El sector tabaquero carga contra la nueva ley y alerta del impacto en 20.000 familias extremeñas

La Organización Interprofesional del Tabaco de España (Oitab) y Asaja Extremadura han rechazado este martes la forma en la que el Gobierno ha elaborado el proyecto de ley del tabaco y han advertido de sus posibles consecuencias sobre el campo extremeño. Ambas entidades coinciden en denunciar una falta de diálogo con productores y transformadores y recuerdan que Extremadura concentra la mayor parte del cultivo nacional y da sustento, según sus cálculos, a unas 20.000 familias.

La reacción se ha producido después de que el Consejo de Ministros aprobase en segunda vuelta una reforma que amplía los espacios sin humo a terrazas, playas, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas y parques nacionales. El texto, que todavía deberá tramitarse en el Congreso y el Senado, también equipara los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos a las restricciones del tabaco tradicional.

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Sin estudios de impacto suficientes

Oitab asegura que comparte los objetivos de protección de la salud pública, pero considera que el Ejecutivo no ha consultado “suficientemente” al sector ni ha evaluado de forma adecuada las repercusiones económicas y sociales de la norma. La interprofesional teme que una regulación aprobada sin estudios de impacto suficientes pueda perjudicar a productores, industrias transformadoras y territorios dependientes de esta actividad.

La organización cifra en cerca de 3.710 millones de euros la aportación del sector al PIB español, en más de 57.400 los empleos vinculados y en unos 9.500 millones su contribución anual a las arcas públicas. En Extremadura, a la que identifica como la principal región productora de hoja de tabaco de Europa, calcula que la actividad sostiene directa o indirectamente a unas 20.000 familias.

Asaja Extremadura ha elevado el tono de las críticas y considera que la reforma representa un “ataque” a los agricultores de la región, especialmente a los de La Vera y Campo Arañuelo, las dos principales comarcas tabaqueras. Su presidente, Ángel García Blanco, sostiene que una nueva presión regulatoria puede reducir el interés de las empresas por comprar hoja extremeña y agravar las dificultades que ya afronta el cultivo.

Extremadura es líder

La organización agraria recuerda que Extremadura concentra más del 95% de la producción española de tabaco y advierte de que cualquier retroceso tendría repercusiones sobre agricultores, cooperativas, secaderos, industrias auxiliares y empleo rural. Según García Blanco, la norma debería analizar de manera específica su impacto sobre las zonas productoras antes de completar la tramitación parlamentaria.

Oitab y Asaja también cuestionan que la reforma aplique restricciones similares a productos de combustión tradicional, vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y productos herbales. Ambas organizaciones defienden una regulación que diferencie entre categorías y tenga en cuenta sus características y niveles de riesgo.

Asaja solicitará al Gobierno y a los grupos parlamentarios que incorporen durante la tramitación estudios de impacto independientes, abran una consulta efectiva con el sector y busquen un equilibrio entre los objetivos sanitarios y la continuidad de la actividad productiva. Oitab reclama igualmente que se valore el papel económico, territorial y laboral del cultivo antes de aprobar definitivamente la norma.

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Más espacios sin humo y restricciones a la venta

El proyecto de ley amplía la prohibición de fumar a todas las terrazas de bares y restaurantes, aunque estén completamente al aire libre, así como a playas marítimas y fluviales, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, parques nacionales y recintos donde se celebren espectáculos públicos. También crea entornos de protección reforzada en los que deberá respetarse una distancia mínima de 15 metros respecto a los accesos de hospitales, centros educativos, universidades, edificios públicos, museos, bibliotecas, instalaciones deportivas y parques infantiles.

Las mismas limitaciones se aplicarán a los cigarrillos electrónicos con o sin nicotina, los dispositivos de tabaco calentado y los productos herbales para fumar. Las bolsas de nicotina quedarán fuera de las restricciones sobre espacios, aunque su consumo estará prohibido a los menores.

La reforma introduce por primera vez una prohibición expresa de consumir estos productos para los menores de 18 años. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multas de entre 300 y 600 euros, con responsabilidad subsidiaria de padres o tutores en el caso de menores. La venta de los productos relacionados con el tabaco quedará limitada a estancos y establecimientos especializados. Además, se reforzarán las restricciones publicitarias y no podrán colocarse anuncios o carteles visibles desde el exterior.

El texto no incorpora por ahora el empaquetado genérico de las cajetillas ni la prohibición de los vapeadores desechables. Sanidad pretende abordar ambas cuestiones durante la tramitación parlamentaria o mediante desarrollos normativos posteriores.