Choque competencial
El Gobierno rechaza que el plan de vivienda de 7.000 millones invada las competencias de Extremadura
El Ejecutivo sostiene que el decreto solo fija las condiciones de la financiación estatal y que la Junta aún puede acudir al Tribunal Constitucional
Distrito cacereño de El Junquillo, donde se contruirán nuevas viviendas protegidas, en Cáceres. / CARLOS GIL
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El Gobierno ha rechazado el requerimiento de incompetencia que los ejecutivos de Extremadura y Andalucía presentaron contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, al considerar que el decreto que lo regula respeta plenamente las competencias autonómicas.
La decisión figura en sendos acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en respuesta a los requerimientos formulados por la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 326/2026.
Ambas comunidades sostenían que el plan vulneraba el principio de autonomía financiera de las administraciones autonómicas. También consideraban que la descripción de las actuaciones protegibles reducía su margen de maniobra para aplicar las políticas de vivienda en sus respectivos territorios.
Las objeciones de Extremadura y Andalucía
Los requerimientos cuestionaban, además, la intervención del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en las actuaciones de promoción, publicidad e información relacionadas con el plan estatal. Extremadura y Andalucía planteaban sus objeciones ante la exigencia de contar con la presencia o la autorización del ministerio en determinadas actuaciones públicas vinculadas con los programas financiados.
El Gobierno central rechaza estos argumentos y sostiene que el plan "no regula con carácter general la política autonómica de vivienda, sino las condiciones de un instrumento estatal de financiación". Según recoge el acuerdo del Consejo de Ministros, el decreto se encuentra en línea con la jurisprudencia constitucional en esta materia y se ha aprobado "con pleno respeto a la competencia autonómica en materia de vivienda".
El argumento del Gobierno
El Ejecutivo considera que el Estado puede establecer las condiciones y los objetivos de las ayudas que financia sin asumir las competencias que corresponden a las comunidades autónomas. Para respaldar esta posición, el Gobierno recuerda una sentencia del Tribunal Constitucional que desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda.
El fallo, según destaca el Ejecutivo, rechaza que la legislación estatal prive a las comunidades autónomas de su capacidad de decisión en el desarrollo de sus políticas de vivienda. La sentencia sostiene que el legislador estatal tiene competencias para definir los fines y los objetivos prioritarios que serán objeto de financiación con fondos del Estado.
Esta capacidad, añade el Gobierno, no impide que las comunidades autónomas establezcan sus propios objetivos y prioridades al configurar sus políticas de vivienda.
La vía del Tribunal Constitucional
El rechazo del requerimiento por parte del Consejo de Ministros no pone fin necesariamente al conflicto competencial. La Junta de Extremadura puede decidir si traslada la controversia al Tribunal Constitucional para que determine si el Real Decreto 326/2026 invade las atribuciones autonómicas o si, como sostiene el Gobierno, se limita a establecer las condiciones de un instrumento estatal de financiación.
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