Elena Manzano estalla contra la financiación autonómica que busca contentar a Cataluña: "Extremadura no recibirá ni un céntimo de los 21.000 millones"

Extremadura no recibiría ni un céntimo de los 21.000 millones de euros adicionales incluidos en la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica. Así lo ha denunciado este miércoles la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, quien sostiene que el planteamiento del Gobierno busca "contentar" a Cataluña mientras congela los recursos destinados a la comunidad extremeña.

"Cero euros para Extremadura". Con esa frase ha resumido Manzano las consecuencias que, según los cálculos de la Junta, tendría la nueva fórmula para la región. La consejera ha atendido a los medios en el patio interior de la Asamblea de Extremadura, coincidiendo con el pleno de los Presupuestos autonómicos y después del aplazamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera hasta el próximo 4 de septiembre.

Manzano ha defendido que este consejo es el órgano en el que están representados el Estado, las comunidades autónomas y las dos ciudades con estatuto de autonomía, y donde debería negociarse de forma multilateral el dinero necesario para sufragar la sanidad, la educación, los servicios sociales y el resto de prestaciones públicas.

Sin embargo, la responsable de Hacienda considera que no es eso lo que está ocurriendo. A su juicio, la propuesta presentada por el Ministerio responde a un acuerdo político con el independentismo catalán para garantizar la continuidad de Pedro Sánchez en el Gobierno.

"Lo que nos han vuelto a presentar es lo que ya conocíamos y lo que votamos en contra todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña", ha afirmado.

72 millones para no perder recursos

Según las cifras expuestas por Elena Manzano, Extremadura no obtendría recursos adicionales de los 21.000 millones anunciados y necesitaría recibir 72 millones de euros a través del denominado fondo del statu quo para evitar perder financiación respecto al modelo vigente.

La consejera ha recalcado que esos 72 millones no representarían una mejora para la comunidad. Se trataría únicamente de una compensación para que Extremadura pueda continuar percibiendo los mismos recursos que recibe actualmente.

"Nos tienen que compensar con un fondo por el que nos dan 72 millones para seguir recibiendo lo que estamos recibiendo a día de hoy", ha explicado.

Para Manzano, esta circunstancia evidencia el perjuicio que ocasionaría la propuesta: mientras el sistema incorpora miles de millones de euros nuevos, Extremadura tendría que depender de un fondo específico simplemente para no retroceder. "Extremadura congelada, Extremadura sin recursos y Extremadura sin un céntimo más", ha sentenciado.

La región perdería peso en el sistema

La consejera también ha advertido de que la participación de Extremadura en los recursos homogéneos del sistema pasaría del 2,78% actual al 2,51%.

La Junta interpreta este descenso como una pérdida de peso de la comunidad dentro del reparto nacional, pese a que el nuevo modelo se plantea en un contexto de mayor recaudación y de incremento de los recursos disponibles.

"¿Esa es la justicia y esa es la igualdad del modelo de financiación?", se ha preguntado Manzano, quien ha insistido en que Extremadura se quedaría exactamente como está, pero con una participación menor en el conjunto del sistema.

La responsable autonómica ha defendido que los ciudadanos extremeños tienen derecho a permanecer en su tierra y a disfrutar de servicios públicos de calidad en las mismas condiciones que quienes viven en cualquier otro territorio del país.

El peso de la población perjudica a Extremadura

Una de las principales objeciones de la Junta se encuentra en las variables utilizadas para calcular el coste de prestar los servicios públicos en cada comunidad.

Manzano ha criticado que la población continúe teniendo un peso próximo al 97%, mientras se reduce la importancia concedida a la superficie. En su opinión, este planteamiento perjudica especialmente a Extremadura, que cuenta con alrededor de un millón de habitantes repartidos en un territorio muy extenso.

La dispersión demográfica y las grandes distancias encarecen el mantenimiento de hospitales, colegios, consultorios, residencias, transportes e infraestructuras públicas. La consejera considera, sin embargo, que esas circunstancias no están suficientemente reconocidas en la propuesta.

"Si toda la financiación la centramos en el número de habitantes, no tenemos recursos para prestar los servicios públicos", ha advertido.

Por ello, la Junta reclama que la extensión territorial y el coste efectivo de atender a una población dispersa tengan un peso mucho mayor en el reparto. Manzano ha denunciado que el planteamiento conocido avanza precisamente en la dirección contraria y reduce la valoración de la superficie.

La consejera también ha cuestionado el aumento de la cesión de determinados impuestos, ya que considera que favorece principalmente a las comunidades con mayor riqueza y capacidad recaudatoria.

A estas críticas ha añadido la configuración de un fondo climático que, según ha explicado, beneficia al arco mediterráneo y no tiene suficientemente en cuenta los graves incendios forestales que sufre Extremadura.

Un modelo para "contentar" a Cataluña

Manzano ha elevado el tono político al vincular la propuesta de financiación con los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el independentismo catalán.

"¿Cuál es el objetivo prioritario de esta propuesta? Contentar a un territorio", ha afirmado. La consejera sostiene que el planteamiento busca reducir las diferencias de financiación por habitante sin valorar adecuadamente las necesidades de comunidades extensas y poco pobladas como Extremadura.

A su juicio, Cataluña es el territorio que obtiene mayores beneficios con el nuevo modelo, mientras que Extremadura quedaría congelada y sin recursos adicionales.

La titular de Hacienda ha señalado que la comunidad ha presentado alegaciones y aportaciones técnicas a cada documento remitido por el Ministerio, en defensa de un reparto que contemple el coste real de los servicios públicos. Sin embargo, asegura que no ha recibido respuestas. "Tenemos el silencio por respuesta. No tenemos ningún avance y no tenemos información", ha lamentado.

"Excusas, ni una"

Elena Manzano ha negado que la petición de aplazar el Consejo de Política Fiscal y Financiera responda a una voluntad de bloquear la negociación. La reunión se celebrará finalmente el 4 de septiembre. "Excusas, ni una. Lo que nosotros pedimos es información", ha respondido al ser preguntada por el cambio de fecha.

Según ha explicado, la Junta únicamente conoce los datos correspondientes a Extremadura, pero desconoce cuánto recibirán los demás territorios, cómo funcionarán determinados fondos, qué mecanismos de nivelación se aplicarán y de qué manera operará la nueva cesta de impuestos.

Manzano ha reclamado que el tiempo disponible hasta la reunión se aproveche para convocar grupos técnicos y analizar variable por variable cuánto cuesta prestar la sanidad, la educación, los servicios sociales y el resto de competencias autonómicas.

"Nosotros estamos encantados de trabajar y de sentarnos. Vamos a analizar la cesta de impuestos, cuánto se tiene que ceder y cuánto cuesta la prestación de los servicios en nuestra región", ha asegurado.

Extremadura acudirá a la reunión dispuesta a negociar, pero con una posición clara: la Junta no respaldará un modelo que reduzca el peso de la comunidad, congele sus recursos y la obligue a depender de una compensación para no perder financiación.

Manzano ha cerrado su intervención subrayando que el debate no se limita a cifras, fondos y porcentajes. Lo que está en juego, ha defendido, es la capacidad de mantener los servicios esenciales en todo el territorio. "Esto es la vida de la gente. Son los hospitales y son los colegios", ha concluido.