Extremadura exige al Gobierno los informes y el coste territorial de la regularización de migrantes

La Junta de Extremadura ha requerido al Gobierno central toda la documentación relacionada con el proceso extraordinario de regularización de migrantes antes de la próxima Conferencia Sectorial de Inmigración. El Ejecutivo autonómico considera que no puede participar con garantías en una reunión de esa relevancia sin conocer previamente el alcance económico, social y territorial de la medida.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha remitido una carta a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en la que solicita la entrega inmediata de los documentos que, según la Junta, se comprometió a facilitar durante la comisión preparatoria.

El Gobierno extremeño sostiene que ese compromiso continúa sin cumplirse y denuncia que se le ha negado el acceso a la información por indicación de la Presidencia de la Comisión Sectorial. "No resulta aceptable" convocar a Extremadura para abordar cuestiones de "indudable trascendencia" sin proporcionar antes los elementos necesarios para estudiarlas, señala el escrito.

Impacto en los servicios públicos

Entre la documentación reclamada figura la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) del proceso de regularización, acompañada de todos los informes, estudios, memorias y análisis técnicos utilizados durante su tramitación o remitidos al Consejo de Estado y a otros organismos.

La Junta solicita también cualquier evaluación elaborada por la Administración General del Estado sobre los efectos económicos y presupuestarios de la regularización en las comunidades autónomas, así como su repercusión sobre la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios sociales y los recursos asistenciales.

En caso de que esos informes no existan, el Ejecutivo autonómico pide que el órgano competente lo certifique expresamente. La Junta asegura que las explicaciones verbales o las referencias genéricas a documentos ya conocidos no permiten calcular la dimensión real de una medida cuyos efectos recaerán, en buena parte, sobre administraciones regionales y locales.

Bautista defiende que la cooperación institucional requiere una información "previa, completa y veraz", especialmente cuando las comunidades deberán organizar recursos y reforzar servicios públicos para atender las consecuencias de la regularización.

Número y distribución de las solicitudes

Extremadura reclama además datos actualizados y desglosados sobre el procedimiento: número total de solicitudes presentadas, expedientes válidos, duplicados, peticiones inadmitidas o rechazadas y previsión de resoluciones favorables.

La carta pide igualmente conocer la distribución territorial de las solicitudes, con el objetivo de determinar qué comunidades y municipios asumirán una mayor presión sobre sus servicios. La Junta quiere saber también si las cifras comunicadas verbalmente por la secretaria de Estado son las definitivas y si corrigen o desmienten datos ofrecidos anteriormente por el Ministerio.

Otro de los puntos planteados se refiere a la posible existencia de documentos declarados "secretos o reservados" durante la tramitación. El Gobierno extremeño solicita información sobre su número, contenido y procedencia después de que Cancela asegurase desconocer esa circunstancia y se comprometiera a consultar al resto de secretarías de Estado.

El coste del Plan de Integración

La Junta exige asimismo un informe detallado sobre el coste de las medidas incluidas en el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030. Según Bautista, el documento atribuye responsabilidades de ejecución a las comunidades sin concretar una financiación finalista adicional ni explicar cómo se distribuirán los recursos entre los territorios.

El vicepresidente califica el plan de documento de "escaso valor técnico" al considerar que no reúne la información mínima necesaria para su evaluación en la Conferencia Sectorial. La Junta teme que las autonomías deban asumir nuevas obligaciones sin conocer previamente su coste ni disponer de fondos suficientes.

El escrito solicita también información sobre el desarrollo en España del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y sobre las reformas comprometidas ante la Comisión Europea. Además, pregunta por la posición mantenida por el Gobierno español en la cumbre europea celebrada en Armenia el pasado 4 de mayo, donde España votó en contra de adherirse a un acuerdo para compartir información sobre movimientos migratorios y reforzar la cooperación contra las redes de tráfico de personas.

Una reunión condicionada por la falta de información

La Junta considera que las decisiones que se abordarán en la próxima Conferencia Sectorial afectan directamente a la capacidad de acogida de los territorios, la atención de los flujos migratorios, la aplicación de las políticas de integración y la sostenibilidad financiera de las administraciones responsables de prestar los servicios.

Extremadura defiende una política migratoria basada en la legalidad, la planificación y la cooperación entre administraciones, pero sostiene que cualquier acuerdo debe apoyarse en datos contrastados y evaluaciones suficientes.

El Ejecutivo regional reclama, por tanto, que la documentación sea remitida antes de la reunión. A su juicio, las comunidades no pueden valorar ni aplicar una regularización de esta dimensión sin conocer cuántas personas se verán afectadas, dónde residirán y qué recursos adicionales serán necesarios para atenderlas.