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Hogar y empleo

Extremadura garantiza durante cuatro años 36 plazas residenciales para personas con discapacidad intelectual

Las ayudas, dotadas con 7,8 millones, sostendrán nueve viviendas compartidas en Don Benito, Montijo y Villafranca de los Barros

Las subvenciones financiarán el proyecto ‘Mi casa, una vida en comunidad’

Las subvenciones financiarán el proyecto ‘Mi casa, una vida en comunidad’ / EPE

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Lola Luceño Barrantes

Lola Luceño Barrantes

Cáceres

La Junta de Extremadura destinará 7,8 millones de euros a mantener durante cuatro años 36 plazas residenciales para personas con discapacidad intelectual y alteraciones de conducta en Don Benito, Montijo y Villafranca de los Barros. Las plazas se distribuyen en nueve viviendas compartidas, tres en cada localidad y con capacidad para doce usuarios por municipio. El servicio ofrece una alternativa a los centros residenciales tradicionales y permite a sus beneficiarios vivir en comunidad con atención y apoyo personalizados.

La financiación cubrirá las anualidades de 2026, 2027, 2028 y 2029. El proyecto fue impulsado inicialmente por el Gobierno central, que dejó de sufragarlo en 2024, y desde entonces la Administración autonómica ha asumido con fondos propios más del 90% de su coste.

Hogar compartido

Las subvenciones se concederán directamente a las asociaciones Plena Inclusión de Don Benito, Montijo y Villafranca de los Barros para financiar el proyecto ‘Mi casa, una vida en comunidad’. Cada una de las entidades recibirá 2.609.600,35 euros para sostener doce plazas repartidas en tres viviendas. En conjunto, la financiación asciende a 7.828.801,05 euros. Estos recursos ofrecen una alternativa residencial adaptada a las necesidades de los usuarios y les permiten desarrollar su vida en viviendas compartidas sin renunciar a la atención profesional.

El modelo busca que las personas con discapacidad intelectual puedan vivir de forma segura y elegida en sus entornos habituales, con mayores niveles de autonomía personal, participación e inclusión social.

Evitar la institucionalización

La iniciativa persigue también prevenir la institucionalización de quienes, por sus necesidades de apoyo o alteraciones de conducta, presentan un mayor riesgo de tener que abandonar su entorno comunitario. La Administración autonómica considera que este sistema supone un cambio en la forma de entender los cuidados, al colocar a la persona en el centro de la atención y facilitar que pueda tomar decisiones sobre su vida cotidiana.

Ayudas al empleo

El Consejo de Gobierno de este martes también ha aprobado una convocatoria de 18 millones de euros para fomentar durante 2026 el empleo de personas con discapacidad en el mercado protegido de trabajo. Las ayudas se distribuirán en tres programas. El primero respaldará proyectos generadores de empleo; el segundo contribuirá al mantenimiento de los puestos de trabajo en los centros especiales de empleo, y el tercero financiará las unidades de apoyo encargadas del ajuste personal, social y profesional de los trabajadores.

La convocatoria pretende mejorar la estabilidad laboral, sostener las plantillas de los centros especiales de empleo y facilitar el paso de las personas con discapacidad desde el mercado protegido al empleo ordinario.

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