Reforma legislativa
UPA-UCE alerta de que la reforma de la ley del tabaco puede poner en riesgo 15.000 empleos en Extremadura
La organización agraria reclama a Europa que reconozca el peso económico y social de este cultivo, del que dependen más de 1.200 familias en el norte de Cáceres

Explotación cultivada de tabaco. / Toni Gudiel
UPA-UCE Extremadura ha alertado del "grave impacto" que puede tener sobre el sector tabaquero regional el proyecto para modificar la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo. La organización agraria sostiene que cualquier nueva restricción debe tener en cuenta que Extremadura concentra más del 95% de la producción nacional de tabaco.
El cultivo mantiene directamente a más de 1.200 familias productoras del norte de la provincia de Cáceres, especialmente en las comarcas de La Vera, Campo Arañuelo y Valle del Alagón. Según los datos aportados por UPA-UCE, la actividad genera más de 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos y tiene un papel fundamental en la economía de numerosas localidades rurales.
Reconversión
La organización ha recordado que los productores llevan años realizando inversiones para adaptar sus explotaciones a las exigencias medioambientales, avanzar en sostenibilidad y cumplir las condiciones establecidas por la Política Agraria Común. UPA-UCE considera que cualquier medida restrictiva adicional debe estar acompañada de alternativas viables y de un plan específico de apoyo para los agricultores afectados.
La entidad agraria ha asegurado que comparte los objetivos de protección de la salud pública y de prevención del tabaquismo, especialmente entre los jóvenes, incluidos en las iniciativas del Gobierno y en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo. No obstante, reclama que las políticas sanitarias no ignoren las consecuencias económicas y sociales que pueden provocar en las principales comarcas productoras extremeñas.
UPA-UCE también ha defendido que se dé prioridad al tabaco cultivado en Extremadura frente al procedente de terceros países. La organización argumenta que la producción regional está sometida a la normativa sanitaria y medioambiental vigente, mientras que el tabaco importado puede proceder de territorios con controles y exigencias diferentes.
Diálogo
El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha criticado que la modificación normativa se haya planteado sin una negociación previa con los productores. "Se trata de un proyecto elaborado de espaldas al sector productor, que criminaliza un cultivo legal, estratégico y fundamental para la economía de nuestra región", ha señalado Llanos.
El responsable de la organización ha advertido además de que la aplicación de nuevas limitaciones puede ocasionar consecuencias "directas y muy negativas" para los agricultores. Óscar Llanos ha reclamado que, antes de aprobar medidas que afecten al futuro de miles de familias, exista una interlocución efectiva con el sector tabaquero extremeño.
Fertilizantes
Por otra parte, UPA-UCE Extremadura ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Consejería de Agricultura de la Junta una ampliación urgente del plazo para pedir las ayudas extraordinarias destinadas a compensar el incremento del coste de los fertilizantes. La organización ha trasladado esta petición después de detectar numerosas incidencias que están dificultando a agricultores y ganaderos completar la tramitación.
Entre los problemas comunicados se encuentran los fallos técnicos para acceder a la plataforma, las dificultades para acreditar las facturas y los errores relacionados con los certificados de titularidad. UPA-UCE reclama que el plazo se amplíe al menos 15 días para evitar que ninguna explotación extremeña quede excluida por causas ajenas a sus responsables.
La organización considera que estas ayudas resultan esenciales para sostener la viabilidad económica de las explotaciones familiares en un contexto marcado por el aumento de los costes de producción. UPA-UCE ha asegurado que continuará defendiendo a los agricultores y ganaderos extremeños frente a las normativas y dificultades administrativas que puedan comprometer el futuro del campo regional.
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