Concurso de acreedores
La caída de la compañía Atelco deja casi 2 millones de deuda a diez empresas extremeñas con 162 trabajadores
Los negocios afectados afrontan ERTE, aplazamientos de pagos y préstamos para intentar mantener su actividad

Trabajadores extremeños de empresas contratadas por Atelco. / Cedida

Atelco, empresa del sector de las telecomunicaciones dedicada a la instalación y el mantenimiento de redes, ha entrado en concurso voluntario de acreedores después de perder el acuerdo con Telefónica que sustentaba la mayor parte de su actividad. Se trataba del denominado 'contrato bucle', mediante el que la operadora encarga a distintas contratas altas de clientes, instalaciones, reparaciones de averías y labores de mantenimiento de la red de fibra óptica.
La caída de la compañía ha dejado casi 2 millones de euros pendientes de cobro (1,91 en el último recuento) a diez empresas y autónomos con actividad en Cáceres y Badajoz, que suman 162 trabajadores, según el listado elaborado por los propios negocios perjudicados.
La cantidad adeudada en Extremadura representa alrededor del 20% de los 9,21 millones de euros que Atelco ha dejado en facturas pendientes en el conjunto del país, ya que esta era una de sus zonas principales de trabajo. Manuel Grisalvo, gerente de la empresa cacereña Solintex, habla en nombre d elos afectados y sostiene que la cifra total podría acercarse a los diez millones conforme se incorporen nuevas compañías y se actualicen las cantidades.

Un empleado de una subcontrata extremeña de Atelco. / Cedida
El impacto es muy desigual. La mayor deuda recogida entre las empresas con actividad en Extremadura supera los 811.000 euros, mientras que otras reclaman alrededor de 370.000, 290.000 o 185.000 euros. También aparecen pequeñas sociedades y autónomos con cantidades inferiores, pero igualmente determinantes para su continuidad.
ERTE, aplazamientos y créditos
Por ejemplo, en el caso de Solintex, dedicada a la instalación y el mantenimiento de redes de telecomunicaciones, Atelco le adeuda 93.530,12 euros por servicios ya realizados. La empresa tiene 16 empleados y siete han tenido que entrar en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).
"Estamos totalmente fundidos", resume Manuel Grisalvo. Los dos socios han recurrido a financiación personal. "Hemos pedido un crédito personal para poder pagar a la gente que está trabajando ahora y tratar de remontar", explica.
Con distinta intensidad, el resto de los negocios afronta también dificultades para atender nóminas, cotizaciones, impuestos, combustible, vehículos de renting, herramientas y formación técnica obligatoria. Algunas empresas han solicitado aplazamientos a Hacienda y la Seguridad Social, han recurrido a préstamos o han reducido sus plantillas, mientras que otras no han podido mantener su actividad con normalidad.
"Tenemos que seguir trabajando, pero para hacerlo hay que tener pagada la Seguridad Social, el renting y el gasoil", insiste Grisalvo. El portavoz recuerda que las subcontratas operan con márgenes ajustados y reinvierten buena parte de sus ingresos en vehículos, equipos especializados y acreditaciones. "Lo que sacamos de nuestras empresas es principalmente para vivir y reinvertirlo en ellas".
Las empresas extreneñas aseguran que trabajaron con normalidad durante mayo y sin indicios claros de que los pagos fueran a interrumpirse. "Nada hacía suponer que esto iba a pasar, porque nunca habíamos tenido problemas de pago", afirma. A finales de junio recibieron la indicación de facturar los últimos trabajos ejecutados ante la apertura del concurso.
Temor a no recuperar las facturas
Los afectados temen que el patrimonio disponible de Atelco resulte insuficiente para atender todas las deudas. Consideran que, después de pagar los créditos con mayor prioridad, como los laborales y determinados compromisos con Hacienda y la Seguridad Social, podrían quedar pocos recursos para los proveedores ordinarios. "El administrador concursal ya nos ha trasladado que prácticamente no hay dinero", sostiene Grisalvo.
La incertidumbre afecta especialmente a pequeños negocios sin capacidad para soportar durante meses la ausencia de ingresos. "Nosotros, con más de 90.000 euros pendientes, estamos muy afectados; quienes tienen que cobrar 300.000 o 600.000 euros están en una situación todavía peor", añade.

Cedido
Elecnor asume parte de la actividad
Tras el nuevo reparto de los trabajos, Elecnor ha asumido parte de la actividad que desarrollaba Atelco en Extremadura. Según Grisalvo, ha ofrecido contratos de tres años a algunas empresas locales y pagos quincenales durante el inicio de la nueva relación. "Nos han dicho que quieren contar con nosotros porque somos los técnicos de la zona y no hay demasiada mano de obra especializada", explica.
La continuidad no ha sido igual para todas. Algunas compañías han podido seguir trabajando, mientras que otras han reducido su actividad o no disponen de liquidez para afrontar los gastos iniciales. Incluso las que reciben nuevos encargos deben adelantar el dinero destinado a salarios, cotizaciones, vehículos, combustible y materiales.
"Trabajo tenemos, pero necesitamos dinero para poder hacerlo", resume Grisalvo. Las empresas esperan conservar el empleo y reincorporar a los trabajadores incluidos en ERTE, aunque advierten de que los nuevos contratos no resuelven las facturas pendientes.
Una propuesta para cobrar la mitad
Además, Grisalvo afirma que Elecnor ha trasladado a varias compañías una propuesta para percibir el 50% de la deuda a cambio de renunciar a la cantidad restante, dentro de las conversaciones sobre la continuidad de los servicios para la red de Telefónica. La mayoría han respondido que quieren cobrra su dinero.
Quienes no acepten esta posibilidad deberán reclamar las cantidades en el concurso o estudiar otras vías legales. "Un procedimiento puede tardar dos o tres años y nosotros no tenemos capacidad para aguantar tanto tiempo", señala Girisalvo.
Los afectados piden que Telefónica se implique en una solución. Argumentan que realizaban los servicios a Atelco sobre la red de la operadora, siguiendo sus procedimientos y presentándose ante los usuarios como sus instaladores.
La posible responsabilidad jurídica de la operadora no está determinada y dependerá de los contratos, de la cadena de subcontratación y, en caso de reclamación, de lo que resuelvan los tribunales. De momento, las empresas perjudicadas se han organizado para presentar sus reclamaciones ante la administración concursal.
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