La UCE exige 250 euros para cada afectado por los vuelos cancelados entre Badajoz y Barcelona

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha exigido a Air Nostrum el pago de una compensación de 250 euros por pasajero tras la cancelación de los vuelos que debían conectar este domingo los aeropuertos de Talavera la Real, en Badajoz, y Barcelona-El Prat. La organización considera que los problemas de rotación y la indisposición de un piloto alegados por la compañía forman parte de los riesgos propios de su actividad y, por tanto, no la eximen de indemnizar a los viajeros. A ello se suma el derecho de atención y asistencia, que incluye comida y bebida durante la espera, así como alojamiento y traslados cuando la alternativa obliga a pasar la noche fuera del domicilio. La UCE anima también a conservar las facturas de los gastos ocasionados por la incidencia para incorporarlas a las correspondientes reclamaciones.

Las cancelaciones afectaron a 181 pasajeros: cien que debían viajar desde Barcelona hasta Badajoz y otros 81 que esperaban salir desde el aeropuerto pacense hacia la capital catalana. Entre ellos había personas que tenían que incorporarse este lunes a sus trabajos, familias que comenzaban sus vacaciones y usuarios con hoteles, vehículos de alquiler o conexiones posteriores ya reservados.

Combinación de incidencias

Air Nostrum atribuyó lo ocurrido a una combinación de incidencias. Según su versión, la tripulación encargada de cubrir la ruta no pudo llegar a tiempo a Barcelona debido a las restricciones y retrasos registrados en el aeropuerto de Palma de Mallorca. A esta circunstancia se sumó la "súbita indisposición" de uno de los pilotos que se encontraba de guardia.

La compañía calificó las cancelaciones como un "incidente inhabitual" y explicó que mantener los vuelos habría provocado una demora superior a seis horas, además de poner en riesgo el resto de las conexiones previstas durante la jornada.

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Derecho a reclamar

La UCE rechaza, sin embargo, que estas circunstancias puedan considerarse extraordinarias. La organización sostiene que las incidencias relacionadas con el personal son inherentes a la operativa de las aerolíneas y que los pasajeros tienen derecho a reclamar la compensación contemplada en la normativa europea.

Al tratarse de un trayecto inferior a 1.500 kilómetros, la asociación cifra esa compensación en 250 euros por viajero. Además, recuerda que la aerolínea debe ofrecer la elección entre el reembolso íntegro del billete en un plazo de siete días o la reubicación en el primer medio de transporte alternativo disponible.

Quintana señala a la Junta

La cancelación ha abierto también nuevas diferencias entre la Junta de Extremadura y el Gobierno central. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado este lunes que la contratación de los vuelos incluidos en la Obligación de Servicio Público corresponde a la Administración autonómica y que la incidencia no se produjo en las instalaciones aeroportuarias, sino en la operativa de la aerolínea, "y por lo tanto, el problema es de la Junta de Extremadura", ha afirmado. En consecuencia, considera que debe ser el Ejecutivo regional el que pida responsabilidades a Air Nostrum por lo sucedido.

Quintana ha mostrado su incomprensión ante las críticas dirigidas por la Junta al Ministerio de Transportes después de las cancelaciones. A su juicio, se trata de "una táctica política" destinada a trasladar al Gobierno central problemas cuya gestión compete a la Administración autonómica.

El delegado ha recordado que el Consejo de Ministros autorizó recientemente la nueva licitación de estas conexiones, pero ha insistido en que la tramitación y contratación del servicio corresponden a la Junta. "Quien tendrá que pedir responsabilidades o no a las empresas es la Junta de Extremadura", ha remarcado.

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La Junta culpó al Ministerio

Las declaraciones responden a la posición expresada este domingo por el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, que reclamó explicaciones tras las cancelaciones y anunció la activación de los mecanismos necesarios para conocer lo sucedido.

Ramírez defendió el esfuerzo presupuestario de la Junta para mantener las conexiones aéreas de Badajoz, cuya aportación anual ha pasado de 5,8 a 7,15 millones de euros, y aprovechó el incidente para reclamar al Ministerio horarios operativos más flexibles, un sistema antiniebla y mayores inversiones. "El aeropuerto crece, los ciudadanos responden y la Junta cumple. Lo único que no está a la altura es el Ministerio", afirmó el consejero.

La UCE considera que el episodio vuelve a evidenciar la fragilidad de las comunicaciones extremeñas y el escaso margen de reacción de los pasajeros cuando falla alguna de las pocas conexiones disponibles. Por ello, además de las compensaciones individuales, reclama inversiones y planes de contingencia que impidan que una cancelación deje a los usuarios sin alternativas suficientes para llegar a sus destinos.