Ultimátum sindical a la Junta: subida salarial a los funcionarios o se convocarán movilizaciones

CCOO, CSIF y UGT han anunciado movilizaciones de los empleados públicos de la Junta de Extremadura a partir de septiembre ante la falta de avances en la negociación de la equiparación salarial. Representantes de las tres organizaciones sindicales comunicaron este viernes la decisión durante una rueda de prensa celebrada en Mérida.

Los sindicatos, integrantes de la Mesa General de Negociación de la Administración autonómica, consideran que la paciencia de la plantilla "se ha agotado". Acusan al Gobierno extremeño de mantener paralizadas las conversaciones y de someter sus reivindicaciones a un continuo "ninguneo".

El origen del conflicto se encuentra en la Mesa General celebrada el 9 de abril de 2025, cuando se acordó constituir una comisión negociadora para elaborar un nuevo acuerdo laboral y crear cinco grupos de trabajo sobre retribuciones, empleo público, condiciones laborales, conciliación y servicios sociales. Las organizaciones aseguran que esos compromisos no se han traducido en reuniones efectivas, propuestas económicas ni un calendario de negociación.

Aunque el pasado 1 de junio se volvió a plantear la creación de esa comisión y existía el compromiso de convocarla la semana siguiente, los sindicatos denuncian que, a fecha de 31 de julio, ni la comisión se había constituido ni los grupos de trabajo habían comenzado su actividad.

Una brecha superior al 20%

La principal reclamación es reducir la diferencia salarial que, según las organizaciones, existe entre los trabajadores de la Junta y los empleados públicos que desempeñan funciones similares en otras comunidades autónomas. CCOO, CSIF y UGT cifran esa brecha retributiva en más del 20% con carácter general, aunque advierten de que resulta especialmente grave en determinadas categorías y dentro de la Administración General.

Los sindicatos defienden que la equiparación debe alcanzar a los tres grandes sectores dependientes de la Junta: Administración General, Educación y Sanidad. Rechazan que las mejoras puedan aplicarse únicamente a una parte de la plantilla y reclaman que los Presupuestos autonómicos reserven una cantidad específica para corregir progresivamente las diferencias salariales.

Las organizaciones recuerdan, además, que una subida retributiva derivada de acuerdos estatales no resolvería el problema, ya que se aplicaría al conjunto de los empleados públicos de España y mantendría intacta la distancia respecto a otras regiones. Por ello, consideran imprescindible una partida presupuestaria autonómica propia destinada a la equiparación.

CCOO, CSIF y UGT denuncian que la negociación se ha ido aplazando durante los últimos meses con distintos argumentos. Primero, señalan, se justificó el retraso por el adelanto electoral y, posteriormente, por la elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026.

La aprobación de las cuentas autonómicas debería permitir ahora, sostienen, abrir una negociación real con cifras, plazos y compromisos presupuestarios. Su exigencia no se limita a una subida salarial general, sino a un acuerdo que corrija de manera gradual las diferencias con otras administraciones.

Un acuerdo para tres o cuatro años

El último intento de desbloqueo tuvo lugar el 22 de julio, durante una reunión urgente con la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, y su equipo de Función Pública. En ese encuentro, los sindicatos propusieron, entre otras alternativas, firmar un acuerdo plurianual de tres o cuatro años que permitiera reducir progresivamente la brecha salarial.

Según las organizaciones, ninguna de las propuestas recibió una respuesta efectiva y la reunión fue cerrada unilateralmente por la Consejería. Ese mismo día remitieron una carta a la presidenta de la Junta, María Guardiola, para solicitar una reunión urgente, pero aseguran que todavía no han recibido contestación.

Ante la ausencia de una propuesta que consideren suficiente, los sindicatos sostienen que "ha llegado el momento" de trasladar el malestar a la calle. Las protestas comenzarán en septiembre y su intensidad dependerá de la disposición de la Junta para reactivar las conversaciones y presentar un compromiso económico concreto.

CCOO, CSIF y UGT concretarán durante los primeros días de septiembre el calendario y el tipo de acciones, sin descartar ninguna medida. Las organizaciones esperan que las movilizaciones obliguen al Ejecutivo regional a desbloquear la Mesa General y a garantizar que la equiparación salarial no vuelva a quedar aplazada.