El Gobierno descarta un colapso en la acogida de menores migrantes en Extremadura y afirma que hay 257 plazas libres

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado este lunes que el sistema de acogida de menores migrantes no acompañados no se encuentra al límite en la comunidad autónoma y ha descartado que exista una situación de "colapso generalizado". Quintana ha realizado estas declaraciones después de que la Junta advirtiera de que el sistema regional de protección se encuentra "prácticamente colapsado" y señalara que no dispone de capacidad para recibir a más menores.

Según los datos manejados por el Ejecutivo central, Extremadura tutela actualmente a 107 menores migrantes no acompañados y cuenta con un total de 364 plazas dentro de su sistema de protección. "Con nuestros datos, lo que está claro es que no hay un colapso generalizado del sistema, ni mucho menos", ha afirmado el delegado del Gobierno. Quintana ha recordado que la atención y tutela de los menores corresponde a las comunidades autónomas, mientras que el Estado asume la competencia sobre las personas migrantes una vez que alcanzan la mayoría de edad.

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Presión en Canarias, Ceuta y Melilla

El delegado sí ha reconocido que existe una "presión clarísima" sobre los sistemas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla, territorios que concentran buena parte de las llegadas de menores extranjeros. Ante esta situación, ha defendido la necesidad de que las comunidades autónomas actúen con solidaridad y participen en la distribución de estos menores. Quintana ha destacado que los traslados cuentan con financiación de la Administración General del Estado.

En este sentido, ha citado los 35 millones de euros destinados por el Gobierno central a las comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, para contribuir a sufragar la atención de los menores trasladados. En el conjunto de España, según el delegado, existen alrededor de 15.000 menores tutelados por las diferentes regiones.

Críticas a la prioridad nacional

Quintana ha insistido en que, cuando se trata de menores, "la ley es absolutamente clara" y obliga a garantizar su protección "por encima de cualquier debate ideológico o partidista". "Generar alarma no resuelve los problemas, solo agrava y dificulta la gestión responsable de una cuestión tan sensible como son los menores", ha señalado.

El delegado del Gobierno también se ha referido al anuncio de la Junta de Extremadura de trabajar, dentro del marco jurídico vigente y de sus competencias, para implantar el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas. Quintana ha sostenido que este concepto "no se reconoce en la Constitución" y ha recordado que la norma fundamental establece que los derechos y las obligaciones deben aplicarse con igualdad y sin discriminación.

A su juicio, las ayudas públicas deben concederse atendiendo a criterios como la necesidad, la renta o la situación de vulnerabilidad de las personas y las familias beneficiarias. "No se puede construir una política basada en la discriminación, porque eso rompe los principios básicos del Estado de derecho", ha manifestado.

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El delegado se ha preguntado también cómo se aplicaría ese principio a ciudadanos procedentes de otras comunidades autónomas. "¿Vamos a hacer discriminaciones con las personas que sean de Andalucía o de Madrid? ¿A esos no les vamos a dar ayuda de ningún tipo?", ha planteado.

Quintana ha defendido que Extremadura ha sido tradicionalmente una región solidaria y ha considerado que mantener esa actitud forma parte de la identidad de la comunidad. "Si hay una definición de Extremadura es, precisamente, ser solidaria", ha afirmado antes de insistir en que la protección de los menores debe quedar al margen de los enfrentamientos políticos. El delegado ha vinculado el debate sobre la prioridad nacional con los planteamientos de la extrema derecha y ha criticado que determinados discursos que considera insolidarios hayan ganado presencia en el debate público.

Quintana ha realizado estas declaraciones en Badajoz, tras mantener una reunión con representantes de Aspace Badajoz, entidad dedicada a la atención de personas con parálisis cerebral, discapacidades afines y sus familias.