José Manuel Núñez: «La desprotección que tienen los consumidores en Extremadura es evidente»

José Manuel Núñez seguirá al frente de Facua Extremadura, tras obtener el apoyo de los socios en la Asamblea General de esta asociación de consumidores, que cerró el año 2025 con un total de 4.402 socios, 326 consultas y reclamaciones tramitadas. En esta nueva etapa, el presidente sitúa el foco en el agua, la sanidad, la banca y las comunicaciones.

¿Cómo asume este nuevo periodo al frente de la organización?

Con normalidad, dentro del periodo de Facua Consumidores en Acción en Extremadura, pero también con compromiso. Seguimos en la lucha frente a los problemas de los consumidores y usuarios en la región.

¿Qué nuevos retos se marca para este mandato?

Hay varios asuntos que nos preocupan. El primero es el incumplimiento de la Ley 1/2023, que tiene que ver con el derecho humano al agua y con el suministro domiciliario. Es una ley de obligado cumplimiento, pero todavía no se ha desarrollado su reglamento. En Andalucía, por ejemplo, existe uno desde 1991. Esa diferencia evidencia la desprotección que tenemos en Extremadura.

¿Qué supone no contar con ese reglamento?

Que cuando hay problemas con el agua tenemos que acudir a normativas locales, si existen, en lugar de tener una norma común para toda la comunidad. Hemos visto casos de arsénico, nitratos, nitritos o trihalometanos en distintas localidades. Hace poco estuvimos con los vecinos de Valderrosas, en Carcaboso, que siguen con agua contaminada por arsénico. También hemos tenido problemas en Mérida, Olivenza o Lobón. Si existiera ese reglamento, los consumidores estarían más protegidos.

¿Es el agua la principal asignatura pendiente?

Para mí es una de las más importantes. Extremadura tiene muchos recursos hídricos, pero seguimos sin desarrollar una ley ya aprobada y en vigor. No pedimos nada extraordinario, pedimos que se cumpla y se haga cumplir. El agua es un bien de primera necesidad y un derecho humano. Si un municipio no está dando agua potable, habrá que establecer compensaciones.

También ha situado la sanidad entre sus principales preocupaciones, ¿por qué?

Porque este año caduca el mandato de la defensora del paciente de la sanidad pública extremeña. Y para proponer ese cargo es fundamental el Consejo Extremeño de los Consumidores y Usuarios. El problema es que ese consejo está en el aire. Desde el año pasado están suspendidas las reuniones. La última convocatoria fue en verano y este año no se nos ha convocado. Si no hay consejo, ¿quién va a proponer la Defensoría del Paciente?

¿Teme que pueda desaparecer esa figura?

Temo que quede en el aire, por no decir que se evapore. Sería un grave retroceso en los derechos de los ciudadanos. Además, las reclamaciones en sanidad pública están aumentando. Si no se actúa, podríamos quedarnos sin Consejo Extremeño de Consumidores y Usuarios y, a la vez, sin una figura clave para defender a los pacientes.

Facua también ha denunciado la pérdida de servicios bancarios. ¿Es otro gran problema?

Sí. Acabamos de ver la instalación de un cajero en Cerro Gordo, una barriada de Badajoz que llevaba décadas sin oficina bancaria ni cajero automático. Todavía no está operativo, pero es importante para los vecinos, que tenían que desplazarse varios kilómetros. Parece increíble que en pleno siglo XXI haya que celebrar la instalación de un cajero.

¿Ese caso simboliza la exclusión bancaria que denuncian?

Totalmente. Hemos perdido cerca del 50% de las sucursales bancarias que había en Extremadura desde 2010, según datos del Banco de España. En muchos pueblos y barriadas se han cerrado oficinas y cajeros, y eso afecta especialmente a personas mayores, personas con discapacidad o vecinos que viven solos.

Bancos y seguros encabezan las denuncias. ¿Son errores puntuales o prácticas sistemáticas?

Lo que vemos es que hay problemas constantes en servicios básicos. Si a una persona le fallan el agua, la luz, el teléfono, el banco o el seguro, hablamos de cuestiones que afectan directamente a su vida diaria. En Extremadura esos problemas se agravan por la dispersión territorial, la falta de cobertura, los cortes de luz o la ausencia de servicios bancarios.

¿Está Extremadura peor protegida por su déficit de comunicaciones?

Sí, tenemos un problema evidente. Hace poco hemos escrito al Ministerio y a la Junta por la suspensión de la línea Mérida-Sevilla. Había usuarios, muchos estudiantes y jóvenes, que habían comprado abonos y se quedaron sin servicio, sin una solución clara. También hemos denunciado la situación del aeropuerto de Badajoz, porque necesitamos sistemas adecuados cuando haya inclemencias meteorológicas.

¿Reclaman lo suficiente los consumidores extremeños?

Cada vez hay más conciencia, pero todavía hay que reclamar más. Si los consumidores no denuncian, los problemas no se visualizan. La fuerza de Facua reside en que los consumidores actúen de manera solidaria y reclamen cuando sus derechos están siendo vulnerados. Una reclamación puede parecer poco, pero muchas reclamaciones juntas cambian las cosas.

¿Considera que hay resignación a la hora de denunciar?

Yo creo que cada vez menos. Los consumidores se están concienciando de que hay que reclamar, protestar y salir a la calle cuando sea necesario. Extremadura no quiere pueblos dormidos, callados ni quietos. Extremadura quiere, como dice su himno, alzar la voz. Y Facua está ahí para ayudar a que los ciudadanos alcen la voz.

Si pudiera exigir una medida prioritaria a la Junta de Extremadura, ¿cuál sería?

El desarrollo del reglamento de la Ley 1/2023. Es lo que más me duele, porque hablamos del agua, de un derecho humano y de un bien esencial. Le pediría al Consejo de Gobierno, a la Asamblea y a todos los partidos que tomen conciencia y cumplan la ley.