Crisis migratoria
Extremadura lleva a los tribunales los traslados de menores migrantes tras agotar la vía administrativa
Extremadura recurrirá las resoluciones de Canarias y Ceuta después de que fueran desestimados los recursos de reposición presentados previamente
Imagen de menores migrantes no acompañados con voluntario de Cruz Roja. / El Periódico
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La Junta de Extremadura acudirá a los tribunales contra las resoluciones que obligan a trasladar a la comunidad a menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta. El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Abogacía General autonómica a interponer los correspondientes recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
El Gobierno autonómio ha explicado que la actuación supone “un paso más” tras la desestimación de los recursos de reposición presentados contra las decisiones estatales. El procedimiento ha pasado así por tres fases: la presentación de alegaciones, los recursos administrativos de reposición y, una vez rechazados estos, la apertura de la vía judicial.
El Ejecutivo autonómico sostiene que está legitimado para recurrir porque es la Administración obligada a ejecutar las resoluciones y asumir la atención de los menores enviados a Extremadura.
De las alegaciones a los tribunales
La decisión formaliza la batalla judicial que la Junta venía anunciando contra el sistema estatal de reparto de menores migrantes no acompañados. El Gobierno autonómico considera que la red extremeña de protección se encuentra al límite y rechaza nuevas llegadas sin más plazas, financiación y coordinación previa. A comienzos de julio, el entonces responsable autonómico de Servicios Sociales, Óscar Fernández Calle, cifró en 107 los menores migrantes no acompañados atendidos en Extremadura y aseguró que únicamente quedaban 14 plazas libres en el conjunto de la red.
Jesús G. Hinchado
La Junta presentó inicialmente sus objeciones ante las administraciones responsables de los traslados y posteriormente recurrió las resoluciones por la vía administrativa. Una vez desestimados esos recursos, será la jurisdicción contencioso-administrativa la que examine la legalidad de las decisiones. El Gobierno regional se ampara en la Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción, y argumenta que tiene capacidad para recurrir por ser la Administración directamente afectada y obligada a incorporar a los menores a su sistema de protección.
Según la Junta, la actuación pretende defender “las competencias, los recursos y los intereses de la región” y exigir que cualquier traslado se realice respetando el ordenamiento jurídico y los principios de coordinación y lealtad institucional. El Ejecutivo no ha facilitado más información sobre el contenido concreto de las resoluciones, los argumentos jurídicos que expondrá en las demandas o el calendario previsto para presentarlas.
La Junta alega que los recursos residenciales no están reservados exclusivamente para menores extranjeros, sino que deben estar disponibles para cualquier niño o adolescente que necesite protección en la comunidad.
El Gobierno central ha fijado en 364 plazas la capacidad ordinaria de acogida de Extremadura, veinte más que en el cálculo anterior. La Administración regional rechaza ese baremo porque considera que se basa en una capacidad teórica y no refleja la ocupación real de los centros y pisos disponibles.
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