Unidas por Extremadura reclama escuchar a la ciudadanía ante el auge de las plantas de biogás

La portavoz de la Plataforma Salvemos La Coronada, Josefa Blázquez Calvo, ha comparecido este martes en la Comisión de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Asamblea de Extremadura para exponer su rechazo al proyecto de planta de biogás previsto junto al macrovertedero de Villanueva de la Serena. La intervención, solicitada por Unidas por Extremadura, ha servido para reclamar una mayor participación ciudadana en la planificación de las instalaciones de biometanización que proliferan en la región.

Antes de la comparecencia, el diputado de Unidas por Extremadura Juan Schirinzi ha defendido la necesidad de incorporar las reivindicaciones vecinales a las decisiones de las administraciones. Schirinzi ha asegurado que es "importante que en las decisiones políticas a la hora de gestionar y a la hora de decidir siempre tengamos presente también la voz de aquellos a los que muchas veces no se les escucha".

Macrovertedero

Blázquez ha recordado que La Coronada convive desde 1993 con las consecuencias del macrovertedero de Villanueva de la Serena, cuya ubicación, según ha denunciado, "se debió más a motivos económicos que a técnicos". La representante vecinal ha alertado de vertidos al río Zújar, contaminación de las aguas y fuertes olores durante más de dos terceras partes del año, una situación que, en palabras de Blázquez, "hace que vivir en La Coronada sea muy difícil".

La portavoz de Salvemos La Coronada también ha advertido de las posibles consecuencias sobre la salud de los vecinos y ha calificado la instalación como "una herida que La Coronada tiene abierta". Blázquez ha explicado que el vertedero fue diseñado inicialmente para recibir los residuos de 21 municipios durante 20 años, pero que en apenas seis años pasó a gestionar la basura de 117 localidades, con una entrada diaria de unos 340.000 kilos de residuos.

Biometanización

La plataforma considera que la nueva planta de biometanización proyectada en las inmediaciones del vertedero agravaría los problemas ambientales que soporta el municipio. "Llevamos años soportando la contaminación del macrovertedero y ahora pretenden convencernos de que una planta de biometanización sobredimensionada sería la solución a nuestros problemas", ha denunciado Josefa Blázquez durante su intervención parlamentaria.

La representante vecinal ha cuestionado que el medio rural tenga que concentrar este tipo de instalaciones y ha reivindicado el derecho de los pueblos a disfrutar de un entorno saludable. Blázquez ha criticado que se actúe "como si el campo lo pudiera absorber todo, como si los pueblos tuvieran menos derechos que las ciudades a respirar un aire limpio, a vivir en paz y a construir un futuro digno".

Más controles

Durante su comparecencia, la portavoz ha pedido a los grupos parlamentarios que actúen "no solo como políticos, sino como guardianes de Extremadura" y ha reclamado justicia ambiental, transparencia y diálogo. La plataforma exige estudios epidemiológicos rigurosos, un análisis detallado de la afección sobre los acuíferos y garantías de que el principio de precaución se aplique como norma antes de autorizar nuevas infraestructuras.

Blázquez ha afirmado que la información ofrecida durante la tramitación del proyecto ha sido insuficiente y ha señalado que la transparencia "ha brillado por su ausencia". Frente a las prisas que atribuye a la Administración, la portavoz ha reclamado que los vecinos reciban información completa y puedan participar de manera efectiva en las decisiones que afectan a su salud, su territorio y su calidad de vida.

Propuestas

Entre las medidas planteadas figura la creación de un comité de seguimiento ciudadano con presencia de representantes de los sectores afectados y de la comunidad científica. Según ha explicado Blázquez, este órgano debería tener carácter vinculante, evaluar el impacto real de las instalaciones y disponer de capacidad para paralizar su actividad cuando se produzcan desviaciones de los parámetros legales establecidos.

La plataforma también ha solicitado la aprobación de un plan estratégico regional de biometanización que estudie las necesidades reales de Extremadura y ordene territorialmente los proyectos. Además, propone modificar la normativa ambiental para obligar a los ayuntamientos de las poblaciones afectadas a pronunciarse expresamente antes de que se autorice la construcción de una planta de biogás o biometano.

Menor escala

Salvemos La Coronada defiende un modelo basado en instalaciones de menor tamaño y situadas cerca de los lugares donde se generan los residuos. La organización sostiene que las plantas de pequeña escala permitirían reducir la huella de carbono asociada al transporte, evitar la acumulación masiva de residuos y adaptar cada infraestructura a las necesidades concretas de su entorno.

Blázquez ha mostrado asimismo su preocupación por la cantidad de proyectos de biometanización anunciados en Extremadura en un periodo reducido de tiempo. "Nuestra lucha dejó hace tiempo de ser una lucha solitaria", ha afirmado la portavoz, quien ha vinculado las movilizaciones de La Coronada con las protestas surgidas en otros municipios extremeños ante iniciativas similares.

La representante de Salvemos La Coronada ha cerrado su intervención con un llamamiento a proteger el territorio y el futuro de las zonas rurales de la comunidad autónoma. "Están en juego nuestros paisajes, nuestras raíces y nuestra dignidad y, sobre todo, el derecho de nuestros hijos a heredar una tierra fértil y no un parque industrial de residuos", ha concluido Josefa Blázquez.