora el último paso necesario para poner fin a la concesión. "Hemos intentado todo y lo que tenemos ahora encima de la mesa es resolver este contrato. Es lo que ha dicho la Comisión Jurídica y es lo que podemos hacer", ha manifestado Manzano.
Diez centros en Extremadura
La red está formada por diez centros situados en Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Jerez de los Caballeros, Navalmoral de la Mata, Zafra y Coria. Estas instalaciones ofrecen servicios considerados estratégicos para los profesionales del transporte, como estacionamiento para vehículos pesados, suministro de combustible, restauración, aseos, lavaderos y vigilancia.
Ante la finalización del contrato, el Ejecutivo regional negocia un convenio para recuperar la actividad "de manera inmediata". Paralelamente, diseña un nuevo sistema de gestión que, según ha avanzado la portavoz, se licitará próximamente y deberá garantizar una prestación adecuada y estable de los servicios.
Manzano ha defendido que la Junta ha actuado con "plena transparencia y máximo rigor", y ha reclamado a los grupos de la oposición que no utilicen políticamente la situación. También ha asegurado que el Gobierno regional permanecerá "al lado de los trabajadores afectados" para tratar de que el conflicto se resuelva lo antes posible.
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