Empleo público
La Junta de Extremadura ya trabaja en la equiparación salarial de los trabajadores de Administración General sin calendario
Función Pública vincula el proceso a la disponibilidad presupuestaria y reconoce que todavía no puede fijar plazos
Comisión de Administración Pública y Diálogo Social reunida este martes en la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES
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La Junta de Extremadura asegura que ya ha comenzado a trabajar en la equiparación salarial de los empleados públicos de Administración General, aunque por el momento no concreta cuándo se aplicará ni cuánto dinero será necesario para culminarla. El director general de Función Pública, Hugo Alfonso Curiel, ha explicado este martes en la Asamblea que la homologación se abordará dentro de la negociación abierta con los sindicatos y estará condicionada por la disponibilidad presupuestaria de la comunidad.
"Ya se está trabajando para ver dónde residen esas diferencias y cómo acometerlo a lo largo de la legislatura", ha señalado. Sin embargo, ha rechazado ofrecer fechas porque cualquier calendario sería todavía "incierto".
La Junta ha creado cinco grupos de trabajo dentro de la Mesa General de Negociación, uno de ellos centrado específicamente en las retribuciones y la carrera profesional. Será en ese marco donde se analizarán las diferencias salariales y las fórmulas para reducirlas.
La cuestión ha llegado a la Comisión de Administración Pública y Diálogo Social a través de una pregunta del diputado de Unidas por Extremadura Juan Alessandro Schirinzi, quien ha reclamado certezas para un colectivo que arrastra desde hace años una notable brecha respecto a otras administraciones.
La negociación ya está en marcha
Curiel ha recordado que la Mesa General de Negociación acordó con las organizaciones sindicales constituir una comisión dividida en cinco grupos. Uno de ellos estudiará las retribuciones y la carrera profesional con el objetivo de abordar la homologación salarial.
El responsable de Función Pública ha insistido en que la Junta debe analizar primero dónde se encuentran las principales diferencias y qué medidas pueden aplicarse en cada sector de Administración General. El proceso, ha repetido, deberá desarrollarse de forma progresiva y en función de la capacidad financiera de la comunidad. Por ese motivo, no se ha comprometido a aprobar un calendario ni a fijar una fecha para el inicio de los pagos.
Hasta un 50% de diferencia
Schirinzi ha situado la diferencia retributiva de los trabajadores de Administración General en torno al 32% respecto a los empleados públicos de otras comunidades autónomas. Según los datos expuestos por el parlamentario, la brecha alcanza entre el 45% y el 50% cuando la comparación se realiza con las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz.
El diputado ha reconocido que se trata de un problema heredado y acumulado durante años, pero ha pedido al Gobierno de María Guardiola que ofrezca seguridad a los empleados y concrete cómo piensa afrontar la equiparación durante lo que resta de legislatura. También ha recordado que la Junta ya ha anunciado compromisos de homologación para el profesorado y para los trabajadores del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) respecto al personal del Servicio Extremeño de Salud.
Curiel ha precisado que el Sepad forma parte del ámbito de Administración General y ha asegurado que se intentará avanzar igualmente en el resto de sectores que lo integran.
El impacto presupuestario
El director general ha defendido el esfuerzo realizado por la Junta en materia retributiva durante los últimos ejercicios. Según ha detallado, las medidas aplicadas supusieron un desembolso de 37 millones de euros en 2023 y de 70 millones en 2024. Entre esas actuaciones ha citado el pago de los niveles 3 y 4 de la carrera profesional y el inicio del abono de la subida salarial del 2% que permanecía pendiente desde 2020.
Para 2026, la Administración autonómica tiene comprometidos 180 millones de euros en medidas retributivas. A ello se sumará en 2027 una subida salarial del 4,5% y, en su caso, el incremento adicional del 0,5% correspondiente a 2026 y vinculado a la evolución del IPC. Curiel ha calculado que la aplicación conjunta de esos incrementos tendrá un impacto superior a 200 millones de euros en las cuentas autonómicas, una cifra que ha utilizado para subrayar la necesidad de acompasar cualquier homologación a los recursos disponibles.
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