La protección animal resiste en Extremadura sobre el voluntariado: 11.000 adopciones y 13.500 gatos esterilizados

La protección animal en Extremadura se sostiene, en gran medida, sobre el trabajo de voluntarios. Asociaciones y colectivos de toda la región denuncian que están asumiendo funciones que corresponden a las administraciones públicas, en un contexto en el que la legislación estatal ya establece claramente las obligaciones de los ayuntamientos.

La situación ha llevado a la creación de una plataforma, ProAnimalEx, que agrupa cada vez más entidades. Su origen se remonta a un caso concreto: la muerte violenta de 18 gatos en el municipio de Valverde de la Vera, que actuó como detonante para organizar a un colectivo que hasta ese momento venía trabajando de forma dispersa.

Desde entonces, las asociaciones han comenzado a coordinarse, compartir recursos y trasladar sus demandas a las instituciones. El eje de su reivindicación es claro: el cumplimiento de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, en vigor desde 2023, que regula aspectos clave como la gestión de colonias felinas, la recogida de animales abandonados o la atención veterinaria.

El Congreso aprueba la ley de Protección Animal

Sin embargo, según denuncian, la aplicación de esta normativa en Extremadura es mínima. «La ley existe, pero no se está desarrollando», señala Sara Ramiro desde la plataforma, que apunta a una falta de implementación generalizada en la mayoría delos municipios de la región.

Una ley con competencias claras para los ayuntamientos

La normativa estatal establece que las entidades locales deben asumir un papel central en la protección animal. Entre sus obligaciones figuran la recogida de animales abandonados, la existencia de centros de protección, la prestación de servicios veterinarios de urgencia disponibles las 24 horas y el desarrollo de programas de control poblacional no letal.

En el caso de los llamados gatos comunitarios, la ley exige la creación de planes de gestión que incluyan censos, esterilización e identificación. Estas medidas buscan evitar la reproducción descontrolada y mejorar la convivencia en los municipios.

Pese a ello, las asociaciones aseguran que estas competencias no se están cumpliendo de forma generalizada. En muchos casos, explican, ni siquiera existen planes municipales activos, lo que deja la gestión en manos de particulares.

Voluntariado que financia servicios públicos

Ante esta falta de actuación institucional, el trabajo recae sobre los colectivos ciudadanos. Las asociaciones están asumiendo tareas como la esterilización de animales, su atención veterinaria, el rescate de ejemplares heridos o el mantenimiento de casas de acogida.

Los datos recopilados por la propia plataforma reflejan el alcance de esta labor: más de 11.000 adopciones, más de 13.500 gatos esterilizados y miles de rescates realizados en los últimos años.

El problema, advierten, es la sostenibilidad. “Todo esto se está pagando con recursos propios”, explican. “Sin financiación pública, no es viable a largo plazo”.

Las asociaciones insisten en que no reclaman nuevas medidas, sino la aplicación de las ya existentes. La ley, recuerdan, contempla que estos servicios deben ser financiados por las administraciones, incluso cuando se desarrollan en colaboración con entidades registradas.

Un movimiento rural y organizado

La mayoría de las personas implicadas en esta red vive en entornos rurales, donde la falta de recursos municipales es más acusada. El colectivo destaca también por su diversidad profesional, con perfiles que van desde el sector sanitario hasta el agrícola o administrativo. Aunque predominan las mujeres, subrayan que el movimiento integra a personas de distintas edades y ámbitos.

La organización interna se articula principalmente a través de herramientas digitales. Una comunidad de WhatsApp permite coordinar acciones, resolver dudas legales o compartir experiencias entre municipios. Las decisiones se toman de forma horizontal y se someten a votación.

Además, la plataforma desarrolla actividades formativas. En uno de sus primeros talleres presenciales, centrado en la captura y gestión de gatos comunitarios, participaron más de 50 personas, lo que refleja, según señalan, un creciente interés social por la protección animal.

Propuestas frente a la falta de respuesta institucional

Más allá de la denuncia, el colectivo insiste en su enfoque propositivo. En las reuniones mantenidas con representantes políticos, trasladan informes, datos comparativos y modelos de gestión ya aplicados en otras provincias.

Entre sus planteamientos figuran la creación de servicios mancomunados entre municipios, la financiación de campañas de esterilización o la colaboración estable con asociaciones registradas. También han elaborado informes sobre el papel de diputaciones y otras entidades supramunicipales en el resto del país, con el objetivo de demostrar que existen modelos replicables.

Pese a ello, reconocen que el número de reuniones con administraciones ha sido limitado. Su principal reivindicación a corto plazo es abrir vías de diálogo con ayuntamientos, diputaciones y la Junta de Extremadura.

Un problema estructural con impacto social

Las asociaciones advierten de que la falta de aplicación de la ley no solo afecta al bienestar animal, sino también a la convivencia en los municipios y a la imagen de la región. El abandono, la reproducción descontrolada y la ausencia de servicios públicos generan problemas que, en la práctica, terminan resolviendo los voluntarios.

“Si dejamos de actuar, el sistema colapsa”, comenta Sara Ramiro, que insiste en que el papel de la plataforma debería ser complementario, no sustitutivo de la administración.

En un contexto de creciente sensibilidad social hacia el bienestar animal, el colectivo considera que Extremadura se enfrenta a un reto de adaptación. La normativa ya está en vigor, pero su aplicación efectiva sigue siendo, por ahora, una asignatura pendiente.