Extremadura lleva al Constitucional el Plan Estatal de Vivienda por invasión de competencias

La Junta de Extremadura recurrirá ante el Tribunal Constitucional el real decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, al considerar que varias de sus disposiciones invaden competencias reservadas a las comunidades autónomas y limitan la capacidad de la región para desarrollar su propia política en esta materia. El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la interposición del recurso después de que el Ejecutivo central rechazara íntegramente el requerimiento de incompetencia planteado previamente por la Administración extremeña.

El vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, ha defendido tras la reunión del Consejo de Gobierno que la norma estatal incorpora regulaciones que "exceden" las competencias del Gobierno central y afectan directamente a atribuciones de la comunidad autónoma.

Entre los aspectos cuestionados figura la obligación de mantener de manera permanente la protección de determinadas viviendas durante toda su vida útil. El Ejecutivo extremeño rechaza igualmente que el plan imponga a las autonomías una cofinanciación del 40% para las actuaciones previstas.

La Junta también discrepa de la intervención estatal mediante la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y de la exigencia de autorización del Gobierno central para realizar determinados actos relacionados con proyectos financiados con fondos públicos.

Límites a la política autonómica

Bautista sostiene que estas condiciones reducen el margen de decisión de Extremadura y condicionan las medidas que la comunidad puede impulsar para facilitar el acceso a una vivienda.

"Estamos convencidos de que limitan la capacidad de Extremadura para decidir su propia política de vivienda", ha afirmado el vicepresidente, que ha contrapuesto la regulación estatal al decreto-ley de simplificación urbanística aprobado también este martes por el Ejecutivo regional.

La norma extremeña pretende aumentar el suelo disponible, acortar los trámites administrativos y acelerar la construcción de vivienda protegida y asequible. En este contexto, la Junta considera que el plan estatal introduce obligaciones que interfieren en la capacidad autonómica para diseñar sus propias actuaciones.

El Gobierno regional defiende la coordinación entre las distintas administraciones, pero reclama que esa colaboración no suponga una invasión de atribuciones. "Defendemos la cooperación entre administraciones, pero siempre y cuando se respeten las competencias de cada una", ha concluido Bautista.